Ibán de Rementería apunta al riesgo de que “el Ministerio de Seguridad se convierta en el Ministerio de Carabineros”

El académico y experto en temas de seguridad anota que “el éxito de su ejecución dependerá de las competencias y capacidades de las instituciones públicas, que conforme a la ley tiene las atribuciones y son las responsables de ejecutar las acciones de prevención y control de esas actividades ilícitas, así como de perseguir, investigar y castigar a sus autores, como son las fuerzas policiales, las Fiscalías y los Tribunales de Justicia”. Sobre propuestas que están haciendo candidatas y candidatos presidenciales sobre seguridad pública, indica que “sólo se ocupan del espectáculo del crimen organizado y el narcotráfico” y en cuanto a endurecimiento de medidas advierte que “es sabido por los expertos que ni el aumento de las penas, ni la disminución de la edad de responsabilidad, ni el mayor rigor procesal, ni más cárceles, en fin, más ‘punitivismo penal’, cambia la situación delictual”. Frente a casos de homicidios y agresiones donde aparecen involucrados adolescentes, el experto señala que “con adolescentes y jóvenes la única manera de controlar su ‘delincuenciamiento’ es proveyéndolo de alternativas de ingresos juveniles, con trabajos de tiempo parcial y colaborativos con la sociedad, en lo cual la institución municipal podría tener un rol determinante”.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. 4/2025. Ibán de Rementería, académico que trabajó en varias universidades chilenas y del exterior, y experto en temas se seguridad pública, tiene una mirada de advertencia sobre la creación del Ministerio de Seguridad Pública que debutó esta semana en el país. Para él, “un Ministerio de Seguridad es un ministerio de seguridad interior, un ministerio de policía, de allí que para mejor seguridad y protección de los ciudadanos es preferible que esté bajo el control político de la segunda máxima autoridad del Estado que es el Ministerio del Interior”.

Y enfatiza: “El riesgo es que el Ministerio de Seguridad se convierta en el Ministerio de Carabineros de Chile y se pierda el control político sobre él y ellos, sobre esto ya hay experiencia nacional”.

Consultado si con esa nueva entidad, de acuerdo a lo señalado desde el Gobierno, habrá mejores condiciones para combatir la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico, responde que “el diseño, la conducción y la supervisión de las políticas públicas para combatir la delincuencia común y el delito organizado será responsabilidad de ese Ministerio, pero el éxito de su ejecución dependerá de las competencias y capacidades de las instituciones públicas, que conforme a la ley tiene las atribuciones y son las responsables de ejecutar las acciones de prevención y control de esas actividades ilícitas, así como de perseguir, investigar y castigar a sus autores, como son las fuerzas policiales, las Fiscalías y los Tribunales de Justicia”.

Añade que “su éxito dependerá de las capacidades y los recursos con que cuenten esas instituciones. Además, esta institucionalidad no define con claridad ni las atribuciones ni las competencias de los municipios para participar en la prevención del delito”.

De Rementería entra a un terreno sensible respecto a estas políticas. “Como este es un tema político y electoralmente exitoso -apunta- todos los municipios, en particular sus alcaldes, quieren participar en el. Los gobiernos respaldan esta inquietud municipal pero no definen atribuciones ni aseguran competencias, ni recursos. Evidentemente, esta ambigüedad está determinada por la resistencia de las fuerzas policiales extender tales atribuciones y competencias”.

¿Pero, finalmente, avanza Chile institucionalmente en mejores condiciones para combatir el narco y el crimen organizado?

Los principales problemas de seguridad ciudadana no son el narcotráfico y la delincuencia organizada, que si bien son sus formas más espectaculares, tienen pocas víctimas. El problema principal es la delincuencia común que afecta a la gran mayoría de las víctimas del delito (21,8%), tales como el robo desde vehículos (13%), robo de vehículos (1,7%), hurto (5,2%), robo con violencia (4,4), el robo por sorpresa (3,7%), robo con fuerza (3,2%) y lesiones (1,0%), que según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (no hay información sobre secuestros, narcotráfico, ni homicidios) han padecido alguna persona en los hogares. El total de las víctimas por personas son sólo el 6%. El asunto de seguridad ciudadana para la población es la prevención, disuasión, control y persecución de la delincuencia común, no del crimen organizado y el narcotráfico, hechos que no aparecen en las encuestas de victimización, ni en la de ENUSC, ni de Paz Ciudadana.

¿Qué le parecen propuestas de candidatas y candidatos presidenciales en materia de seguridad? Se habla de medidas más duras, cárceles más rudas, presencia de las Fuerzas Armadas.

Sólo se ocupan del espectáculo del crimen organizado y el narcotráfico, también del aumento de los homicidios, que son principalmente sin imputado conocido, atribuibles a “asuntos internos” del crimen organizado, pero no se ocupa de la delincuencia común que tiene un real y extendido impacto en la población general. No olvidar que los delitos comunes se llevan tanto por ciento y los homicidios en tanto por cien mil, aquellos son algo así como un millón y medio por año y estos 1.200. Es sabido por los expertos que ni el aumento de las penas, ni la disminución de la edad de responsabilidad, ni el mayor rigor procesal, ni más cárceles, en fin, más “punitivismo penal”, cambia la situación delictual. Lo claro es que el cambio en la distribución del ingreso es lo único que disminuye y previene la delincuencia, no hay otra prevención que controle la delincuencia. Sólo las medidas de eficacia en la investigación policial y fiscal, así como los patrullajes y la vigilancia policial presencial y electrónica pueden ser disuasivas de la delincuencia común.

Impactaron esta semana agresiones criminales contra estudiantes, realizadas por otros escolares o menores de edad? ¿A qué obedecerían esos episodios? ¿Hay que rebajar la edad penal?

Hay un grave deterioro de las condiciones de vida de los adolescentes, mientras ellos son demandados por una “existencia actual” cada vez más cara, en equipos y servicios de comunicaciones, programas novedosos, además de ropa de moda y calzado de moda, consumo de sustancias psicoactivas (alcohol y drogas) y gastos de diversión, que son de socialización, etcétera. Los menores de edad son cada vez más partícipes de los hechos delictuales, de crímenes graves, de los cuales ellos mismos son las víctimas. Entre aquellos los homicidios han aumentado en un 130% en el último año. Con adolescentes y jóvenes la única manera de controlar su “delincuenciamiento” es proveyéndolo de alternativas de ingresos juveniles, con trabajos de tiempo parcial y colaborativos con la sociedad, en lo cual la institución municipal podría tener un rol determinante. Para competir con el crimen organizado que bien recluta y paga a los jóvenes. Los jóvenes pobres son los más pobres de los pobres y los jóvenes de las clases medias son más pobres que sus familias.

La entrada Ibán de Rementería apunta al riesgo de que “el Ministerio de Seguridad se convierta en el Ministerio de Carabineros” se publicó primero en El Siglo.