Rechazo y condena a anuncio de Kast de dar indulto a exuniformados presos por violaciones a los derechos humanos en 2019
“Otorgar indultos a quienes han sido condenados por estos hechos no solo constituiría una señal política profundamente equivocada, sino también un grave retroceso en materia de derechos humanos y en el compromiso del Estado con las víctimas”, se dijo desde la bancada legislativa del PC, AH e Independientes. La senadora Fabiola Campillai declaró que “una vez más ha quedado en evidencia que Kast y su gobierno han llegado con una agenda prodelincuentes”.
“El Siglo”. Santiago. 13/3/2026. Una amplia condena se produjo ante el anuncio del mandatario José Antonio Kast en cuanto a otorgar indulto a exuniformados procesados, condenados y presos por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la revuelta social de 2019.
En una declaración pública, la bancada legislativa del Partido Comunista, Acción Humanista e Independientes se expresó que “manifestamos nuestra más enérgica preocupación y rechazamos categóricamente cualquier medida que abra espacio a la impunidad frente a estos delitos”.
Se indicó que “Chile fue testigo de hechos que marcaron profundamente nuestra historia reciente: personas mutiladas, manifestantes golpeados, detenidos ilegalmente, víctimas de graves abusos e incluso, personas cegadas por disparos como es el caso de la senadora Fabiola Campillai y de nuestro compañero diputado Gustavo Gatica. Detrás de cada caso hay vidas truncadas, familias afectadas y una sociedad que exige verdad, justicia y reparación”.
“Otorgar indultos a quienes han sido condenados por estos hechos no solo constituiría una señal política profundamente equivocada, sino también un grave retroceso en materia de derechos humanos y en el compromiso del Estado con las víctimas”, se dijo en el texto.
Las y los legisladores plantearon que otorgar indultos “no es una potestad ilimitada” y sostuvieron que “su utilización frente a delitos que constituyen violaciones a los derechos humanos colisiona con los principios constitucionales y con las obligaciones internacionales que Chile ha contraído”.
La bancada PC-AH-Independientes hizo ver que “si el Ejecutivo avanzara en decretos de esta naturaleza, corresponderá activar todos los mecanismos institucionales de control, incluyendo la revisión de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional de Chile y la actuación diligente de los tribunales de justicia para resguardar los derechos de las víctimas”.
“Pero más allá del debate jurídico, aquí existe una cuestión ética y democrática fundamental: no se puede gobernar negando el dolor de quienes fueron violentados por el propio Estado. No se puede hablar de orden y autoridad mientras se pretende borrar la responsabilidad de quienes dispararon contra ciudadanos y ciudadanas, cegando ojos, mutilando cuerpos y vulnerando derechos fundamentales” se expresó en la declaración.
En tanto, la senadora Fabiola Campillai declaró que “una vez más ha quedado en evidencia que Kast y su gobierno han llegado con una agenda prodelincuentes. Mucho habla el Ejecutivo sobre el gobierno de emergencia, pero lo único que ha hecho estos primeros días es apoyar la liberación de criminales y hoy vuelve a hacerlo con el tema del indulto. Exigimos al represente de la República y el Ministro de Justicia respetar las decisiones de los tribunales”.
La senadora Campillai agregó: “Presidente, acá hay personas que quedaron ciegas porque las atacaron cuando iban al trabajo, como mi caso. En nombre de las familias y de todas las víctimas de violencia institucional, pedimos que se respete el Estado de Derecho y los derechos humanos”.
Iván Flores, senador de la Democracia Cristiana, expresó que “hay que ser extremadamente cauteloso, no sólo por las señales que se dan, cuando los Tribunales (de Justicia) ya han condenado a una persona. No es cosa de que el Presidente de un plumazo borre lo que fueron investigaciones penales, no lo puede hacer”.
Al cierre de esta edición se estaban produciendo declaraciones de colectivos de derechos humanos y de víctimas de la represión durante la revuelta social de 2019, criticando la idea de indultar a agentes del Estado que violaron los derechos humanos matando y dejando heridos a ciudadanos y ciudadanas.
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