A cinco años de la Revuelta Popular, la derecha impone su relato criminalizador

Las semanas posteriores al estallido social la derecha, en coro, reconoció en televisión su responsabilidad en las enormes brechas de desigualdad que se vivían en Chile. Ahora, a cinco años de la Revuelta, se desdicen de todo aquello y todavía más, vociferan que todo fue un oscuro plan orquestado por el Partido Comunista de Chile junto a Venezuela, Nicaragua, Cuba y Corea del Norte. Apuestan por el mito de la mala memoria chilena.

Jean Flores Quintana, Cientista Político.Santiago. 17/7/2024. La agenda de medios se mueve en función de atacar a las fuerzas progresistas y defender los intereses de la burguesía financiera. El Gobierno del residente Gabriel Boric llegó a La Moneda sin una fuerza parlamentaria que permitiera ejecutar su programa de Gobierno a cabalidad. Dada esta situación desventajosa, el Ejecutivo optó por buscar potenciales mayorías en el Congreso para la aprobación de sus reformas estructurales en lugar de consolidar, unificar y conducir las fuerzas que derrotaron a José Antonio Kast en las urnas. Buscar una mayoría parlamentaria hipotecando la construcción de la mayoría social fue el principio del error. Lo primero siempre será transitorio y está supeditado al cálculo cortoplacista de los diferentes bloques políticos, en tanto que lo segundo, apostar por la mayoría social puede generar enemistad con los que tributan sus riquezas en paraísos fiscales, pero construye sólidos lazos con las fuerzas populares a largo plazo.

El Gobierno tomó decisiones contrarias al movimiento popular o a los principales significantes de las movilizaciones ocurridas en Chile durante 2019 desde los primeros meses. Se reprimió a estudiantes en las calles, trabajadores quedaron desempleados luego de cerrar la Fundición Ventanas de Codelco y se pidió disculpas por la utilización del vocablo Wallmapu que, por cierto, no es solo el uso del término, es la continuidad de políticas de Estado que criminalizan, reprimen y encarcelan la lucha reivindicatoria del Pueblo Nación Mapuche. Estos gestos políticos dan cuenta de un asunto de fondo: el carácter del Gobierno, es decir, si esa mayoría histórica de 4.6 millones de personas votaron para hacer las cosas en la medida de lo posible como ocurrió durante la transición pactada, o bien si se movilizaron a las urnas para avanzar decididamente hacia la justicia social en uno de los países más desiguales del mundo luego de una revuelta popular que se levantó contra los poderosos y costó vidas humanas, masacre, torturas y mutilados.

Las semanas posteriores al estallido social la derecha, en coro, reconoció en televisión su responsabilidad en las enormes brechas de desigualdad que se vivían en Chile. Ahora, a cinco años de la Revuelta, se desdicen de todo aquello y todavía más, vociferan que todo fue un oscuro plan orquestado por el Partido Comunista de Chile junto a Venezuela, Nicaragua, Cuba y Corea del Norte. Apuestan por el mito de la mala memoria chilena.

El principal enemigo para la derecha es todo aquel que siga sosteniendo las banderas de justicia social. Con toda su propaganda -ellos controlan más del 95% de la información que circula en Chile- voltearon el primer proceso constituyente. La disputa del sentido común se libra en gran medida desde los medios de comunicación. Quien controla el relato tiende a controlar las votaciones en el Congreso. Salvo que aquella realidad construida a punta de noticias falsas, mentiras  y encuestas tendenciosas choque con millones de chilenas y chilenas movilizados en las calles. La clase patronal no soporta que el Partido Comunista continúe levantando las banderas que movilizaron a millones de compatriotas en 2019 y que a su vez sea la principal fuerza de Gobierno. A estas alturas, casi todo el arco político cedió a la agenda criminalizadora del estallido social impulsado por la derecha.

El Partido Comunista es el partido más votado de las fuerzas transformadoras en Chile. Los 464.885 votos obtenidos en las elecciones del actual Congreso lo posicionan como la formación política más votada de quienes componen gobierno, esto por sobre los 343.437 votos del Partido Socialista y los 287.190 sufragios obtenidos por Convergencia Social, el partido político del presidente Boric. Estos números sirven para indicar que cuando la derecha dice que el PC es una fuerza anacrónica, que no tiene base de sustentación y está desconectado de la realidad, miente. También son útiles las cifras para ver las cosas en perspectiva y observar que la tienda fundada por Luis Emilio Recabarren hace 112 años tiene respaldo popular suficiente como para gobernar. No obstante la derecha intenta imponer el relato de que los comunistas son rechazados por la ciudadanía y por ello objetaron ministros, bloquearon la llegada de Karol Cariola a la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas todo lo que pudieron y exigen la salida de militantes comunistas que ofician de asesores.

Hace unas semanas el Gobierno tomó la decisión política de desvincular del Ministerio del Interior y Seguridad Pública al miembro del Comité Central del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos. Al momento de buscar las razones tras esto, prontamente se llega al argumento de “es un cargo de confianza de la autoridad ministerial”. No obstante, lo que interesa de este hecho es decodificar qué gesto pretende comunicar el Gobierno al despedir de sus funciones a uno de los principales dirigentes de la formación política más votada dentro de las coaliciones de gobierno. Por otra parte, la salida de Lagos constata el avance de los relatos de la derecha en la agenda política, incluso del oficialismo. Todas las bajadas de prensa coinciden en tres cosas y sorprende la naturalidad con que se plantean. Los medios hegemónicos dicen sin tapujos que Juan Andrés Lagos es despedido por sus posiciones sobre Daniel Jadue, Venezuela y el estallido social.

Es decir, basta tomar posición favorable por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien está siendo víctima de todas las fases de la guerra judicial, a quien ya se condenó mediáticamente sin un debido proceso, o pensar que las heridas sociales expresadas el 18 de octubre continúan abiertas y las instituciones no las han canalizado correctamente como para estar del lado de los que no dan garantías democráticas. O peor aún, son razones suficientes para ser despedido de funciones públicas. Por cierto, esto lo dicen los mismos que buscaron financiamiento internacional para dar un golpe de Estado y sostener a una de las dictaduras más cruentas de toda América Latina.

Pensar que con la salida de Juan Andrés Lagos la derecha pondrá los votos para las reformas estructurales antes de que termine el mandato es una cándida ilusión. Como ilusorio es también creer que el movimiento popular está muerto. Todo lo que ha hecho el Partido Comunista -contra la voluntad de la derecha y de otros- es dar cauce y resolver dentro del aparataje institucional los problemas que llevaron al levantamiento popular del Octubre chileno.

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