Cuba: ¿Dictadura o Democracia?
Reducir la democracia a la existencia de competencia multipartidaria financiada por capital privado es una definición estrecha y profundamente ideológica. En Cuba no existe el pluralismo de partidos al estilo occidental, pero sí existen mecanismos de participación social, control popular y debate político que suelen ser invisibilizados o directamente negados por la narrativa dominante. No se trata de afirmar que el sistema cubano es perfecto o exento de conflictos. Se trata de reconocer que responde a una concepción distinta de la democracia, vinculada a la soberanía popular y no a la alternancia administrada por élites económicas.
Adrián Prieto. Santiago. 27/2/2026. La acusación de que Cuba es una dictadura y un Estado violador sistemático de los derechos humanos se ha convertido en un lugar común del discurso político occidental. Se repite con la naturalidad de una verdad revelada, sin contexto histórico, sin análisis institucional y, sobre todo, sin contraste con las condiciones materiales en que ese país ha debido existir durante más de seis décadas. No se trata de una descripción objetiva. Es una categoría política construida para deslegitimar una experiencia que desafía el orden hegemónico.
El problema no es solo la acusación en sí, sino el marco desde el cual se formula. Se juzga a Cuba exclusivamente con los parámetros de la democracia liberal representativa, como si esta fuera una forma universal, neutral y desideologizada de organización política. Se omite que ese modelo convive sin escándalo con profundas desigualdades sociales, exclusiones estructurales y violencias normalizadas en gran parte del mundo capitalista. Se exige a Cuba una pureza democrática que no se exige a regímenes aliados de Estados Unidos, muchos de ellos abiertamente autoritarios.
La democracia cubana no responde al molde liberal, y no pretende hacerlo. Se estructura a partir de un sistema de participación que privilegia el ámbito local, la deliberación comunitaria y la elección directa de representantes en instancias de base. Los delegados municipales no surgen de campañas millonarias ni de aparatos partidarios financiados por intereses económicos. Son propuestos y electos en asambleas vecinales, sin intermediación del mercado ni del lobby. Desde ahí se construye una arquitectura institucional distinta, con tensiones, límites y desafíos, pero también con una lógica propia que no puede ser despachada como simple simulación.
Reducir la democracia a la existencia de competencia multipartidaria financiada por capital privado es una definición estrecha y profundamente ideológica. En Cuba no existe el pluralismo de partidos al estilo occidental, pero sí existen mecanismos de participación social, control popular y debate político que suelen ser invisibilizados o directamente negados por la narrativa dominante. No se trata de afirmar que el sistema cubano es perfecto o exento de conflictos. Se trata de reconocer que responde a una concepción distinta de la democracia, vinculada a la soberanía popular y no a la alternancia administrada por élites económicas.
En cuanto a los derechos humanos, el doble estándar es evidente. Se acusa a Cuba mientras se ignora deliberadamente el impacto del bloqueo en el ejercicio efectivo de esos mismos derechos. El derecho a la salud, a la alimentación, al desarrollo y a la vida digna se ven sistemáticamente vulnerados por una política de asfixia económica diseñada desde el exterior. Sin embargo, esa violencia estructural rara vez es incorporada al balance. Se responsabiliza al Estado cubano por carencias que son inducidas, mientras se absuelve al principal agente que las provoca.
Resulta paradójico que se hable de derechos humanos desde países que naturalizan la pobreza, la exclusión racial, la precarización laboral y la mercantilización de la vida. Cuba, aun bajo bloqueo, ha sostenido indicadores sociales que muchos países del llamado mundo libre no garantizan. Acceso universal a la salud y la educación, altos niveles de alfabetización y una red de protección social que ha resistido condiciones extremas. Nada de esto anula los problemas existentes, pero sí obliga a una discusión honesta y no propagandística.
Más allá de los sistemas institucionales, hay un elemento que suele incomodar aún más al discurso hegemónico. El pueblo cubano no es un actor pasivo ni un rehén sin voluntad. Ha sido protagonista de una decisión histórica, sostener un camino propio frente a una presión externa permanente. Esa elección no se explica solo por adhesión ideológica, sino por una memoria colectiva marcada por la dignidad, la resistencia y la conciencia de lo que significa ceder la soberanía.
La persistencia del proyecto cubano no puede entenderse sin reconocer la fuerza social que lo sostiene. No una fuerza acrítica ni homogénea, sino una sociedad que debate, que reclama, que exige cambios y mejoras, pero que distingue con claridad entre sus problemas internos y la agresión externa. Defender la autodeterminación no implica negar las tensiones internas. Implica rechazar que esas tensiones sean utilizadas como excusa para la intervención, el castigo o la tutela.
Cuba incomoda porque demuestra que es posible intentar otro camino. Porque recuerda que la democracia no es un formato único exportable, sino una construcción histórica situada. Porque insiste en que los pueblos tienen derecho a equivocarse, a corregir, a decidir sin amenazas ni bloqueos. Y porque, a pesar de todo, sigue de pie.
Llamar dictadura a Cuba no es un análisis. Es una consigna. Y como toda consigna, sirve más para clausurar el debate que para comprender la realidad. Quienes desde la izquierda repiten ese rótulo sin cuestionar el contexto, el bloqueo y la violencia estructural que pesa sobre la isla, no están ampliando la defensa de los derechos humanos. Están, una vez más, alineándose con el relato del poder hegemónico.
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