A juicio en Miami: el caso de Armando Fernández Larios reabre heridas por crímenes de la dictadura
El nombre de este agente de la DINA está estrechamente ligado a algunos de los episodios más controvertidos de la dictadura militar chilena (1973-1990). Exoficial del Ejército y exagente de la DINA, su figura aparece asociada a múltiples causas judiciales en Chile por crímenes de lesa humanidad.
“Clarín”. Santiago. 19/2/2026. El exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Armando Fernández Larios, deberá comparecer este jueves ante el Tribunal de Inmigración de Miami Krome, en lo que marca el inicio formal de un proceso judicial en Estados Unidos que podría prolongarse por más de un año y que ha reavivado el debate sobre justicia y derechos humanos en Chile.
Fernández Larios fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Fort Myers, Florida, acusado de encontrarse en situación migratoria irregular, luego de haber vivido cerca de cuatro décadas en Estados Unidos tras salir del país en 1987.
Hasta ahora no existen detalles públicos claros sobre su estatus migratorio previo ni si alguna vez contó con asilo en ese país. La audiencia ante el tribunal migratorio será el primer paso de un proceso que puede extenderse durante meses o incluso más de un año, ya que cualquier resolución es apelable ante la Junta de Apelaciones de Inmigración y posteriormente ante cortes federales.
Un pasado marcado por crímenes de lesa humanidad
El nombre de Fernández Larios está estrechamente ligado a algunos de los episodios más controvertidos de la dictadura militar chilena (1973-1990). Exoficial del Ejército y exagente de la DINA, su figura aparece asociada a múltiples causas judiciales en Chile por crímenes de lesa humanidad.
Entre ellas, destaca el asesinato del excanciller Orlando Letelier y de su asistente Ronni Moffitt en Washington D.C. en 1976, caso por el que se entregó en Estados Unidos en 1987 y reconoció su participación. También se le vincula con la llamada “Caravana de la Muerte”, operación represiva que ejecutó y torturó a prisioneros políticos tras el golpe de Estado de 1973, además de investigaciones relacionadas con Pisagua y otros crímenes cometidos durante el régimen militar.
En Chile, la ministra en visita Paola Plaza mantiene abiertas al menos cinco causas en su contra, y la Corte Suprema ha dictado solicitudes de extradición para que responda ante la justicia nacional.
La audiencia en Miami y el proceso migratorio
La comparecencia de este jueves no se centra en los crímenes por los que se le busca en Chile, sino en determinar si Estados Unidos debe expulsarlo o deportarlo —eventualmente a Chile— para que enfrente los procesos pendientes.
El exagente permanece recluido en el Centro de Procesamiento Krome, bajo la categoría de persona en situación migratoria irregular. Fuentes conocedoras del sistema migratorio estadounidense advierten que el proceso puede dilatarse considerablemente debido a las instancias de apelación disponibles.
Desde el Gobierno chileno han señalado que se trata de una causa interna de Estados Unidos contra un ciudadano chileno, por lo que la Cancillería no intervendrá mientras no exista una orden formal de expulsión o deportación. En caso de que se concrete esa decisión, el Estado chileno deberá coordinar su ejecución.
Reacciones de organizaciones de derechos humanos
Agrupaciones de derechos humanos han seguido el caso con atención y han emitido declaraciones públicas reclamando acciones concretas para garantizar que Fernández Larios enfrente la justicia en Chile.
El Grupo de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) exigió medidas “concretas y urgentes” para asegurar su deportación, señalando que la detención abre una oportunidad judicial relevante tras décadas de procesos inconclusos. Para estas organizaciones, la vía de expulsión podría resultar más expedita que los prolongados trámites de extradición.
Abogados querellantes han advertido, sin embargo, que la prolongación del proceso migratorio podría dilatar aún más el eventual retorno del exagente, lo que generaría nuevas frustraciones entre las víctimas y sus familias.
Un caso que revive debates pendientes
El proceso contra Fernández Larios vuelve a poner en el centro la discusión sobre justicia transnacional, cooperación judicial y la deuda pendiente en materia de derechos humanos.
Aunque la audiencia en Miami tiene carácter migratorio, su desenlace podría tener consecuencias directas en las causas abiertas en Chile. Para las víctimas y sus familiares, el trámite representa una posibilidad concreta de que, después de décadas, el exagente responda ante tribunales nacionales por los crímenes que se le imputan.
La comparecencia de este jueves es apenas el primer paso de un proceso complejo, pero simbólicamente significativo: un nuevo capítulo en la larga búsqueda de verdad y justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura.
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