Claves de controversial agenda de seguridad pública

Graves episodios delictivos -que continuaron durante el fin de semana- reforzaron el impacto de la criminalidad y tensionaron la llamada “delincuenciación” de la política nacional. En medio de todo, otra vez debió renunciar el jefe de Carabineros al estar formalizado por omisión en casos de abusos y violaciones a los derechos humanos. Como si fuera poco, la más alta instancia del Poder Judicial está salpicada por casos de tráfico de influencias e irregularidades. Mientras, se quiera o no, se explique o no el fenómeno, está instalada una percepción en la opinión pública de crisis en seguridad pública, de expansión de la criminalidad, de proliferación de una delincuencia terrible con graves consecuencias no sólo por la cantidad de muertos, sino la sensación de vulnerabilidad en barrios, poblaciones y comunas, por cierto, de sectores populares.

Gonzalo Magueda. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 28/9/2024. Podrán existir diversidad de análisis, versiones y vocerías, pero lo indesmentible es que la seguridad pública, la gestión de altos mandos de Carabineros, la crisis en el Poder Judicial y la desconfianza instalada en la ciudadanía en esos frentes, tienen invadida la agenda política e institucional.

Graves episodios delictivos -que continuaron durante el fin de semana- reforzaron el impacto de la criminalidad y tensionaron la llamada “delincuenciación” de la política nacional. En medio de todo, otra vez debió renunciar el jefe de Carabineros al estar formalizado por casos de abusos y violaciones a los derechos humanos. Como si fuera poco, la más alta instancia del Poder Judicial está salpicada por casos de tráfico de influencias e irregularidades. La semana que viene estará marcada por estos temas. Y la gente observando todo…

Expectativa por el destino judicial de Ricardo Yáñez

El ahora exgeneral director de Carabineros, Ricardo Martínez, tendrá que comparecer ante la formalización por el delito de “omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio” producto del accionar policial durante la revuelta social de 2019, cuando él era jefe de la Dirección de Orden y Seguridad Nacional. Estaba al mando directo de Fuerzas Especiales de la policía uniformada, donde recaen denuncias y quejas por uso excesivo de la fuerza, incumplimiento de protocolos, mal uso de armamento no letal, agresiones a civiles, golpizas, violaciones a los derechos humanos, lo que incluye procesos judiciales donde algunos uniformados ocultaron información y cometieron irregularidades para esconderse de las acusaciones.

Yáñez suma para instalar el record de cuatro jefes de Carabineros que no terminan su mandato al ser requeridos por la justicia por diversidad de delitos. Él trató de evitarlo recurriendo una y otra vez, sobre todo los últimos quince días, a la postergación de la formalización (incluso en estas horas sus abogados están recurriendo a la Corte Suprema), descalificando política y comunicacionalmente a los fiscales, buscando y recibiendo el respaldo de legisladores y dirigentes de la derecha, y optando por salidas comunicacionales victimizándose.

Hay expectativa de lo que ocurra este martes cuando sea formalizado y las consecuencias que traiga la resolución que tome el tribunal de justicia correspondiente. No se puede desechar que el exgeneral director sea procesado. O se salve.

En el sentido de lo que se ha llamado la “delincuenciación” de la política, la oposición está respaldando al exgeneral Yáñez, mientras el oficialismo consideró correcta su renuncia al mando policial en virtud de “proteger” a la institución policial. Para la derecha era improcedente adelantar la renuncia del jefe de la policía uniformada y cuestionaron lo que se denominó el “criterio Tohá” (en referencia Carolina Tohá, la ministra del Interior), en cuanto a que autoridad formalizada es autoridad renunciada. En esa línea, diputados del Partido Republicano están evaluando presentar una acusación constitucional contra la titular de Interior por lo que consideran “una presión” de petición de renuncia del exgeneral Yáñez y el presidente del Senado, de Renovación Nacional, José García, criticó el criterio establecido por el Gobierno en estos casos. El secretario general de la Unión Demócrata Independiente, Juan Antonio Coloma, llegó a declarar que “la decisión que toma el Presidente (Gabriel) Boric es cobarde” en cuanto a lo que llamó “destituir a un general director”. Claro que el propio Ricardo Yáñez declaró que “frente a la inminente audiencia de formalización…jamás habría pensado ir en mi condición de general director”.

El Gobierno, de nuevo, ante sensible escenario delictivo

Seguramente el lunes se pedirá al Gobierno, y específicamente a la ministra Carolina Tohá y a los subsecretarios de la cartera, que se refieran a los últimos episodios delictivos que volvieron a terminar con un grupo de personas asesinadas en hechos de alta connotación pública, con uso de armamento de gran calibre y en circunstancias bien especiales, como las amenazas y puesta en la mira de consultorios de salud pública en zonas populares y el ataque a un vehículo particular blindado en medio de una intensa balacera en una céntrica avenida de la capital. El asesinato de menores de edad, impacta particularmente.

Lo que ocurre es que los hechos criminales con muertos e intenso uso de armamento refuerza un escenario de impacto en la ciudadanía y la agenda institucional, que obliga al Gobierno a colocar prioridad y acentuar vocerías en el tema de la delincuencia, en medio de ataques de la oposición e incluso desde filas del oficialismo, y donde de repente parecen insuficientes las respuestas concretas “a la ola de delincuencia” como la definan medios de prensa.

En ese marco, legisladores y dirigente de la oposición llevan días pidiendo la renuncia de las cabezas del Ministerio del Interior, amenazando con acusaciones constitucionales, invalidando los planes de seguridad que implementa el Gobierno, y hasta exigieron que el Presidente Gabriel Boric no viaje a México a la toma de posesión de la Presidenta Claudia Sheinbaum para atender aquí la situación de seguirdad. Se suman declaraciones desde el oficialismo, como la del senador Juan Luis Castro, del Partido Socialista, quien sobre el escenario de seguridad pública indicó que “el Gobierno ha fracasado, es mejor reconocerlo”.

Como sea, en estos días todo indica que el Gobierno recalcará que hace esfuerzos enormes en materia de seguridad pública aumentando los presupuestos, mejorando las condiciones de las policías, promoviendo leyes que contribuyan al combate del crimen organizado y el narcotráfico, extendiendo medidas a todo el país, aumentando la dotación de Carabineros  y apoyando planes junto a los municipios. Este día, el Presidente Boric dijo que uno de los mayores presupuestos para el 2025 estará en seguridad.

Claro que desde La Moneda se insiste también en otros factores presentes en este tema. Es así que, en el contexto de crímenes y episodios sensibles como las amenazas a personal de varios Cesfam (Centros de Salud Familiar), y episodios como los ocurridos en Bajos de Mena, en la Comuna de Puente Alto, la ministra Carolina Tohá expresó que “el tema de fondo aquí tiene que ver con sectores poblacionales donde se combina pobreza, precariedad y violencia. Ese es un cóctel explosivo y no se resuelve solamente poniendo puntos fijos de Carabineros. Vamos a ver eso, a partir de nuevos esfuerzos que se están haciendo y políticas que se están desarrollando (en) una mesa de trabajo para tener elementos de vinculación con los vecinos y con los barrios que hay aquí alrededor”.

Eso apunta a respuestas que se buscan desde el oficialismo en cuanto a encarar precariedades y deficiencias en zonas populares con planes sociales, de promoción de la cultura y el deporte, recuperación de espacios públicos, mejora en las luminarias, proteger recintos escolares y de salud, mejoras en educación y bajar las tasas de inasistencias a clases y programas de seguridad ciudadana.

Un Poder Judicial salpicado

Es innegable que este cuadro de la seguridad pública, golpea que la máxima instancia del Poder Judicial este salpicada de casos de tráfico de influencias, irregularidades y anomalías o espacios opacos como se dijo hace un tiempo.

Hay un grupo importante de juezas y jueces de la Corte Suprema sometidos al Comité de Ética y tres están con acusaciones constitucionales en desarrollo. Los resultados de todos esos procesos son imprevisibles, pero todo hace suponer, dado el contenido de las acusaciones y antecedentes respecto a malas prácticas, que para algunas y algunos no terminarán bien las cosas.

Por cierto, habría que sumar a fiscales y abogados indagados y procesados por casos de corrupción que copan también la agenda nacional.

Un punto sensible en todo esto es la instalación en la ciudadanía de incredulidad, desconfianza, miedo y enojo con el actuar de la justicia institucional, donde suele repetirse que es un muestra de que al final todo se arregla entre la elite, que nadie sale sancionado, y que los únicos que pagan por sus errores o delitos son las y los ciudadanos comunes y corrientes.

La negativa percepción de la gente

Mientras, se quiera o no, se explique o no el fenómeno, está instalada una percepción en la opinión pública de crisis en seguridad pública, de expansión de la criminalidad, de proliferación de una delincuencia terrible con graves consecuencias no sólo por la cantidad de muertos, sino la sensación de vulnerabilidad en barrios, poblaciones y comunas, por cierto, de sectores populares.

Ciertamente que los medios de comunicación cumplen un rol fundamental, priorizando la agenda del delito y mostrando realidades como las que se viven en Cesfam, escuelas y espacios públicos de comunas populares, repitiendo una y otra vez imágenes de balaceras y consumación de delitos, recalcando los perfiles de delincuentes y dando espacio a distintos especialistas o comentaristas que abordan dramática y extensamente sucesos criminales.

Otro impacto, en este contexto, es cómo se asume la llamada “delincuenciación” de la política, cuando voceros de sectores políticos andan preocupados por “los efectos electorales” que pueda tener todo este escenario de seguridad pública. En qué puede afectar o qué puede beneficiar a partidos y candidatos de la oposición o el oficialismo toda esta situación, lo que en algunos casos ha rayado en cierta insensibilidad respecto al drama de la delincuencia. No en vano, poner el “tema de la seguridad pública” es una de las prioridades de candidatas y candidatos a gobernadores, alcaldes, concejales y consejeros regionales.

Es claro que los sucesos criminales están cruzando a todo el espectro político, al Gobierno, a las policías, al Poder Judicial, a los medios de prensa, generando unas prioridades en la agenda nacional que pueden llegar a puntos sobredimensionados.

Sin duda hay multiplicidad de elementos que cruzan las causas, desarrollos e impactos de distinto tipo de delincuencia, algunas de ellas que no deberían soslayarse pero que suelen dejarse de lado, pero al final del día lo que está primando es una instalación muy fuerte del tema delincuencia donde se mezclan no siempre en armonía, lo que se haga en su combate y los posicionamientos políticos y comunicacionales.

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