Las organizaciones sociales que pueden poner en jaque al gobierno de Kast
En cuanto a movilizaciones sociales y protestas se le puede abrir un problema a la próxima administración, que no estará situado en los partidos políticos, sino en las organizaciones y colectivos sociales y ciudadanos, con los cuales el próximo mandatario y sus ministras y ministros tienen nulos o escasos puentes y contactos. Hay ministerios particularmente sensibles respecto a las expresiones del mundo social y de la sociedad civil. Las carteras de Trabajo y Previsión Social, de Justicia y Derechos Humanos, Vivienda y Urbanismo, Mujer y Equidad de Género, Salud, Educación, Medio Ambiente, y las Culturas, las Artes y el Patrimonio serían las más comprometidas en conflictividades sociales y demandas de decenas de organizaciones sociales nacionales, regionales y sectoriales.
“El Siglo”. Santiago. 1/2/2026. En las últimas semanas hubo controversias y declaraciones sobre si los partidos políticos que serán oposición al gobierno de José Antonio Kast serán obstruccionistas o colaboradores, si le pondrán vallas en el camino, y se llegó a responsabilizar al Partido Comunista de pretender, supuestamente, mover al mundo social y popular “para desestabilizar al gobierno de Kast”.
Todo en una teórica línea de que los partidos políticos serían los responsables o motivadores de las movilizaciones sociales y de las protestas ante las políticas públicas y medidas que tome el próximo gobierno que asumirá el 11 de marzo.
Llama la atención que haya nulas o pocas referencias a quienes realmente constituyen el movimiento social -no los partidos-, nulas o pocas referencias a gravitantes organizaciones del mundo social y de la sociedad civil y que serían, en definitiva, las que lleguen a convocar a manifestaciones, protestas, marchas, actos, en oposición a la administración de Kast según vaya tomando decisiones que afectan a sectores del mundo social y popular.
Por cierto, organizaciones que ya tienen los ojos puestos en lo que serán las medidas y gestiones de varios ministerios, muy ligados a temas sociales, sindicales, feministas, educacionales, de derechos humanos, etcétera.
Con el dato no menor de que prácticamente ningún ministro, ni ninguna ministra, ni menos José Antonio Kast, tienen puentes ni contactos con la inmensa mayoría de las organizaciones sociales del país.
En definitiva, en cuanto a expresión del movimiento social se le abre un enorme problema a la próxima administración, que es de extrema derecha, que no está situado en los partidos políticos, sino en las organizaciones y colectivos sociales y ciudadanos.
El mapeo del mundo social organizado
En Chile aparecen registradas más de 400 organizaciones sociales, civiles, sindicales y de otro tipo. Pero activas estarían unas 200. La mayoría de carácter nacional. Muchas , constituidas en federaciones, centrales, agrupaciones, colectivos, sindicatos, y que se encuentran mayormente instaladas en las regiones Metropolitana, del Biobío, Valparaíso y La Araucanía.
Entre las organizaciones que gravitan permanentemente están la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) junto a varias federaciones de universidades a lo largo del país, la Coordinadora Feminista 8M, las agrupaciones de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, colectivos del mundo de la cultura, la Coordinadora No+AFP, varias organizaciones poblacionales como Ukamau, sindicatos del gremio de Salud, diversos Colegios Profesionales con capacidad de incidencia como el de Profesoras y Profesores y Enfermeras, asociaciones de trabajadores y funcionarios de universidades en todo el país, sindicatos de portuarios, pescadores artesanales, colectivos medioambientalistas, sindicatos de grandes tiendas, federaciones de la minería, organizaciones indígenas, entre muchas otras.
Estado de alerta y movilizaciones esperables
La mayoría de esas instancias sociales y sindicales está en estado de alerta frente a la llegada del próximo gobierno y están en disposición de desplegarse si constatan retrocesos en derechos sociales, medidas autoritarias y que afecten condiciones laborales, de derechos estudiantiles y de las mujeres, si persisten los problemas con el déficit de viviendas, entre otras materias.
Por cierto, hay varias demandas sociales abiertas, son diversas y abarcan todo el país, incluidas las regiones donde hay colectivos organizados de gente de distintas zonas y comunas del país con sus necesidades y objetivos específicos.
Hay ministerios particularmente sensibles respecto a las expresiones del mundo social y de la sociedad civil. Las carteras de Trabajo y Previsión Social, de Justicia y Derechos Humanos, Vivienda y Urbanismo, Mujer y Equidad de Género, Salud, Educación, Medio Ambiente, y las Culturas, las Artes y el Patrimonio serían las más comprometidas en conflictividades sociales y demandas de decenas de organizaciones sociales nacionales, regionales y sectoriales.
Quizá la primera prueba de fuego se produzca en el primer trimestre del gobierno de Kast, donde se realizará la marcha feminista del 8 de marzo, la concentración de trabajadoras y trabajadores por el Primero de Mayo, se instalarán temas como las condiciones laborales de las y los empleados fiscales, de los sin casa principalmente en campamentos y se presentará hitos en derechos humanos.
En ese panorama hay un factor que está latente y preocupa en el mundo social. Los niveles de represión que puedan surgir frente a movilizaciones y protestas y que estarían dirigidas y monitoreadas por los ministerios de Seguridad Pública e Interior, teniendo en cuenta las declaraciones de distintos personeros del futuro gobierno y de partidos de derecha y extrema derecha en tono de criminalización y hostilidad hacia las expresiones sociales y ciudadanas.
Hay situaciones que van más allá de efemérides y programadas manifestaciones como, por ejemplo, lo que vendrá con la negociación ramal, el proyecto de aborto legal, la situación de la legislación previsional, la gratuidad en educación, la situación del ingreso mínimo y el alza en el costo de la vida, la continuidad o no del Plan Nacional de Búsqueda de más de mil detenidos desaparecidos, y las expectativas abiertas de baja de la delincuencia, mayor seguridad en las zonas populares y barrios, mejoras en la atención de salud y las condiciones de las y los trabajadores de ese sector.
Conociendo sus perfiles ultraconservadores, incluso política y comunicacionalmente agresivos, y su casi nulo puente con las organizaciones sociales, sindicales y civiles de sus respectivos sectores, es una interrogante cómo manejarán los conflictos sociales y las manifestaciones ministras y ministros como Iván Poduje, Fernando Rabat, May Chomalí, María Paz Arzola, Tomás Rau, Judith Marín y Francisco Undurraga.
Por lo demás, a muchas y muchos de ellos se les ve un perfil más bien técnico, de baja intensidad política, algo esencial para asumir los temas y expresiones del mundo social organizado. También muy vinculados a las grandes empresas y consorcios financieros, a sectores ultrareligiosos, a centros de pensamiento de extrema derecha, todo lo cual convierte a esas y esos funcionarios en interlocutores no muy válidos de entrada para abordar temas de reivindicaciones laborales, de derechos humanos, feministas, estudiantiles, de pobladores e indígenas, entre otros.
En miradas elitistas de la política y de formatos funcionales, este es todo un tema que parece postergado, dejado a una segunda o tercera fila de la gestión de gobierno y en el teatro nacional, pero que puede llegar a tener altos y sonados alcances.
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