“Más que avizorar tragedias hay que defender lo que hemos logrado”: Nelson Caucoto
Para el reconocido abogado en derechos humanos la gran tarea de la sociedad civil y de las organizaciones de DDHH en Chile durante el próximo gobierno de extrema derecha es “defender a ultranza” los avances conseguidos como país, entre ellos la jurisprudencia en la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidas y Detenidos Desaparecidos y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. En entrevista con El Siglo, Nelson Caucoto destacó que “somos el único país que sigue haciendo justicia después de 50 años”. Sin embargo, reconoció que hay “una impunidad notoria” en los casos del estallido social e indicó que hay que hacer un esfuerzo por derogar la Ley Naín-Retamal porque es una norma que entrega un privilegio exacerbado a las fuerzas policiales e instala un relato que criminaliza la protesta social. “Lo que pasó con Gustavo Gatica no puede volver a ocurrir”, advirtió. Respecto de la detención realizada en Estados Unidos del exagente de la DINA, Armando Fernández Larios, Caucoto señaló que es más probable que lo expulsen o deporten, a que lo extraditen.
Úrsula Fuentes Rivera. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 1/2/2026. ¿Cuáles son los principales desafíos que se deben asumir en materia de Derechos Humanos con la llegada de José Antonio Kast a La Moneda?
No se puede desconsiderar los temores que se nos plantean con respecto al futuro gobierno, que estará encabezado por un presidente electo marcadamente pinochetista, como lo son también otros miembros de su gabinete, entre ellos los abogados Fernando Barros, que asumirá como ministro de Defensa, y Fernando Rabat, como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Ambos defendieron a Augusto Pinochet durante su arresto en Londres y en otras causas, y son personas que tienen un pensamiento refractario en torno a los Derechos Humanos, no proclive a la defensa, promoción y respeto de éstos en la forma en que lo entendemos nosotros, frente a lo que ocurrió en la dictadura. En ese contexto, más que avizorar tragedias hay que defender lo que hemos logrado. La gran tarea del mundo de los Derechos Humanos es defender a ultranza lo que se ha conseguido, porque habiendo transcurrido 52 años desde el golpe militar hasta ahora, después de haber vivido casi 30 años una impunidad absoluta, en los últimos 20 años sí se ha logrado avanzar de manera sostenida e importante a nivel judicial en DDHH y eso es lo que hay que consolidar. En Chile estamos frente a una judicatura (magistratura), fundamentalmente en la Segunda Sala de la Corte Suprema (o Sala Penal) que incorporó hace 20 años el Derecho Internacional y esa ha sido la herramienta con la cual la justicia chilena ha logrado resolver este nudo histórico que son las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura. Con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Corte Suprema se han vencido todos los obstáculos habidos y por haber en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, entre ellos la amnistía, la incompetencia del tribunal en que las causas se llevan a la justicia militar, la prescripción, la cosa juzgada, la obediencia debida (eximir a un subordinado de culpa al cumplir órdenes ilícitas de un superior jerárquico) y cualquier otra causal que eximiera de responsabilidad a los autores de estos graves crímenes. Todos esos obstáculos se han derruido por parte de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, permitiendo la condena de los culpables. Es por eso que estamos en la tarea inevitable de defender lo que hemos logrado y de defender a ultranza la jurisprudencia de la Segunda Sala, porque es la que ha permitido hacer justicia en muchas causas de DDHH. En Chile todas las semanas la Corte Suprema dicta sentencias y no son sentencias absolutorias, sino sentencias condenatorias con pena de cárcel. El año 2023 dictó 99 sentencias condenatorias, el 2024 dictó 65 y el 2025 dictó 7 y la señal que ha dado el Poder Judicial a través Segunda Sala Penal de la Corte Suprema es realmente alentadora y es lo que ha permitido que tengamos cerca de 400 personas privadas de libertad cumpliendo condenas en Colina, en lo que era Punta Peuco y que hoy en día se conoce como Centro penitenciario Tiltil. Yo creo que somos el único país que sigue haciendo justicia después de 50 años y eso es tremendamente valioso y ha ocurrido gracias a la incorporación del Derecho Internacional en la jurisprudencia de la Sala Penal. Por eso durante el próximo gobierno hay que defender la jurisprudencia, porque hay una gran falencia y es que quedan cerca de cinco cupos en la Corte Suprema que no se alcanzaron a designar en el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric y frente a aquello hay que estar alerta, porque sería muy fácil que los ministros sean designados en una quina propuesta por la Corte Suprema, y si en esa quina va a alguien que sea progresista en el área de Derechos Humanos, ¿tiene alguna posibilidad de que el presidente Kast lo escoja? Yo creo que tiene todas las de perder y que finalmente se elegiría al ministro más duro contra los Derechos Humanos que vaya en la lista. Luego esa persona pasaría al Senado y la composición del Senado aseguraría que lo que diga Kast se haga. Y ahí tenemos una lucha media perdida, que nos puede provocar una revolución en contra de la jurisprudencia presentada por la Sala Penal en estos últimos 20 años. Ojalá en la designación de los ministros que llenarán los cupos de la Corte Suprema siga imperando el criterio del binominal, con el que se nombra a un ministro de un lado y a otro del otro lado. También hay que defender el programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, porque es el principal órgano persecutor en contra de los violadores de Derechos Humanos, que representa al Estado de Chile en los tribunales y que presta apoyo legal a familiares de víctimas de ejecución política y desaparición forzada. Hay que estar alerta para que no lo debiliten y no despidan gente. Lo otro que hay que proteger con determinación es el Plan Nacional de Búsqueda de los más de 1.100 detenidas y detenidos desaparecidos en Chile. Han transcurrido 52 años y todavía tenemos esa cicatriz abierta. Bajo el Gobierno del Presidente Boric las labores para encontrarlos son parte de un plan de carácter estatal, destinado a que la búsqueda no recaiga sólo sobre los hombros de los familiares de las víctimas, sino que el Estado se haga parte de ella, comprometiéndose a encontrarlos y saber qué pasó con ellos. Del mismo modo hay que estar vigilantes respecto de cómo se llevará a cabo la política de indultos particulares. El Presidente de la República, a través del Ministerio de Justicia, tiene la facultad de perdonar la condena a ciertas personas indultándolas, ya sea parcial o totalmente. De manera que hay que estar atentos y atentas para que este ministerio no indulte a gente que no corresponde, como sucedió durante el gobierno de Sebastián Piñera, cuyo ministro de Justicia indultó sin mayor transparencia. También hay que estar pendiente de la tramitación en el Senado del proyecto de ley que permitiría liberar a los condenados por violaciones a los Derechos Humanos, mayores de 70 años de edad o que tengan enfermedades. Desde los DDHH no estamos dispuestos a que permanezca en la cárcel alguien que está con un Alzheimer declarado y comprobado clínicamente, porque una persona que no sabe dónde está no vale la pena que esté en la cárcel, es mejor que esté junto con su familia. Pero aquí se han pasado de listos muchos de estos sujetos porque han tratado de engañar a los tribunales, simulando enfermedades mentales. Ya lo trató de hacer Pinochet en su tiempo con una enfermedad que no tenía. Tenemos una seria deficiencia en nuestro sistema de salud, porque en el Servicio Médico Legal no existen los médicos suficientes para detectar enfermedades mentales. Además de psiquiatras se necesitan neurólogos, médicos forenses, fisiatras, terapeutas y neuropsicólogos clínicos, que en conjunto y mediante la realización de exámenes sean capaces de detectar si una persona está efectivamente enferma. Además, ¿qué preocupación tienen hoy día de dejar libres a las personas que tengan más de 70 años? Una persona por tener esa edad no se encuentra discapacitada, recordemos que el mundo entero sabe que el juez que tiene en sus manos a Nicolás Maduro en Washington es un juez que tiene 92 años y aquí están diciendo que a los 70 tienen que irse a sus casas los peores criminales que haya existido en la historia nacional. Eso es un abuso inaceptable.
¿Demandar la revisión de la Ley Naín-Retamal también debería ser parte de los desafíos que la sociedad civil y las organizaciones de DDHH debieran asumir durante el próximo Gobierno?, dado que José Antonio Kast se ha mostrado admirador de medidas excesivamente punitivas, como las impuestas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Tenemos que hacer un esfuerzo por derogar la Ley Naín Retamal que introduce el concepto de “legítima defensa privilegiada” de Carabineros, PDI y Gendarmería, porque es una norma que entrega un privilegio exacerbado a las fuerzas policiales e instala un relato que criminaliza la protesta social. Lo que pasó con Gustavo Gatica no puede volver a ocurrir y esa sentencia tiene que ser indudablemente modificada, porque no puede ser que se haya establecido que se cometió un delito, pero que no hay culpable porque el culpable se dice que actuó lícitamente, en circunstancia que disparó directo a los ojos a Gustavo. Éste es un tema que debería llamarnos a mayor reflexión porque cerca de 460 personas fueron atacadas en sus globos oculares durante el estallido social. Ni siquiera en los 17 años de dictadura tuvimos esa cantidad de personas dañadas en sus ojos. Tampoco existe esa cantidad de lesionados oculares en la guerra del Medio Oriente ni en el conflicto de Centroamérica. La policía estaba usando como armas ofensivas armas que son disuasivas. ¿Qué tiene que hacer una bomba lacrimógena estallando el rostro de una persona si las bombas lacrimógenas tienen que lanzarse al aire y no al cuerpo de las personas? Las armas con las que agredieron a la senadora Fabiola Campillay, a Gustavo Gatica y a 400 personas más, no son armas que estén contempladas para ser disparadas al cuerpo de la víctima, entonces hay un mal uso de ellas y una grave violación a su propio reglamento y eso no puede suceder, porque es abuso de lo que se llama la legítima defensa privilegiada. También hay una cierta debilidad del Ministerio Público en no distinguir entre lo que es la violación de Derechos Humanos y un delito común y corriente. Se trata de la misma manera a los delincuentes, en circunstancias que son delincuentes distintos. Uno es un agente del Estado que está sumido en un marco de obligaciones mayores que la de un ciudadano particular. Y eso no lo toma en cuenta la fiscalía. Normalmente no le da importancia a lo que es la vulneración de los Derechos Humanos fundamentales o a las garantías constitucionales que son avasalladas muchas veces por la fuerza pública.
El exoficial del Ejército y exagente de la DINA, Armando Fernández Larios, quien está vinculado a causas judiciales de la dictadura civil-militar, como el homicidio del excanciller Orlando Letelier, la Caravana de la Muerte y el caso Pisagua, figura en la lista de detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. ¿Ahora es más probable que Fernández Larios sea extraditado a Chile?
Con Estados Unidos le tengo más fe a las deportaciones y expulsiones que a las extradiciones, que a diferencia de las dos primeras, no corresponden actos migratorios o administrativos, sino a una decisión judicial en base a tratados internacionales. No me recuerdo que se haya extraditado a alguien por el tema de Derechos Humanos desde Estados Unidos a Chile. En tres o cuatro juicios ya se ha pedido la extradición de Fernández Larios y no se ha cumplido simplemente, en circunstancia que la extradición es una herramienta de carácter internacional, de lucha contra la impunidad. Los estados han celebrado convenios y acuerdos al respecto, pero en el fondo no se cumplen. De hecho, tenemos un gran problema en Australia con Adriana Rivas (alias “La Chany”, la exagente de la DINA y exsecretaria de Manuel “Mamo” Contreras). Llevamos años tratando de buscar que se le extradite desde Australia. Se han cumplido todos los requisitos y no pasa nada. En el caso de Estados Unidos, ojalá que Fernández Larios sea expulsado y deportado a Chile, para que venga a responder por los crímenes que tiene pendiente en nuestro país. Aquí lo esperan varios juicios y varios procesos que se van a abrir respecto de su persona.
Ha habido voces negacionistas respecto del Plan de Búsqueda, entre ellas Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, que han señalado que el plan de búsqueda es venganza o estafa. En ese escenario negacionista, ¿cómo le explicaría a la ciudadanía, a los chilenos de a pie, la importancia moral y jurídica del Plan Nacional de Búsqueda de detenidas y detenidos desaparecidos?
Uno de los grandes fenómenos que tenemos en Chile es el negacionismo. El resurgimiento de la ultraderecha en el mundo entero con el señor Trump que desprecia el Derecho Internacional y que tiene muchos seguidores en nuestro continente, nos genera un problema muy serio en Chile y en ese contexto creo que hemos perdido la batalla de las ideas. Hemos tenido una derrota cultural enorme, se ha deteriorado la valoración de la democracia y de los Derechos Humanos. Uno ve encuestas que dicen que a la gente poco le importa tener un gobierno autoritario y perder alguno de sus derechos individuales. Eso es terrible y en este descrédito han aportado los medios de comunicación. Me duele ver que sean los jóvenes -según las encuestas- los grandes suscriptores de estas corrientes que niegan la democracia y los DDHH, y que consideren que Pinochet es un gran estadista, el más importante que ha habido en la República, o que piensen que Bukele es la gran solución, porque Bukele es un gran violador de los Derechos Humanos. Ante esto uno trata de buscar explicaciones, como que los jóvenes de hoy no vivieron en dictadura, por lo que no tienen la carga emotiva de lo que significó ese espacio de tiempo atroz en Chile. También hemos fallado como sociedad en reforzar la memoria histórica. En 2019 una reforma curricular puso fin a la enseñanza obligatoria de Historia en los niveles de III y IV año de enseñanza Media, con la justificación que se reemplazaba por Educación Ciudadana. Si un pueblo no conoce su historia, ni la obra atroz de la dictadura estamos en el peor de los mundos. Creo también que perdimos la batalla cultural por no hacerle caso al informe Rettig, que señalaba claramente que había que incorporar la enseñanza de los Derechos Humanos desde la educación parvularia hasta la educación superior, incluyendo la enseñanza de los DDHH en el corazón de la represión, que son las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Uno no vive en el pasado para quedar pegado, ni vive en el marco de la venganza, sino que hay crímenes que se cometieron y que necesitan justicia. Tenemos que aprender del pasado para tener una sociedad mejor. Además, no hay nada más importante en un país que los Derechos Humanos, porque nos entregan bases mínimas de convivencia entre las personas, en el marco del respeto y la dignidad, y en el que nos reconocemos todos como hijos de una misma especie y de una misma patria.
Este primero de enero se cumplieron 50 años de la creación de la Vicaría de la Solidaridad. ¿Se le ha rendido un homenaje como se debería a esta organización que salvó tantas vidas?
La obra de la Vicaría fue gigantesca, porque no sólo estuvo presentando recursos de amparos y denuncias en los tribunales, sino que también estaba en las poblaciones con la campaña del “comprando juntos” para que la gente reuniera los pocos fondos que tenía y comprar mercadería por mayor, o estaba trabajando en las ollas comunes, organizando al mundo de los trabajadores y del campesinado, y trabajando con la gente sin casa. Su obra no ha sido reconocida en toda su dimensión. Me alegró que hace un par de semanas el presidente Boric haya realizado en La Moneda un acto de homenaje a la Vicaría de la Solidaridad, porque se merece eso y mucho más, por las vidas que salvó, por las torturas de que libró a mucha gente, por el refugio que entregó a los perseguidos y por esto de hacer algo por el prójimo sin importar su militancia política, pese a ser una institución creada bajo el alero de la iglesia católica. Más encima la Vicaría se adelantó a los tiempos. En esa época en que había tanta represión y muerte, la vicaría estaba preocupada de hacer fichas antropomórficas de la persona que desapareció, de cuánto medía, cuánto pesaba, cómo era su dentadura, qué fracturas tenía, porque ya se estaba adelantando a que algún día se iba a encontrar con el tema de ir a reconocer restos óseos. De manera que los mayores y mejores archivos que existen en América Latina acerca de la represión en Chile son de la Vicaría. Me alegro de haber pasado por ahí, de haber estado desde su fundación hasta su término y haber servido a tantas y tantos chilenos que fueron atropellados por la dictadura. Por eso creo que todavía falta que homenajear a la Vicaría como se merece, porque aún es muy nueva su historia, han pasado 50 años y para la historia 50 años es nada casi.
En el contexto actual y en caso de que en Chile se volviese a períodos represivos, ¿ve posible la creación de una entidad que tenga la mística y ejerza un rol similar al que tuvo en el pasado la Vicaría de la Solidaridad?
Los tiempos son muy distintos, sin embargo, la historia va evolucionando para bien muchas veces, y en el caso de Chile yo creo que estamos mejor preparados para defendernos jurídicamente frente a cualquier intento golpista o de dictadura, porque la gente sabe que pese al paso del tiempo hay delitos que son imprescriptibles, que van a ser perseguidos donde sea que se hayan cometido y cualquiera sea el tiempo en que se haya realizado. Eso es un tremendo legado del mundo de los DDHH a la sociedad chilena. Otra gran diferencia que hay es que en el tiempo de la Vicaría teníamos tremendos abogados que fueron nuestros maestros, como José Zalaquett, Roberto Garretón y Hernán Montealegre, pero que en un principio no tenían conocimientos profundos en materia de Derechos Humanos. Hoy en día se han formado verdaderas legiones de jóvenes abogados expertos en Derechos Humanos. Me causó una hermosa lección de optimismo cuando tuve a mi cargo la Oficina de DDHH en la Corporación de Asistencia Judicial y pedimos que vinieran jóvenes egresados de Derecho a hacer la práctica. Nos llenamos de postulantes. Yo no tenía idea que a los jóvenes universitarios les interesara tanto el tema de los Derechos Humanos. Fue una tremenda alegría recibir a cientos de jóvenes que pasaron por nuestras oficinas y que se formaron en DDHH, y que además muchos de ellos todavía siguen estudiando Derechos Humanos en universidades extranjeras, son profesores de DDHH o están asesorando a organizaciones afines. Sin embargo, no creo que la Vicaría vaya a volver porque los obispos ya no son los mismos, el episcopado no es el mismo, ya no tiene la profunda preocupación por los Derechos Humanos que manifestaba antes. Además, la juventud en general no es la misma, ahora la juventud está más bien descreída y alejada de la política y de los trabajos voluntarios. Antes había elementos más movilizadores que los que existen hoy en día, donde el mercado parece haberlo ocupado todo. El mall se transformó en el centro de reunión y de junta de los jóvenes, y la educación pública ha decrecido grandemente en cuanto a recursos y a calidad también. Ese es otro tema súper preocupante por la tremenda desigualdad que genera en cuanto a las oportunidades. Actualmente estamos en un cerco comunicacional, en el que los medios están al servicio de la clase dirigente de la elite, le pertenecen a ella y tienen un papel principal respecto del negacionismo. En 1978 ocurrió en Chile un hecho que inundó todos los hogares a través de su difusión por la radio, la televisión o por los medios de prensa escritos, y que fue el descubrimiento de los cuerpos de detenidos desaparecidos en los hornos de Lonquén. Yo diría que este caso fue uno de los más publicitados de la historia de Chile. Y hace unos 7 años atrás, el 2018, sacamos el fallo de Lonquén, en el que salieron condenados los carabineros involucrados. Se abrió la fosa común, se sacaron los cuerpos, se identificaron y luego fueron entregados. Se hizo la ceremonia fúnebre honrando a estas personas que fueron asesinadas vilmente. Y eso no salió en ningún lado, porque actualmente estamos en un cerco comunicacional y negacionista. Hace un par de años también logramos condenas para 36 agentes del Estado por el caso de la Operación Cóndor y otras 38 por el caso de los 5 jóvenes comunistas que fueron hechos desaparecer en 1987. Esto hubiese sido noticia en cualquier parte del mundo civilizado por tratarse de crímenes de lesa humanidad, pero aquí nadie supo y no salió publicado en ninguna parte, salvo en los diarios electrónicos, a los que saludo porque vienen a paliar una parte de la desinformación y con ello a resistir el negacionismo. ¿Sabe la gente que hay cerca de 400 agentes del Estado que están cumpliendo condenas dictadas por los tribunales chilenos y que no hay más porque se han muerto 457 agentes que ya habían sido condenados, procesados o acusados? Las personas no se enteran que se ha hecho justicia porque las sentencias no son informadas por los medios. Donde sí hay una impunidad notoria es en los casos del estallido social. No puede ser que de 3.500 querellas, solo exista 1,9 por ciento de resoluciones con sentencia, o sea, la nada misma. La gente víctima de la voladura de sus ojos no ha tenido justicia.
Respecto del Poder Judicial, ¿el envío de la ex jueza Ángela Vivanco a prisión preventiva y la eventual formalización de la ex magistrada Verónica Zavak contribuirán a mejorar la credibilidad del Poder Judicial, que se ha visto enlodado en los últimos años por casos de corrupción?
Todo eso es lamentable y ha impedido que se reconozca el trabajo en Derechos Humanos de la Sala Penal, pero todo lo que sea corrupción hay que combatirlo, sea en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, porque la corrupción es una desviación y perversión del manejo del poder. Hoy nos estamos dando cuenta de que esta corrupción atraviesa las Fuerzas Armadas y todas las instituciones sin parar, por lo que estamos en una lucha gigantesca que también la está dando el Poder Judicial. Yo tengo una buena opinión de la justicia chilena. La gente se queda simplemente en el lado oscuro, en el lado de lo corrupto y no se va al lado de otros ministros que están lavándole la cara del Poder Judicial, especialmente en el tratamiento judicial de las causas vinculadas a la violación de Derechos Humanos en la dictadura.
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