DEBATES. Chile entre el plebiscito y la elección de convencionales

El factor fundamental para lograr romper con esta camisa de fuerza que nos han tratado de imponer con el “Acuerdo por la Paz social y la nueva Constitución” y con las reformas constitucionales que le sucedieron, es la movilización social. habría que intentar elegir una buena cantidad de delegados y delegadas constituyentes independientes, probados a lo largo de años de lucha, verdaderamente representativos de los movimientos sociales, más algunos intelectuales orgánicos que hayan acompañado a estos movimientos, ya sea en listas independientes o utilizando cupos en listas de partidos críticos.

Sergio Grez Toso. Historiador. 01/2021. El acuerdo del 15 de noviembre de 2019 y las reformas constitucionales aprobadas a partir de diciembre de ese año, apuntan a impedir la expresión libre y soberana del poder constituyente originario. Para ello se estableció que el organismo que discutirá el proyecto de nueva Constitución (Convención Constitucional) deberá aprobar cualquier moción mediante un quórum superior a los dos tercios, además de prohibirle la discusión de determinados temas (como los tratados internacionales firmados por Chile).

Como si esto no bastara para impedir cambios fundamentales, la casta política parlamentaria fijó normas para la elección de delegados y delegadas constituyentes que favorecen a los partidos legales, dejando en mal pie a los independientes para competir por escaños en la Convención Constitucional y “otorgó” escaños reservados para representantes de los pueblos originarios, descontando dichas plazas a las inicialmente fijadas para toda la ciudadanía (exceptuando de dicha rebaja, evidentemente, a las comunas más ricas del país).

Es preciso insistir en el carácter que tendrá -de no mediar cambios de gran magnitud- la Convención Constitucional. Aunque no pocos “progresistas” han proclamado con alborozo que esta es el equivalente a una Asamblea Constituyente puesto que estará compuesta íntegramente por personas elegidas por la ciudadanía, ello no es efectivo. La Convención Constitucional no es el equivalente a una Asamblea Constituyente, no por una cuestión de nombre (aunque este también es importante) sino de contenido, porque el organismo ideado por los partidos del Acuerdo 15 de noviembre viene preformateado, con la “cancha rayada” y bien rayada.

En primer lugar, mediante el mencionado quórum de dos tercios imposible de superar en los temas verdaderamente relevantes. Para entenderlo, basta recordar la votación que se produjo en el Senado, hace un año, para definir el agua como bien de uso público. Hubo 24 votos a favor y 12 en contra. Como el quórum requerido era supra mayoritario, a pesar de que los partidarios de la reforma duplicaban a los de la mantención del status quo, se rechazó la moción. En la Convención Constitucional ocurrirá exactamente lo mismo pues seguimos prisioneros de la lógica binominal, porque le bastará al sector más conservador de la política chilena tan solo un tercio de los delegados para impedir cualquier transformación radical. De mantenerse el quórum de los dos tercios más un voto para aprobar y un tercio para bloquear, la nueva Constitución no será sino la legitimación del modelo actual. No se podrá obtener ningún cambio- a menos que los sectores más conservadores lo autoricen- como ha ocurrido durante estos treinta años.

Esta trampa fue colocada para legitimar el mismo modelo de economía y de sociedad contra el cual se han levantado los pueblos de Chile. Con paridad de género, cupos reservados para pueblos originarios y cierta participación de independientes, perfectamente se puede legitimar el actual modelo, pues no todas las mujeres, los indígenas e independientes que sean electos para la Convención Constitucional serán necesariamente progresistas consecuentes. Conviene tener presente la conformación del Parlamento actual para prever como escenario más posible una salida conservadora si no cambian las condiciones descritas.

A mayor abundamiento, precisemos que la elección de los delegados constituyentes será por listas, donde opera el “chorreo” de votos. Suponiendo que haya candidaturas que emerjan desde cabildos o asambleas territoriales, luego de juntar firmas (obligación que los partidos políticos no tienen que cumplir), tendrán que superar a aquellas listas rivales que sean sus más cercanas competidoras, a todos los candidatos y candidatas de la lista rival que suman sus votos y “chorrean” entre ellos. Recordemos que hay diputados y diputadas que fueron electos con el dos por ciento de los votos (o menos) porque fueron arrastrados por integrantes de lista más potentes. Así está programada la elección de constituyentes del 11 de abril de 2021.  Todo lo anterior sin considerar las dificultades para la inscripción de candidaturas independientes colocadas por el Servicio Electoral (SERVEL), la fragmentación existente en el seno de los movimientos sociales y las pulsiones de figuración y poder de líderes y lideresas de reciente fervor constituyente, escasamente conocidos más allá de su “nicho” de origen (el barrio o una acotada reivindicación gremial o sectorial), que expresan su “empoderamiento” político de marcado hedonismo e individualismo neoliberal mediante una defensa a ultranza de sus “identidades” e intereses de “capilla”, negándose a la articulación con movimientos y sectores que deberían ser aliados. De allí entonces, la proliferación de una cantidad inimaginable de candidaturas “progresistas” independientes que, más que amenazar a los partidarios del status quo, no hacen sino debilitar las posibilidades de representación de las fuerzas transformadoras (*).

Al momento de borronear estas líneas (mediados de enero de 2021) podemos afirmar que, a pesar de lo anterior, no todo está perdido.

El factor fundamental para lograr romper con esta camisa de fuerza que nos han tratado de imponer con el “Acuerdo por la Paz social y la nueva Constitución” y con las reformas constitucionales que le sucedieron, es la movilización social. Esta se puede romper solo si se repite una movilización ciudadana como la que tuvimos en octubre y en la primera quincena de noviembre de 2019. Con millones de personas movilizadas y una adecuada estrategia podemos destruir esta jaula de hierro.

En lo inmediato, habría que intentar elegir una buena cantidad de delegados y delegadas constituyentes independientes, probados a lo largo de años de lucha, verdaderamente representativos de los movimientos sociales, más algunos intelectuales orgánicos que hayan acompañado a estos movimientos, ya sea en listas independientes o utilizando cupos en listas de partidos críticos del Acuerdo del 15 de noviembre de 2019. El siguiente objetivo es lograr un tercio de bloqueo. Así como los sectores más conservadores pueden
hacerlo con un tercio, las fuerzas transformadoras también, pero no nos basta bloquear porque esto significa quedar en una situación similar a la que nos encontramos. Aspirar a más significa alcanzar el cincuenta por ciento más uno de los delegados y delegadas constituyentes. Con el apoyo de una gran movilización social estos delegados podrían declarar a la Convención Constitucional libre y soberana, transformándola en una verdadera Asamblea Constituyente que fije sus propias normas. Este acto de coraje y decisión política permitiría incluso la mantención del quórum de los dos tercios, restando argumentos al Partido del Orden, a condición de introducir el mecanismo del plebiscito intermedio para dirimir todos aquellos puntos (los temas más importantes y controvertidos de la nueva Constitución) en que en el seno del organismo constituyente no se pueda superar el mencionado quórum. De esta manera sería la ciudadanía quien zanje el impasse por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos (50% más 1). Este mecanismo permitiría que, en todo momento del proceso constituyente, la ciudadanía sea el titular efectivo de la soberanía y que esta no le sea birlada como lo ha sido durante toda la historia de Chile.

Si no se dan estas y otras condiciones que aún no es posible precisar, el proceso constituyente culminará en una nueva frustración de las esperanzas populares, acrecentando las posibilidades de nuevos “estallidos” de impredecibles consecuencias.

(*) El paradigma de esta fragmentación e individuación del campo de los independientes progresistas es el distrito 10 (Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja) donde se inscribieron más de 180 personas para reunir apoyos a sus candidaturas, siendo la mayoría de sus nombres absolutamente desconocidos fuera de círculos muy acotados, sin trayectorias comprobables en las luchas sociales y políticas populares o en la producción de pensamiento crítico. Nuestra visión crítica de este fenómeno no implica negar el meritorio esfuerzo desplegado en numerosos puntos del país por ciertas listas de independientes que son la expresión de un genuino deseo de cambio estructural proveniente de las bases populares.