Precisiones y verdades desde el sector público

Karen Palma, vicepresidenta de la CUT y de la Confederación Fenats Nacional, negó la existencia de “amarres” en puestos de trabajo como instala la derecha, y explicó que “hay que precisar que hay trabajadoras y trabajadores del Estado, y hay otro grupo que son trabajadores de un gobierno”, y recalcó: “Debemos darles estabilidad a las personas que son trabajadores del Estado, no de un gobierno”. Planteó que “estamos frente a un presidente electo que hizo amenazas directas al sector público. Dijo que los trabajadores son parásitos, denostó la función pública, y estableció un recorte presupuestario de seis mil millones de dólares donde nadie sabe qué política pública va a afectar”, entonces, “cuando hay estas amenazas y estas incertidumbres, la obligación de los sindicatos, de los dirigentes, es proteger el empleo de las trabajadoras y los trabajadores, proteger la fuente laboral”. Sobre el reajuste salarial a empleados fiscales, la dirigenta señaló que significó “la recuperación, a lo menos, del IPC. Eso, entendiendo que estamos viviendo un momento de restricción presupuestaria”. Cuestionó la denostación a la labor de las entidades estatales y apuntó que este trabajo “es subvalorado porque estamos en una situación en que el Estado es subvalorado, la gente no ve cuánto el Estado hace por ella”. Ejemplificó con el tema de los viajes con licencia médica: “Nunca se dijo que el número de casos era un número de investigación, y después ese número bajó a menos de la mitad”. Palma declaró que “ver a la presidenta de la CPC en Argentina junto al presidente electo visitando a Javier Milei, es una señal clara que vienen a gobernar los empresarios” e indicó que “hay algunas voces que dicen que el Partido Republicano querría” el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

“El Siglo”. “Radio Nuevo Mundo”. Santiago. 12/2025. Karen Palma, vicepresidenta de la  Mujer y la Equidad de Género de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y de la Confederación Fenats Nacional, abordó toda la controversia en torno del acuerdo entre la Mesa del Sector Público y el gobierno en materia de reajuste y defensa del empleo de funcionarios y funcionarias del Estado, desechando instalaciones que está haciendo la derecha. Estos son párrafos destacados de su entrevista en el programa “De domingo a domingo. Sin restricciones”, de Radio Nuevo Mundo.

El acuerdo de reajuste

Se llevó a cabo la negociación ramal más importante que tiene el país, y tiene que ver con cómo el sector público ha ido empujando que estos espacios de negociación sean más regulares y que abarquen más materias. Lo digo porque esto no tiene que ver sólo con el reajuste y las bonificaciones, sino que desde hace varios años se empiezan a generar las leyes que cambian las condiciones laborales de los funcionarios y funcionarias públicas. Este año se llevó a cabo esta negociación y alcanzó un acuerdo parcial, porque diez organizaciones firmaron y seis se restaron, y eso tiene que ver con las características propias de esas organizaciones. Desde la CUT hubo una mayoría que decidió firma el acuerdo porque significaba la recuperación, a lo menos, del IPC. Eso, entendiendo que estamos viviendo un momento de restricción presupuestaria muy importante y que hay recorte en el presupuesto de la Nación. Hubo una bonificación para los sueldos más bajos, hubo una bonificación para las rentas más bajas.

El trabajo del empleado público “es subvalorado porque el Estado es subvalorado”

Hoy día hay mucho cuestionamiento a las trabajadoras y trabajadores del Estado, hay una incomprensión respecto al rol que cumplen…Somos los que acercamos las políticas públicas a las personas, y la gente de repente no lograr ver que en su vida cotidiana hay muchas trabajadoras y trabajadores del sector público haciéndose cargo de problemas muy distintos; la gente que tramita un subsidio, que va a una municipalidad, que va un consultorio o un hospital, que va al Registro Civil, y muchas otras instituciones. Ese trabajo es subvalorado porque estamos en una situación en que el Estado es subvalorado, la gente no ve cuánto el Estado hace por ella. El que yo tenga en una localidad pequeña, sobre todo en regiones, una oficina que atienda trámites, o una Posta rural, las Seremias que acercan trámites por ejemplo de vivienda, educación, se da por hecho, y no se le da un valor. Se ha perdido que la gente entienda que el Estado es parte de su vida cotidiana y le soluciona varios problemas. Quizá falta explicarlo mejor. Y afectan cosas como el caso de funcionarios que viajaron con licencia médica, o casos de irregularidades, u otras situaciones, y no se valora a la gran mayoría de funcionarios públicos. Los medios de comunicación hegemónicos juegan un rol que es bastante impresentable en este tema. Empiezan a instalar y priorizar ciertas realidades, como el caso de las licencias médicas y gente que viajó estando sujeta a ellas, sobre lo que hizo la Contraloría, pero nunca se dijo que el número de casos era un número de investigación, y después ese número bajó a menos de la mitad, porque había errores y situaciones que se aclararon. Hubo una construcción en el imaginario, con contribución de los medios de comunicación, de que la gente hoy no sienta el valor de la función pública.

Habrá Código de Ética para el sector público

El gobierno convocó a la CUT para trabajar en torno de un Código de Ética para la función pública, y esperamos que se pueda tener antes que concluya el gobierno. Se podrá decir que es simbólico, pero será para fortalecer el compromiso de las y los trabajadores del Estado y recuperar el valor del funcionario público en la sociedad. Estamos revisando experiencias internacionales en países donde ya tienen un Código de Ética para los trabajadores del Estado y creemos que esto contribuirá a que las y los empleados públicos tengan un estándar más alto y refuercen la imagen ante la ciudadanía. Esto puede contribuir a un viraje en la imagen que se instala de las y los trabajadores del Estado.

“Estamos frente a un presidente electo que hizo amenazas directas al sector público”

Hoy estamos frente a un candidato que ya es presidente electo que hizo amenazas directas al sector público y eso no hay que esconderlo. Dijo que los trabajadores son parásitos, denostó la función pública, y estableció un recorte presupuestario de seis mil millones de dólares donde nadie sabe qué política pública va a afectar. Nosotros en el sector salud somos más del 50% de trabajadores del Estado, y es legítimo que se piense que algunos recortes vendrán en salud y los de vivienda piensa en vivienda, los de educación en su sector, y así todos estamos pensando en dónde se restarán esos seis mil millones. Lamentablemente la ciudadanía no dimensionó eso y muchos votaron por ese candidato.

“Darles estabilidad a todas las personas que son trabajadores del Estado”

Entonces, cuando hay estas amenazas y estas incertidumbres, la obligación de los sindicatos, de los dirigentes, es proteger el empleo de las trabajadoras y los trabajadores, proteger la fuente laboral. Y lo que se hizo -y le están poniendo “ley de amarre”- fue pensar que frente a todas esas amenazas de despidos, había que tomar medidas. Por eso se planteó considerar años de servicios, cumplimiento de labor, evaluación, y que si se despide se precise la causal, y que no se diga que es porque cambió la administración. Hay que precisar y tener claro que hay trabajadoras y trabajadores del Estado, y hay otro grupo que son trabajadores de un gobierno, y es necesario que se empiece a hacer esa diferencia. Es normal que cuando comienza un gobierno se establezca con gente de confianza política en ministerios o servicios públicos, y que eso tenga un número acotado, no que llegue alguien con 30 asesores, eso debe ser regulado y que esa gente se vaya cuando termine el gobierno. Pero debemos darles estabilidad a todas las otras personas que son trabajadores del Estado, no de un gobierno, y que llevan años trabajando en el sector público e implementando políticas públicas. Los medios de comunicación y dirigentes de derecha distorsionaron esto, hablaron de “amarre” de trabajadores, y se trataba de algo de sentido común, proteger el trabajo de funcionarias y funcionarios públicos. Nadie de las 16 organizaciones de la Mesa del Sector Público está en contra de esta ley de estabilidad laboral para las y los trabajadores del Estado.

“Es legítimo que las organizaciones sindicales se encuentren en alerta”

Vienen momentos bien complejos y de mucha incertidumbre para los trabajadores y sus organizaciones. Representantes de los Republicanos iniciaron iniciativas para debilitar a la CUT, para que se creen otras organizaciones sindicales, mientras su candidato planteó cuestiones que van en contra de los planteamientos de la CUT y sindicatos, planteó el recorte de seis mil millones de dólares en el sector público, y todo eso nos pone en alerta frente al gobierno que viene. El presidente electo puso al centro los temas laborales, habló de relativizar o suspender la jornada semana de 40 horas, habló de cambiar el formato de indemnizaciones cuando hay despidos, de bajar impuestos a los empresarios, y de flexibilizar las regulaciones para que haya empleo, con un criterio que puede llevar a reivindicar la esclavitud. Debe haber más trabajo, pero con trabajo decente, y eso hoy está en cuestionamiento. Entonces, es legítimo que las organizaciones sindicales se encuentren en alerta, las del sector público y del sector privado. Las señales han sido muy duras. Ver a la presidenta de la CPC (Confederación de la Producción y el Comercio) en Argentina junto al presidente electo visitando a Javier Milei, es una señal clara del empresariado, sino, uno no entiende por qué la jefa de la CPC andaba del brazo del presidente electo visitando a Milei. Muchos trabajadores votaron por este candidato y verlo ahora, que de las primeras cosas que hace es viajar con la jefa de los empresarios a ver a Milei, indica como señal que en el gobierno que vienen van a gobernar los empresarios.

Republicanos querrían el Ministerio del Trabajo y Previsión Social

No tenemos idea del equipo del presidente electo para el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, hay algunas voces que dicen que el Partido Republicano querría ese ministerio, porque ahí hay un tema central, y desde nuestra mirada ahí está el tema de capital-trabajo. Lo que sí uno puede ver desde la derecha, es que ellos tienen muy claro que lo de trabajo, lo laboral, es un tema principal en la agenda.

“La derecha ha sido categórica en decir que la Ley Karin está llena de denuncias falsas”

Hemos venido trabajando con este gobierno, hace tiempo, una agenda de mujer trabajadora, lo que no compite con otras agendas de mujeres, sino más bien es un complemento, y habla a mujeres populares, mujeres jefas de hogar, que llevan el sustento a sus hogares, y que no encontraban trabajo o trabajaban muy precariamente. Situamos un tema relevante que es la autonomía de las mujeres. Avanzamos en la Ley Karin, la ley contra la violencia, teníamos un alto porcentaje de denuncias de mujeres en sus puntos de trabajo, el tema de cuidados que sigue siendo un desafío, porque son mujeres que por atender a abuelos, a hijas o hijos, no pueden acceder al empleo. También hemos asumido y estamos asumiendo el tema de la informalidad, estamos trabajando eso, ver por qué las mujeres eligen trabajar informalmente, y estar en el trabajo precario, y descubrir, por ejemplo, que es porque tienen que asumir de cuidadoras, velar por sus hijas o hijos, tener flexibilidad en el horario, no tener formalidad; también por el salario, porque muchas veces gana más o gana lo mismo en la informalidad que en la formalidad. Ahora, con lo que viene, lo más probable es que vivamos un retroceso, la derecha ha sido categórica en decir que la Ley Karin está llena de denuncias falsas, y lo hemos escuchado de los empresarios, y se dice que no contratan mujeres porque pueden denunciar temas de violencia. El tema de cuidados no es parte de la agenda de la derecha y del gobierno que viene, de no mirar que las personas pueda tener una buena vida laboral y personal, y en eso está el cuestionar las 40 horas de jornada semanal, cuando alguien de la derecha dijo para qué quieren llegar a la casa si vas a estar encerrada porque no hay seguridad. Se está configurando algo complicado. Hoy la gente quiere disfrutar con su familia, las mujeres quieren tener trabajo e ingresos, se quieren mejores condiciones para cuidadores y cuidadoras y ahí van a aparecer conflictos. Para qué hablar de la informalidad, que es un tema que no está puesto en la agenda. Sumado a eso vienen todos los otros derechos que peligran, derechos sexuales y reproductivos, elegir sobre los cuerpos, la diversidad sexual, que vienen en retroceso con la agenda valórica del futuro gobierno. Vamos a tener que estar articuladas para defender esos derechos. El 8 de marzo que viene, debe tener una agenda que hay que discutir, hay que conversar con las trabajadoras, ver qué pasó. Hay una reflexión, y es que, por ejemplo, las trabajadoras de hospitales y de otros lugares, votaron por el candidato que va a asumir. Bueno, esperamos que con vista al 8 de marzo la CUT pueda organizar un Congreso de Mujeres Trabajadoras con la consigna de “Avanzar en feminismo popular”, que nos permita debatir todo esto de forma muy realista, muy franca, también con la perspectiva de desafío.

“Las organizaciones deben reconstruir”

Si bien son tiempos complejos, el movimiento sindical, los movimientos de mujeres, hemos vivido otros tiempos de esta envergadura. No estamos alegres ni sentimos que sea lo mejor, pero debemos tener fortaleza, ánimo, y las organizaciones deben reconstruir, a veces hay que volver a un punto cero para mirarnos, ver cuáles son las necesidades de nuestro pueblo y ver cómo podemos retomar una relación más directa con la población, que nos permita construir movimiento fuerte para enfrentar lo que viene.

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