Fernández Larios y la canallada histórica: cuando El Mercurio falsea la memoria para proteger a los verdugos

Una operación de encubrimiento simbólico que vuelve a poner en evidencia el rol que ese diario -órgano histórico de la oligarquía chilena- ha jugado durante décadas: relativizar los crímenes de la dictadura.

Paul Walder. Periodista. “Clarín”. Santiago. 29/1/2026. La reciente publicación de El Mercurio sobre Armando Fernández Larios no es un error periodístico menor ni una imprecisión anecdótica. Es una falsificación deliberada de la historia. Una operación de encubrimiento simbólico que vuelve a poner en evidencia el rol que ese diario -órgano histórico de la oligarquía chilena- ha jugado durante décadas: relativizar los crímenes de la dictadura, confundir responsabilidades y erosionar la memoria colectiva.

El reportaje publicado el 28 de enero de 2026 afirma, sin matices, que tras el asesinato del excanciller Orlando Letelier en Washington, Fernández Larios “huyó de Chile protegido por la Vicaría, la Nunciatura, la diplomacia norteamericana y un sector del Ejército adversario del general Manuel Contreras”. La frase es categórica. Y es falsa.

No se trata de una interpretación discutible ni de una versión alternativa. Es una mentira histórica que invierte los hechos, daña gravemente la memoria de las víctimas y mancha deliberadamente el nombre de una de las instituciones más relevantes en la defensa de los derechos humanos durante la dictadura: la Vicaría de la Solidaridad.

El asesino y su prontuario

Armando Fernández Larios fue oficial del Ejército e integrante activo de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el principal aparato represivo del régimen de Augusto Pinochet. Su nombre está ligado a algunos de los crímenes más brutales del terrorismo de Estado chileno: la Caravana de la Muerte, el Caso Pisagua y, de manera directa, el asesinato de Orlando Letelier y de su secretaria Ronni Moffitt, cometido en 1976 en pleno centro de Washington.

Ese crimen no solo fue un homicidio político: fue un acto de terrorismo internacional, ejecutado con apoyo logístico del Estado chileno, que dejó al descubierto la proyección transnacional de la represión pinochetista. Fernández Larios fue parte de esa operación. No como espectador, no como engranaje menor, sino como agente activo.

Hoy, casi cincuenta años después, Fernández Larios se encuentra detenido en Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), incluido en el registro de extranjeros con antecedentes graves bajo la categoría “lo peor de lo peor”. Su detención reabre la posibilidad de una extradición a Chile, solicitada formalmente por la justicia chilena desde hace años y declarada procedente por la Corte Suprema en 2017, en el marco del Caso Pisagua.

La Vicaría: lo opuesto al encubrimiento

Atribuir a la Vicaría de la Solidaridad la protección de un agente de la DINA es una inversión moral de la historia. La Vicaría no fue refugio de verdugos. Fue refugio de víctimas.

Creada por la Iglesia Católica en plena dictadura, la Vicaría documentó miles de casos de detención ilegal, tortura, desaparición forzada y asesinato. Presentó recursos judiciales cuando los tribunales estaban cerrados a la verdad. Acompañó a familiares de detenidos desaparecidos cuando hacerlo implicaba persecución, amenazas y riesgo real de muerte.

Su archivo -uno de los más completos sobre violaciones a los derechos humanos en América Latina- fue clave para reconstruir la verdad judicial décadas después. Gracias a ese trabajo se pudo identificar a agentes, establecer patrones represivos y avanzar, aunque tardíamente, en condenas.

Decir que la Vicaría “protegió” a Fernández Larios no es solo falso: es una ofensa ética. Es colocar en el mismo plano a quienes defendieron la vida y a quienes la destruyeron. Es borrar la diferencia entre víctimas y victimarios.

El Mercurio y la vieja operación

Nada de esto es casual. El Mercurio fue un actor político central en el golpe de Estado de 1973. Avaló la dictadura, justificó la represión y negó sistemáticamente las violaciones a los derechos humanos. Décadas después, su rol no ha cambiado sustancialmente: sigue operando como un dispositivo de legitimación del poder, ahora en el terreno de la memoria.

La estrategia es conocida: relativizar, sembrar dudas, distribuir culpas, diluir responsabilidades. En este caso, el método es aún más perverso: arrastrar a una institución de derechos humanos al lodazal del encubrimiento para aliviar simbólicamente la carga criminal del agente de la DINA.

No es periodismo. Es propaganda retrospectiva.

La disputa por la memoria

La detención de Fernández Larios en Estados Unidos ocurre en un momento político delicado, con el ascenso de una ultraderecha que reivindica abiertamente la herencia pinochetista y que busca reescribir el pasado para legitimar su proyecto de futuro. En ese contexto, la memoria vuelve a ser un campo de batalla.

No es casual que, mientras se reactiva la posibilidad de juzgar a uno de los asesinos más notorios de la dictadura, aparezca un relato que intenta convertir a las instituciones de derechos humanos en cómplices. Es una forma de preparar el terreno: si todos fueron culpables, nadie lo fue realmente.

Pero la historia es obstinada. Los hechos están documentados. Los archivos existen. Las sentencias también.

No fue error, fue canallada

Lo publicado por El Mercurio no es una confusión ni una ligereza. Es una canallada histórica. Una falsificación consciente que busca erosionar el consenso básico sobre lo ocurrido durante la dictadura y reinstalar la idea de que la verdad es solo una versión más.

Frente a eso, no cabe la neutralidad. Defender la memoria no es un gesto simbólico: es una tarea política y ética. Porque sin verdad no hay justicia, y sin justicia no hay democracia posible.

Armando Fernández Larios no fue un perseguido. Fue un perseguidor. No fue protegido por la Vicaría. Fue denunciado, investigado y expuesto por ella.

Todo lo demás es mentira. Y toda mentira sobre el terrorismo de Estado es, siempre, una forma de complicidad.

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