LA TOZUDEZ DE UN GOBIERNO EN CRISIS FRENTE AL SIMCE Y LA EVALUACIÓN DOCENTE.

El surgimiento de las pruebas estandarizadas se implementan de la mano con el sistema de municipalización en Chile iniciado en la década de los ´80 como una medida más del modelo neoliberal que han implicado insertar la competencia y la selección de escuelas como elementos reguladores, instalando una visión de educación como un bien de consumo. En este sentido se entiende la estandarización como una tecnología política que produce datos numéricos para establecer jerarquías y, desde esta perspectiva, instalar el concepto de “calidad de la educación” en base a resultados de un Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) que excluye las particularidades de proyectos educativos y más aún de accesos a recursos e infraestructura entre las escuelas; obligando a competir dentro de un sistema agresivamente segregador, puesto que el modelo educativo imperante en Chile, segmentado según clases sociales, es el más segregador a nivel internacional según lo han señalado tanto la OCDE como otros organismos Internacionales. No olvidar que los resultados del SIMCE han generado un ranking de Establecimientos Educativos sin distinción y que ha trasuntado en el cierre de escuelas públicas, debido a la creación del “semáforo educativo” que fuera entregado a las y los apoderados para la selección de establecimientos poniendo en el centro datos numéricos y omitiendo la importancia de los Proyectos Educativos Institucionales.

A raíz de esta pandemia mundial y la consiguiente crisis sanitaria generada por el COVID-19, hoy cerca de 3,6 millones de estudiantes se encuentran sin clases presenciales, limitados a una educación a distancia de trabajo remoto que, por cierto, no ha estado exento de dificultades en términos de acceso a las TIC´S desde sus hogares debido a las condiciones económicas e incluso geográficas en algunos casos, puesto que un 30%  del total de las escuelas de nuestro país son de carácter rural, a pesar de ello, se han hecho grandes esfuerzos desde cada una de las comunidades educativas en función de garantizar el derecho a la educación de cada niño, niña y joven en edad escolar a lo largo y ancho del país.

Es en este contexto que el gobierno actual de Sebastián Piñera y en específico el Ministro de Educación Raúl Figueroa Salas, en un acto insistente, tozudo y desconectado absolutamente de la realidad en educación  confirma a través de un comunicado que este año el Simce se realizará de todas maneras, señalando que “los resultados tendrán un carácter diagnóstico y no tendrán consecuencias para las escuelas”. Así mismo, en otro plano señala “muchos de los recursos que reciben las escuelas dependen de los resultados del SIMCE”, todo esto a pesar de las recomendaciones de la Mesa COVID- 19, del Colegio de Profesores y diferentes instituciones vinculadas a Educación.

Este gobierno claramente, trata de salir a flote en medio de una crisis gubernamental y de deslegitimación generada a raíz del proceso de alzamiento y rebelión popular iniciado en octubre de 2019, dando señales equivocas a cada momento; por una parte adoptan medidas de austeridad en cuanto al presupuesto nacional recortando aportes estatales en ciertas áreas y por otro lado generan un gasto millonario innecesario, puesto que la ejecución de la prueba SIMCE involucra desembolsar alrededor de 18 mil millones de pesos, dineros que deberían ser utilizados en implementos sanitarios tanto para el área de salud como en el mismo ámbito de educación. La semana recién pasada el MINEDUC envió una modificación a la ley SEP para la flexibilización del uso de estos  recursos de modo que los establecimientos educativos puedan adquirir los insumos sanitarios adecuados para la sanitización de los espacios y la seguridad de los integrantes de las comunidades educativas, sin duda y a todas luces esto no sería necesario si el gobierno tuviera una actitud más perspicaz y decidiera suspender el SIMCE y reinvertir esos recursos en insumos sanitarios tan necesarios en estos tiempos en el área de salud.

Por otra parte, el Fin a la Doble Evaluación Docente, es una de las demandas instaladas con fuerza en la lucha docente el año 2019 y que quedó pendiente; cabe señalar que hoy nos encontramos frente a un proceso de evaluación con 2 leyes paralelas, por un  lado la Ley 19.961 de Evaluación Docente, bastante criticada debido a su espíritu punitivo acrecentado a través de la ley 20.501 de equidad y calidad de la educación  y por otro la ley 20.903 Sistema de Desarrollo Profesional Docente que involucra la rendición de una prueba de conocimientos específicos que también ha sido bastante criticada por el profesorado debido a lo extenso de los temarios, el poco tiempo de preparación que poseen las y los docentes para la rendición de la prueba, la relevancia de las preguntas que comprende esta prueba para el desempeño docente y por supuesto el consiguiente agobio laboral que conlleva este proceso.

Este año el Ministerio de Educación ha instruido a los sostenedores a dar curso al proceso de Evaluación Docente 2020, a pesar de la solicitud de suspensión presentada por el Colegio de Profesores; cabe señalar que este proceso se divide en 3 áreas: elaboración de portafolio que involucra la filmación de una clase presencial, entrevista del evaluador par, desarrollo de un ensayo en torno al trabajo colaborativo con pares, además de la rendición de una prueba de conocimientos específicos; donde cada ámbito posee un porcentaje de evaluación, siendo el más alto la Clase Grabada con un 60%, proceso que inicia el mes de junio y finaliza el mes de octubre.

Es evidente que no están las condiciones para llevar a cabo este proceso este año debido a que, por una parte, las clases están suspendidas y ello implica que las y los profesores no podrán desarrollar el módulo 2 de clase grabada. En cuanto a lo que compete a los módulos 1 y 3, las y los docentes que les corresponde desarrollar este proceso hoy se encuentran realizando un trabajo remoto de educación a distancia lidiando entre la conexión con sus estudiantes, las labores del hogar, atención a su familia y respondiendo a los deberes administrativos que comprenden desde reuniones virtuales hasta elaboración de videos explicativos, planillas e informes de seguimiento del trabajo de cada estudiante, todo esto desde sus hogares, situación extraordinaria que sin duda ha generado un nivel de stress y agobio entre el profesorado. El estatuto Docente señala que las y los docentes en su proceso de evaluación pueden utilizar 3 horas no lectivas semanales para el desarrollo de los distintos instrumentos que comprende la evaluación docente, sin embargo, en estas condiciones es bastante difícil poder regular ese tiempo de trabajo, sumado a ello es importante señalar que según un estudio los profesores en Chile actualmente están trabajando  un promedio de 2,5 horas diarias más que en un contexto normal de desarrollo laboral pedagógico.

A lo anteriormente expuesto es relevante agregar el negocio que sabemos muy bien que existe detrás de estas pruebas al alero de un modelo de mercado educativo y que por supuesto la industria no va a permitir que se suspendan los contratos ya establecidos con antelación, lo que involucra una inversión estatal de 25 Mil Millones de Pesos (18 mil millones en SIMCE y alrededor de 7 mil millones en Evaluación Docente).

Con todo, las y los profesores de Chile exigimos la Suspensión de estas 2 evaluaciones Estandarizadas -SIMCE y Evaluación Docente- debido a que no están las condiciones a nivel nacional para su desarrollo, tanto nuestros estudiantes como los docentes de Chile no queremos un elemento más que genere estrés, agobio laboral y desestabilización de la salud mental en estos tiempos de incertidumbre, además de ser 2 elementos que no hacen más que profundizar el modelo y la precarización en el sistema educativo chileno.

ANA CATALÁN GONZÁLEZ

Profesora de Educ. Tecnológica

Presidenta Consejo Gremial Liceo Técnico de Valparaíso.

Dip. Liderazgo para el Aprendizaje (FCH)

Dip. Gestión y Administración de Organizaciones Escolares (PUC-CH)

Correctora de Portafolio (UDP 2017-2018)