EU: El “Colegio Electoral” y la elección indirecta del Presidente

Entidad antidemocrática, surgida como ente racista y de exclusión. No es reflejo de voluntad popular. Cierra propuestas alternativas, ajenas al duopolio demócrata-republicano.

 Fernando M. García Bielsa. Analista. La Habana. 10/2020. En Estados Unidos y pese a las apariencias, en realidad el presidente no es elegido de forma directa sino indirectamente mediante el llamado “Colegio Electoral”, entidad que es necesario conocer para poder entender el peculiar proceso eleccionario de ese país.

En cada elección presidencial, cada cuatro años, los ciudadanos aptos para ejercer el derecho al voto lo hacen por una figura política conocida y que ha hecho campaña a esos efectos. Es decir, optan por alguien de su preferencia, o por la menos mala de las ofertas que se le presentan, como va a ser este año para la mayoría de los votantes.

Pero ese voto viene a parar en realidad en la selección de un grupo de personas a quienes se la está delegando la facultad de elegir al presidente. Son los electores, integrantes del Colegio Electoral nacional donde se formaliza el resultado de la votación. Cada estado elige tantos electores como el número de senadores y representantes que envía al Congreso.

Es importante tomar en cuenta y no perder de vista que ese acto de sufragar se realiza y contabiliza por separado en cada estado.

A los efectos prácticos de hecho son cincuenta y una elecciones (en 50 estados más el distrito capital) en cada una de las cuales el ganador se lleva todos los electores o compromisarios. Es electo presidente quien alcance la mayoría de los 538 electores del país.

Este sistema excluye a los ciudadanos estadounidenses y nacionales de Puerto Rico y otros territorios bajo dominio colonial del imperio, quienes no pueden participar en las elecciones presidenciales.

La lógica del Colegio Electoral y su origen seudo-democrático

Para los Federalistas, quienes hace 230 años dieron forma y modularon el sistema político estadounidense, la representación no era un modo de establecer, sino de evitar al menos parcialmente, el ejercicio democrático. El “Colegio Electoral” se concibió como una manera de soslayar la elección por una población insuficientemente informada que consideraban sin capacidad para adoptar decisiones sabias.

También fue un compromiso con quienes proponían que el Presidente fuera nombrado por las cámaras legislativas. Algunos constituyentes deseaban evitar lo que consideraban “peligros inherentes de la democracia” y la formación de mayorías que implicaran “el predominio del populacho”.

Los constituyentes estaban obligados a equilibrar la naciente Unión Federal, todavía precaria y cuando se intentaba construir vínculos entre colonias recién liberadas, muy variadas en su composición y densidad poblacional, y en un ambiente todavía fluido y sedicioso.

En ese sentido, la intermediación mediante electores fue una manera de equilibrar a regiones diferentes. Respondía en primer lugar a la influencia de los estados sureños, más poblados si se consideraban los más de 550 mil esclavos allí subyugados y privados del derecho de ciudadanía y otros. Tales estados quedarían desfavorecidos con un sistema de cada ciudadano un voto.

La solución a la que acudieron aquellos colonos permeados de racismo no fue extender derechos sino restringirlos. A los efectos de calcular la representación de esos estados en el “Colegio Electoral”, para contentar a los esclavistas sureños y proteger la institución de la esclavitud, se determinó la fórmula de contar a los negros esclavos sobre la base de cada uno como tres quintos de una persona.

Ese cálculo favorecía a los racistas sureños. De hecho y sobre esa base, cuatro de los primeros cinco presidentes electos en el país eran propietarios de esclavos del estado de Virginia.

La elección del Presidente por medio del “Colegio Electoral” permite también otorgarle un similar peso a los estados rurales o menos poblados respecto a aquellos más populosos.

La existencia de esa entidad influye considerablemente en importantes aspectos del proceso eleccionario y contribuye a que el resultado no sea reflejo de la voluntad popular o al menos la distorsione. Además, como es ampliamente reconocido, los patrones de estabilidad del sistema son amplificados por ese órgano y por la ahora muy cuestionada regla de que el ganador en cada estado obtiene todos los cupos como electores.

De cierto modo, el “Colegio Electoral” también ayuda a encubrir la amplitud de los conflictos subyacentes en el país. El sistema se sostiene en el ámbito federal de un inmenso país, en el cual las colisiones o los ataques contra algunas de sus partes (instituciones, ideas, símbolos) no le producen gran daño a la totalidad; únicamente se forman agujeros y grietas puntuales o locales.

Los empeños reivindicativos, organizativos, o electorales de los sectores disidentes resultan muchos más difíciles que cuajen, tengan impacto o se consoliden a nivel de la federación estadounidense.

En no poca medida el “Colegio Electoral” coadyuva al rejuego y primacía del duopolio partidista y su aparente dinámica y alternancia entre la derecha y la “centro-izquierda”, tan conveniente para el mantenimiento del status quo y para la marginación de reales alternativas de poder.

Los llamados padres fundadores al redactar la Constitución insertaron precauciones diseñadas para fragmentar el poder sin democratizarlo. De ahí la separación entre los tres poderes y su débil sistema de límites y balances; la legislatura bicameral; las elecciones escalonadas con lo que trataban de diluir el impacto de los sentimientos populares y las coyunturas.

El propio “Colegio Electoral” en buena medida fue concebido y se acopla con el considerable grado de autonomía propio de los estados de la Unión. Asimismo el principio mayoritario fue estrechamente amarrado por un sistema de vetos de la minoría, que hacen menos probable la ocurrencia de acciones populares aplastantes.

James Madison, Presidente de EE.UU. (1809-1817), estadista y dueño de esclavos, decía que a la mayoría desposeída no se le debe permitir concertarse en una causa común contra el orden social establecido y que la unidad del sentimiento público también se evitaría aprovechando el ámbito extenso del país y el relativo aislamiento geográfico de sus comunidades.

Los empeños actuales en pro del voto presidencial directo

La idea de abolir el sistema de grandes electores intermediarios gana terreno al parecer entre la mayoría de los estadounidenses y, ciertamente, entre los demócratas quienes no han digerido las victorias recientes de dos republicanos cuando el voto popular ha beneficiado a sus candidatos.

Gracias al mecanismo del “Colegio Electoral”, en el 2000 George W. Bush obtuvo la Presidencia pese a que Al Gore lo aventajaba por 500 mil votos. Y en el 2016 Trump obtuvo 304 votos en ese órgano y derrotó a Hillary Clinton, quien había alcanzado unos 2,8 millones de votos más que él, pero cosechó 227 electores.  Durante el siglo XIX, en otras tres ocasiones hubo candidatos que habían obtenido menos votos que sus oponentes y que sin embargo fueron proclamados presidente.

Según expertos ese mecanismo es más vulnerable y hace mucho más fáciles y efectivas las intromisiones y el fraude para distorsionar el voto popular, y se pueden alterar resultados si se logra influir, manipular y cambiar el parecer de solo una fracción de los votantes en unos pocos estados claves.

Por otro lado, los partidarios del “Colegio Electoral” señalan que se presencia evita la realización de una segunda vuelta y reduce la posibilidad y el engorro de demandas para el recuento de votos.

En realidad, el camino para lograr un cambio hacia el sufragio universal directo en Estados Unidos aun es largo, si es que algún día se llega a dar.

Primero, requeriría aprobar con dos tercios de los votos en ambas cámaras una enmienda a la Constitución, la cual una vez lograda debería ser ratificada en un complicado proceso posterior por 38 de los 50 estados. Es algo muy improbable con un Congreso dividido como el actual, máxime cuando los cálculos de demócratas y republicanos, y los intereses de muchos estados difieren considerablemente.

Eliminar el “Colegio Electoral” casi implicaría hacer desaparecer políticamente a los estados rurales, donde hay sólidas mayorías republicanas. Estos se oponen a cualquier cambio con el argumento de que el sistema actual obliga a los candidatos a buscar votos en todo el país, no solo en las grandes ciudades.

Sin embargo, en la actualidad, las campañas presidenciales tampoco se despliegan a los largo del país, pues la elección presidencial se decide por un pequeño grupo de estados, donde la lucha entre ambos partidos es reñida o indefinida. Debido a la existencia del “Colegio Electoral”, en esos estados que oscilan hacia uno u otro partido, pero que pueden otorgar los votos electorales definitorios para obtener la mayoría requerida para ganar la Presidencia, se concentra el dinero, la propaganda y la presencia de los candidatos.

Junto a argumentar que ese hecho desvaloriza a los votantes del resto del país, los partidarios de eliminar el “Colegio Electoral” también señalan que:

• Es una entidad antidemocrática, surgida como un ente racista y de exclusión.
• Como en cada estado el ganador se lleva todos los compromisarios se produce una marcada distorsión que contribuye al resultado de una votación que no es reflejo de la voluntad popular
• Cierra el paso a posibles propuestas alternativas, o vehículos de representación política ajenos al duopolio demócrata-republicano

Por otra parte, Estados Unidos es una nación solo en el más general sentido de la palabra, pues en realidad contiene una enorme pluralidad de realidades muy distintas en el plano étnico, cultural, de costumbres y de intereses según las diferentes regiones, así como tensiones en las relaciones entre los estados y el poder federal.

Opiniones de peso de partidarios del sistema plantean que un país tan diverso y polarizado no sobreviviría a un cambio de esa naturaleza, pues potenciaría el predominio de unos pocos de los más populosos estados, y hasta podría apuntar contra la totalidad del sistema federal. Según otros ese proceso podría desatar una crisis política y llamados para una completa reelaboración de la Constitución o una convención constituyente.

La mecánica que convierte el voto popular de millones en 538 electores del Colegio Electoral

Los casi 150 millones de votos que se emiten en el país el día de las elecciones se contabilizan por separado en cada uno de los 50 estados más el Distrito de Columbia, sede de la capital del país. Es como si fueran, a los efectos del conteo de votos, cincuenta y una elecciones distintas pero simultáneas.

Cada estado, según su población, tiene asignado un número de “compromisarios” (o “electores”). Por ejemplo, hay varios estados de poca poblacion que cuentan con, o aportan, tres electores, otros aportan 15 o 27, o 55 en el caso de California, el más populoso de los estados de la Union.

Esa función de integrante del “Colegio Electoral” en representación de su estado la asumen las personas de la lista del candidato que obtiene mayoría simple en ese territorio. Son listas presentadas por cada partido a ese nivel, sean los republicanos, los demócratas u otra fuerza concurrente al proceso. Al efectuarse el escrutinio, las personas del listado del candidato ganador quedan empoderadas para representarlo y ser parte del “Colegio Electoral” nacional.

El hecho de que en cada estado el ganador se lleva todos los compromisarios produce una distorsión o separación entre el voto popular nacional respecto a su concreción en los votos obtenidos en el “Colegio Electoral”. Al lograr victorias estrechas en varios estados claves se pueden anular los grandes márgenes de su oponente en otros estados.

Eso explica en parte resultados como los de 2016 y de otras cuatro ocasiones en los últimos 200 años en las que candidatos con menos votación nacional han logrado la mayoría en el Colegio Electoral.

Además de tal distorsión, ese sistema de elección indirecta de hecho contribuye a cerrar el paso a posibles propuestas, candidaturas, o vehículos de representación política al margen de los partidos Demócrata y Republicano.

Asimismo coadyuva al rejuego y primacía del duopolio partidista y a la alternancia en el gobierno entre la derecha y la “centro-izquierda”, tan conveniente para el mantenimiento del status quo y para la marginación de reales alternativas de poder.

Aunque no es muy conocido, a lo largo del país concurren otros candidatos menores, muchos de los cuales apenas logran inscribir su candidatura en unos pocos estados, pero a los efectos prácticos gracias al sistema solo gravitan y logran presencia los candidatos nominados por los partidos demócrata y republicano.

Son estos quienes tienen el apoyo de habilidosos -y no pocas veces inescrupulosos – operativos a lo largo del país, reciben toda la atención de los medios de prensa, las grandes sumas de los potentados y, en definitiva, son los que cuentan a la hora de definir la obtención de la Presidencia.

En resumen

No se proclama un ganador de la presidencia con la suma a nivel nacional de todos los votos emitidos, sino por la suma de los compromisarios obtenidos por cada candidato a partir de los estados en que obtuvo la victoria.

La votación popular existe pero dentro de cada estado. La clave está en entender que los votos emitidos por la ciudadanía en esos territorios lo que hacen es aportar al candidato ganador a ese nivel el total de los cupos o compromisarios asignados a ese estado por el sistema del Colegio Electoral nacional.

Finalmente obtiene la Presidencia el candidato que obtenga 270 o más de esos votos electorales, es decir, sobre la mitad más uno de los integrantes de ese órgano.

En la práctica, el mismo día de las elecciones, al tomar nota sobre los estados donde va obteniendo la victoria alguno de los candidatos, y al sumar los electores correspondientes a esos estados, se ha podido saber y proclamar quién ganó la presidencia. Sin embargo este año se prevén complicaciones que podrían demorar por días esos resultados.

Las reuniones de los integrantes del “Colegio Electoral” a mediados de diciembre en sus respectivos estados para certificar el escrutinio que allí se efectuó, y su posterior legalización por el Congreso a comienzos de enero aparecen como una formalidad. Si acaso, todo ello queda como una llave de reserva para el control oligárquico del sistema.

El debate actual referido a mantener o eliminar el “Colegio Electoral” es pertinente en muchos sentidos pero, en lo que respecta a los círculos políticos y los sectores dominantes, la preocupación no es en realidad acerca de la democracia, o la fatuidad atinente al supuesto deseo de respetar la voluntad de las mayorías. Todo su trasfondo ronda en torno a la cuestión del poder, y de quienes y como se colocan ventajosamente en posiciones de control sobre la sociedad.