La huelga se castiga porque asusta
Profesores, descuentos y la pedagogía de la sumisión.
Daniel Jadue. Arquitecto y Sociólogo. Santiago. 7/2025. La decisión de la Contraloría General de la República de ratificar el descuento de los días no trabajados a los profesores movilizados, pese a que muchos de ellos recuperaron las clases, es un acto político disfrazado de legalidad. Se presenta como una medida “neutral”, porque “no se paga por lo que no se trabaja”, pero en realidad constituye un castigo ejemplar para quienes osan ejercer uno de los pocos derechos de clase que aún no ha sido completamente vaciado de contenido: el derecho a huelga.
En esta operación, el Estado no actúa como árbitro, sino como carcelero disciplinario del capital, recordándole a todo trabajador, docente o no, que interrumpir la producción, incluso en el sector público, tiene un precio.
Los profesores no fueron a la huelga por capricho. Lo hicieron porque la educación pública en Chile sigue siendo un campo de exterminio simbólico, logístico y profesional. Condiciones laborales miserables, salas hacinadas, reformas cosméticas, promesas rotas y salarios congelados. Frente a eso, la movilización fue una herramienta legítima de presión colectiva.
Y cuando un trabajador se organiza, deja de ser sujeto pasivo del capital. Se convierte en amenaza. Y la amenaza se castiga. Eso es lo que ratifica la Contraloría: una pedagogía de la sumisión.
Como escribió Marx en “Trabajo asalariado y capital”: La huelga revela, aunque sea por un momento, el antagonismo irreconciliable entre capital y trabajo. Por eso el Estado responde con descuentos, no con diálogo. Porque sabe que no hay nada más contagioso que un trabajador en pie de lucha.
El derecho a huelga está consagrado en la Constitución y también en tratados internacionales que obligan al Estado chileno a respetar ese derecho. Pero como todo derecho en el ordenamiento jurídico de la Constitución de Pinochet, existe en el papel mientras no afecte al orden del capital.
Si la huelga no interrumpe nada, se acepta. Si afecta flujos de ganancia o exhibe el poder de la organización, se judicializa, se castiga, se demoniza. En este caso, se descuenta el salario, aun cuando el trabajo fue efectivamente recuperado. Es decir, se cobra un castigo por el acto mismo de la desobediencia colectiva.
Es la misma lógica que opera en las huelgas portuarias, del cobre, del retail o del transporte: se acepta tu reclamo solo si no molestas al patrón. Si interrumpes, eres tratado como delincuente, vago o agitador.
Y todo esto se hace en nombre de la legalidad. Pero como decía Engels en “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”: El Estado no es un poder neutral, sino el aparato de dominación de una clase sobre otra.
La huelga de los profesores no es solo una disputa laboral. Es una acción pedagógica de clase. Enseña a los estudiantes que el trabajo no es sumisión, sino que puede ser herramienta de dignidad y poder colectivo.
Y por eso se castiga. Porque el sistema escolar chileno está diseñado para formar obedientes, no luchadores. Y cuando quienes enseñan, enseñan con el ejemplo, la represión llega desde arriba, con togas, resoluciones y tecnocracia.
El castigo a los profesores en huelga nos recuerda que el derecho a huelga no está garantizado: debe ser conquistado, sostenido y defendido por la acción colectiva. La legalidad del Estado siempre estará al servicio del orden. Y el orden está al servicio del capital.
Hoy son los docentes. Mañana serán los portuarios, los trabajadores de la salud, o los estudiantes en toma.La única salida es la solidaridad activa y la reconstrucción del poder sindical, territorial y político del pueblo trabajador.
Porque si nos castigan por dejar de trabajar, incluso cuando recuperamos lo perdido, entonces el verdadero delito no fue faltar: fue atreverse a luchar.
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