10 Criterios del Lawfare: Una comparación entre los casos de Daniel Jadue y Lula da Silva
El lawfare busca objetivos como inhabilitar políticamente a sus objetivos, priorizando fines políticos sobre la justicia, se basa en acusaciones débiles diseñadas para castigar más que para probar, y depende de instituciones judiciales sesgadas que fabrican o exageran cargos. El lawfare sincroniza acusaciones con ciclos electorales para maximizar su impacto. Los medios de comunicación hegemónicos desempeñan un rol clave al amplificar narrativas condenatorias que erosionan la presunción de inocencia y moldean la opinión pública antes de cualquier sentencia. Los casos de Jadue y Lula da Silva revelan cómo el lawfare opera como una estrategia sistemática para desarticular proyectos progresistas en América Latina, instrumentalizando el sistema judicial y los medios de comunicación en contextos de alta polarización política. Esta práctica socava la democracia al restringir la voluntad popular y perpetuar la impunidad de las élites económicas y políticas que la promueven.
Anjuli Tostes. Abogada. Santiago. 4/2025. El lawfare, o guerra judicial, se entiende como el uso estratégico del aparato judicial con fines políticos, en alianza con los medios hegemónicos de comunicación, con el objetivo de neutralizar a líderes progresistas y gobiernos populares del Sur Global. Explicado con palabras simples, se trata de una persecución política llevada a cabo por intermedio del sistema judicial, con el apoyo de los grandes medios, para silenciar la disidencia al orden neoliberal vigente. En esencia, el lawfare actúa como un mecanismo de disciplinamiento político, destinado a excluir del escenario institucional a quienes promueven proyectos de transformación social, al tiempo que desincentiva la participación política de quienes buscan impulsar cambios estructurales en la sociedad.
Este fenómeno se afianza en contextos de alta polarización política, donde la confrontación entre proyectos progresistas y conservadores se intensifica. En Brasil, tras el impeachment de Dilma Rousseff en 2016, se abrió un ciclo de ofensiva institucional contra liderazgos de izquierda, marcado por el uso político del sistema judicial. En Chile, el estallido social de 2019 desencadenó una fuerte reacción conservadora ante el avance de propuestas transformadoras, generando un clima favorable para la instrumentalización de instituciones judiciales debilitadas.
Los casos de Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente de Brasil, y Daniel Jadue, ex-alcalde de Recoleta en Chile, son ejemplos paradigmáticos de esta práctica. A través de 10 criterios, este artículo analiza ambos procesos a partir de las tácticas comunes en casos de lawfare -desde acusaciones sin pruebas hasta campañas mediáticas estigmatizantes- y los compara con otros casos, como los de Rafael Correa en Ecuador, Cristina Fernández en Argentina y Evo Morales en Bolivia, para revelar un patrón regional que socava la soberanía popular.
- Instrumentalización del derecho y falta de pruebas sólidas.
El lawfare se basa en acusaciones débiles diseñadas para castigar más que para probar. En 2017, Lula fue condenado en el caso del tríplex de Guarujá sin ninguna prueba documental que acreditara su propiedad o uso del inmueble. La sentencia se sustentó en el testimonio de Léo Pinheiro, exejecutivo de OAS, quien modificó su declaración tras negociar beneficios penales, según reveló The Intercept en 2019. El Supremo Tribunal Federal anuló la condena en 2021, señalando graves irregularidades procesales.
De manera similar, desde octubre de 2021, Daniel Jadue enfrenta una investigación en la que se le imputan cargos por fraude al Fisco relacionado con compras realizadas durante la pandemia, cohecho y delito concursal. Además, se le vincula a una deuda de 1.000 millones de pesos chilenos (aproximadamente un millón de dólares) correspondiente a Achifarp, por una presunta estafa en una transacción con la empresa Best Quality. No existen indicios o acusaciones de enriquecimiento personal, y las imputaciones se basan en declaraciones contradictorias de testigos como César Ramírez, quien cuenta con antecedentes por estafa. En mayo de 2024, uno de los querellantes reconoció ante la jueza la falta de evidencia sólida; y en septiembre, la jueza Paula Brito manifestó dudas sobre la existencia de delitos y sobre la participación directa de Jadue.
En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner fue acusada en el caso “Vialidad” (2019) por supuesta corrupción en la adjudicación de obras públicas. Sin embargo, la acusación se apoyó principalmente en conjeturas sobre su presunta influencia, sin documentos que probaran desvío de fondos.
En Ecuador, Rafael Correa fue condenado en el caso “Sobornos”, basado en pruebas altamente cuestionadas, incluyendo un archivo de Excel sin firma y correos electrónicos sin peritaje. La sentencia se confirmó en tiempo récord y justo antes del cierre del plazo para inscribir candidaturas, lo que impidió su participación electoral.
Estos casos revelan una instrumentalización del derecho penal para erosionar figuras de liderazgo progresista. En todos ellos, las imputaciones carecen de pruebas materiales contundentes, se apoyan en testigos cuestionables y presentan fallas procesales significativas.
- Objetivos extralegales.
El lawfare busca inhabilitar políticamente a sus objetivos, priorizando fines políticos sobre la justicia. En Brasil, Lula -líder del Partido de los Trabajadores (PT)- fue encarcelado en abril de 2018 tras una condena en segunda instancia, lo que le impidió participar en las elecciones presidenciales de octubre de ese año, donde encuestas de Datafolha lo daban como favorito con un 39% de intención de voto, abriendo el camino a la victoria de Jair Bolsonaro.
En Chile, Daniel Jadue obtuvo un 39,4% en las primarias presidenciales de 2021 y era una figura ascendente, ampliamente considerada como carta presidencial con potencial hacia 2025. Su prisión preventiva, ordenada el 3 de junio de 2024, lo forzó a dejar la alcaldía de Recoleta tras 45 días, interrumpiendo 12 años de gestión con amplio respaldo electoral (41% en 2012, 56% en 2016 y 64% en 2021), afectando su influencia antes de las elecciones municipales de octubre de 2024 y limitando su proyección presidencial. Diversas organizaciones internacionales, como la Asociación Americana de Juristas (AAJ), la International Association of Democratic Lawyers (IADL), la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD); la Red Lawfare Nunca Más; el Colectivo por un Ministerio Público Transformador (TRANSFORMA MP), el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ Brasil), ALBA Movimientos y el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) han denunciado un intento de proscripción para frenar su proyecto progresista, centrado en políticas de desmercantilización de la vida como las Farmacias Populares.
Estos casos evidencian un patrón común: el lawfare actúa como un mecanismo de neutralización de proyectos progresistas, sacando liderazgos populares de la arena política para limitar su influencia y alterar el curso democrático.
- Selectividad.
La persecución selectiva es un sello del lawfare, donde líderes progresistas enfrentan un trato desproporcionado frente a figuras aliadas al poder.
En Brasil, la operación Lava Jato investigó a múltiples partidos y políticos, pero la mayor visibilidad, judicialización y condenas recayeron sobre figuras del Partido de los Trabajadores (PT), especialmente Lula. Michel Temer, -acusado de corrupción en el caso JBS y protagonista activo del impeachment en contra de Dilma Rousseff, denunciado como un golpe blando-, evitó la prisión gracias al respaldo de la Cámara de Diputados en 2017, que bloqueó su procesamiento.
En Chile, Daniel Jadue fue sometido a prisión preventiva en 2024 en el marco de una investigación relacionada con una presunta deuda de un millón de dólares vinculada a Achifarp, a pesar de la falta de pruebas de enriquecimiento personal. En contraste, casos de mayor envergadura, como el fraude de cuatro millones de dólares en el caso Penta, concluyeron con sentencias simbólicas: Carlos Délano y Carlos Lavín fueron condenados a libertad vigilada y obligados a asistir a “clases de ética”. Del mismo modo, Jaime Mañalich, exministro de Salud de Sebastián Piñera, no fue procesado pese a un informe de la Contraloría General de la República que en 2021 denunció la pérdida de 3.800 millones de pesos en medicamentos vencidos en su gestión durante la pandemia.
En Ecuador, mientras Rafael Correa fue condenado en 2020 a ocho años de prisión e inhabilitación política por presunta corrupción en el marco del caso “Sobornos”, procesos vinculados a gobiernos conservadores, como el escándalo del Isspol -que involucra millonarias irregularidades en el fondo de pensiones de la Policía- han avanzado con mucha mayor lentitud y sin condenas firmes hasta la fecha.
Esta disparidad refleja un sesgo contra líderes de izquierda que desafían el status quo.
- Apoyo mediático.
Los medios de comunicación hegemónicos desempeñan un rol clave en el lawfare al amplificar narrativas condenatorias que erosionan la presunción de inocencia y moldean la opinión pública antes de cualquier sentencia.
En Brasil, el conglomerado Globo encabezó una ofensiva mediática contra Lula durante la operación Lava Jato, dedicando un tiempo significativo a reportajes sobre presunta corrupción entre 2014 y 2018, con un enfoque desproporcionado en el PT, según análisis del Observatorio de Medios de la UFRJ y otros estudios académicos, con filtraciones selectivas de la fiscalía que lo presentaban como culpable antes del juicio.
En Chile, La Tercera publicó 557 artículos contra Jadue entre 2021 y 2024, según un análisis de Herreros (2024), incluyendo filtraciones que violan el secreto sumarial, mientras imágenes suyas esposado en junio de 2024 se retransmitieron en canales como Mega y TVN, generando una percepción pública de criminalidad sin que existiera una sentencia ni pruebas.
En Argentina, Clarín y La Nación desempeñaron un rol similar contra Cristina Fernández en el caso “Cuadernos” (2018), publicando supuestos diarios de un chófer como prueba de corrupción, sin verificar su autenticidad, lo que generó una condena mediática previa al proceso judicial.
Estos casos demuestran cómo el aparato mediático opera en sincronía con sectores judiciales y políticos para legitimar la persecución de líderes progresistas, minando su capital simbólico y obstaculizando la posibilidad de juicios justos.
- Abuso de instituciones.
El lawfare depende de instituciones judiciales sesgadas que fabrican o exageran cargos. En Brasil, el juez de primera instancia, Sergio Moro, actuó con parcialidad en el caso de Lula, al coordinar estratégicamente con los fiscales de la operación Lava Jato, según revelaron los mensajes filtrados por The Intercept en 2019. Esta colusión vulneró gravemente el principio de imparcialidad judicial, motivo por el cual el Supremo Tribunal Federal anuló la condena en 2021.
En Chile, la Fiscal Giovanna Herrera, a cargo de la investigación contra Daniel Jadue, ha sido objeto de cuestionamientos por posibles conflictos de interés, debido a sus vínculos familiares con una farmacia competidora de las Farmacias Populares: es concuñada de Javier Vega Sepúlveda, fundador de “Farmacias Fracción”, una cadena que, según su sitio web, busca “mejorar el acceso a medicamentos para las familias chilenas y (…) llegar a todo Chile con precios justos, siendo líderes y pioneros en el fraccionamiento de medicamentos”. A pesar de este posible sesgo, la jueza Paulina Moya ordenó prisión preventiva en junio de 2024, calificando a Jadue como un “peligro para la sociedad”, pese a su historial sin antecedentes penales y su disposición a colaborar con la justicia, en una decisión que contraviene los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En Ecuador, jueces alineados con el Gobierno de Lenín Moreno condenaron al expresidente Rafael Correa en el denominado caso “Sobornos”, en un contexto de ruptura política entre ambos líderes. El proceso estuvo marcado por diversas irregularidades procesales, denunciadas por juristas y organismos internacionales, que cuestionaron su legitimidad.
El lawfare no opera en el vacío, sino que depende de un entramado institucional dispuesto a subvertir el Estado de Derecho para fines políticos.
- Uso de teorías jurídicas controvertidas.
El lawfare se apoya en construcciones legales cuestionables para criminalizar la acción política y debilitar liderazgos populares. En el caso de Lula, se recurrió a la teoría del dominio del hecho, aplicada de forma distorsionada para responsabilizarlo penalmente por actos cometidos por terceros. La acusación se basó en la idea de que, como presidente, “debía saber” de los hechos de corrupción en Petrobras, a pesar de la ausencia de pruebas directas. Esta interpretación fue duramente criticada por el propio creador de la teoría, el jurista alemán Claus Roxin (2020), quien advirtió que se estaba desvirtuando el principio de responsabilidad penal individual.
En Chile, Daniel Jadue enfrenta una acusación construida bajo la misma tesis: se le imputa responsabilidad penal por decisiones administrativas tomadas por terceros en el contexto de la pandemia, en el marco de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp). En 2024, la Fiscalía introdujo, además, la tesis de la “bicicleta fiscal”, argumentando que compras excesivas de productos como interferón, prótesis auditivas y mascarillas habrían sido utilizadas para simular solvencia financiera, ocultar deudas y así proteger la imagen electoral de Jadue. Esta acusación recuerda la “pedalada fiscal” que sirvió de base para el impeachment de Dilma Rousseff en Brasil en 2016, donde se le acusó de retrasar pagos para ocultar déficits, presentada como fraude aunque era una práctica administrativa común y nunca antes sancionada, llevando a su impeachment. En el caso de Jadue, tampoco hay evidencia de intención fraudulenta: las compras se realizaron en un contexto de emergencia sanitaria, bajo condiciones de alta incertidumbre, donde decisiones administrativas podían responder a necesidades urgentes, no a manipulación deliberada.
En Ecuador, la tesis del “influjo psíquico” fue utilizada por el tribunal como fundamento para describir la manera en que Correa habría influido en sus subordinados para cometer actos de corrupción, sin necesidad de una instrucción directa. Se trata de una construcción jurídica ad hoc, sin respaldo en el derecho penal comparado, que expertos como Eugenio Zaffaroni han calificado de “aberración jurídica”.
Estos casos muestran cómo el lawfare desdibuja los límites entre gestión pública y delito, erosionando garantías fundamentales y debilitando el liderazgo de figuras progresistas mediante ficciones legales.
- Impacto y medidas desproporcionadas.
El lawfare emplea medidas extremas que causan daño irreparables. Lula estuvo preso 580 días entre 2018 y 2019, siendo imposibilitado de participar en las elecciones de 2018, con imágenes de su arresto retransmitidas globalmente que lo estigmatizaron como corrupto, un daño reputacional que persistió incluso tras la anulación de su condena en 2021.
Daniel Jadue, en Chile, fue privado de libertad mediante prisión preventiva entre junio y septiembre de 2024, lo que derivó en su destitución como alcalde de Recoleta sin que exista una condena, ya que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades permite la remoción tras 45 días de inactividad, y enfrenta arresto domiciliario desde septiembre de 2024, lo que limita su participación política.
En Bolivia, Evo Morales fue forzado al exilio en 2019 tras acusaciones de fraude electoral, desmentidas por estudios del MIT (2020) que no hallaron irregularidades estadísticas, causando un daño irreparable a su movimiento político. Los investigadores encontraron que las tendencias en el recuento preliminar eran consistentes y que no había un cambio “inexplicable” en la tendencia de los votos, como había señalado la OEA.
Estas sanciones -prisión, destitución, exilio- actúan como penas anticipadas que debilitan proyectos políticos antes de un juicio justo, socavan el principio de presunción de inocencia y la soberanía popular.
- Momento sospechoso.
El lawfare sincroniza acusaciones con ciclos electorales para maximizar su impacto. Lula fue condenado en 2017 y encarcelado en abril de 2018, seis meses antes de las elecciones de octubre de 2018, donde lideraba las encuestas.
En Chile, la querella contra Jadue comenzó en octubre de 2021, tras su competitiva participación en las primarias presidenciales de abril de 2021 (39.4% de los votos). El caso avanzó lentamente hasta 2024, cuando su formalización (mayo) y prisión preventiva (junio) coincidieron con los preparativos para las elecciones municipales de octubre de 2024, donde buscaba la elección de Fares Jadue en Recoleta. Su remoción de la alcaldía y el arresto domiciliario, que persisten en 2025, lo limitan para las presidenciales de noviembre de 2025, donde era un potencial candidato del Partido Comunista.
En Ecuador, Rafael Correa fue condenado en abril de 2020, diez meses antes de las elecciones de 2021, quedando inhabilitado para participar e influir en la contienda. Este timing electoral revela un patrón: neutralizar liderazgos progresistas justo cuando su presencia podría ser decisiva en las urnas.
- Intereses económicos.
Actores económicos se benefician del lawfare al neutralizar líderes que amenazan sus intereses. En Brasil, la operación Lava Jato debilitó a Petrobras, que perdió el 43,6% de su valor de mercado en 2014, abriendo espacio a multinacionales petroleras como ExxonMobil y Shell en el presal brasileño tras la flexibilización de políticas de contenido local en 2017.
En Chile, las Farmacias Populares de Jadue, que reducen costos de medicamentos en un 70% según datos municipales, amenazan a cadenas como Cruz Verde, Farmacias Ahumada y Salcobrand, que controlan el 90% del mercado y fueron sancionadas por colusión en 2008; la querella contra Jadue, iniciada por Best Quality, está vinculada a abogados del caso Hermosilla, un escándalo que reveló redes de corrupción ligadas a sectores de derecha y grandes intereses económicos. Durante su gestión como alcalde, Jadue también se enfrentó a proyectos inmobiliarios emblemáticos asociados a sectores conservadores, como el caso de un megaproyecto de la Universidad San Sebastián y la inmobiliaria Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A., que construyó edificios con permisos municipales irregulares. La obra fue finalmente paralizada, provocando pérdidas millonarias y desatando una confrontación directa con el poder económico local. Esta serie de conflictos ilustra cómo las políticas de Jadue afectaron intereses instalados, generando resistencias que hoy se reflejan en su persecución judicial.
En Argentina, los casos contra Cristina Fernández, como “Hotesur” (2014-2021), coincidieron con intentos de desregular sectores energéticos y de telecomunicaciones, beneficiando a grupos como Techint y Clarín durante el gobierno de Mauricio Macri. En los tres casos, el lawfare favorece intereses económicos afectados por políticas progresistas.
- Prolongación indebida del proceso.
El lawfare alarga procesos para agotar a sus objetivos, drenando recursos y manteniéndolos bajo presión. Lula enfrentó investigaciones desde 2014, con su prisión en 2018 y la anulación de condenas en 2021, un período de siete años que lo alejó de la política activa.
Jadue, investigado desde octubre de 2021, sigue sin resolución en abril de 2025, con reformalizaciones en enero de 2025 y una nueva reformalización anunciada para mayo, sugiriendo una adaptación constante para mantener la persecución.
En Bolivia, Evo Morales fue acusado de “terrorismo” y “sedición” en 2019, tras la difusión de un audio cuya autenticidad fue cuestionada por peritajes independientes. Aunque en 2020 un tribunal anuló estos cargos por falta de debido proceso, otras investigaciones se mantuvieron abiertas o fueron reactivadas esporádicamente, generando un clima de judicialización persistente.
Esta dilación prolongada, común en los tres casos, refleja una estrategia típica del lawfare: mantener la sombra de la sospecha sin pruebas concluyentes ni cierre judicial, limitando la participación política del acusado.
Conclusión.
Los casos de Daniel Jadue y Luiz Inácio Lula da Silva revelan cómo el lawfare opera como una estrategia sistemática para desarticular proyectos progresistas en América Latina, instrumentalizando el sistema judicial y los medios de comunicación en contextos de alta polarización política. Esta práctica socava la democracia al restringir la voluntad popular y perpetuar la impunidad de las élites económicas y políticas que la promueven.
Combatir el lawfare requiere un enfoque multidimensional: generar conciencia pública mediante campañas educativas, fortalecer medios alternativos que contrarresten narrativas estigmatizantes y actuar junto a organizaciones internacionales para garantizar juicios justos y transparentes.
Asimismo, es crucial avanzar en una reforma estructural del sistema de justicia que garantice su independencia y legitimidad, implementando criterios más rigurosos en el nombramiento de jueces, como concursos públicos que prioricen el mérito, y creando instancias como un Consejo Nacional del Ministerio Público y un Consejo Nacional de Justicia con participación ciudadana efectiva, que ejerzan control externo y aseguren la rendición de cuentas.
Detectar y neutralizar el lawfare no es solo una tarea jurídica o política: es una condición necesaria para preservar la democracia y asegurar que la justicia actúe como pilar legítimo de los derechos y de la soberanía popular.
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