Un año en el poder: Trump, los conflictos de interés y la normalización de la corrupción
Vastos episodios confirman la lógica central del segundo mandato de Trump: el poder político como activo transable y la presidencia como garantía última de impunidad y rentabilidad.
Crismar Lujano. “Diario Red”. 20/1/2026. El segundo mandato de Donald Trump cada vez se parece menos a una presidencia y más a el ecosistema de negocios familiares anclado en la Casa Blanca. A un año de su regreso, el balance no deja lugar a ambigüedades: el poder presidencial ha sido utilizado de forma sistemática como palanca de enriquecimiento personal, familiar y para un reducido círculo de aliados políticos y económicos.
Es cierto que la ley federal no obliga a los presidentes a desprenderse de sus activos, pero la tradición política sí había impuesto límites claros. Trump volvió a romperlos. Por ejemplo, aunque la Organización Trump anunció que el presidente no participaría en la gestión diaria y que sus activos estarían en un fideicomiso administrado por sus hijos, el presidente sigue siendo el beneficiario último de un vasto imperio inmobiliario y de marca que prospera en paralelo y a favor a sus decisiones políticas.
Mercados al vaivén del poder presidencial
Uno de los episodios más reveladores del año tuvo lugar tras el llamado “día de la liberación”, cuando Trump impuso aranceles unilaterales a países de todo el mundo. El impacto fue inmediato: subieron los precios, cayeron los fondos de jubilación y los mercados globales se tiñeron de rojo. El mercado bursátil, uno de los indicadores que Trump suele exhibir como termómetro de éxito, registró sus peores jornadas desde el inicio de la pandemia.
Ocho días después, el presidente suspendió parcialmente los aranceles. Pero justo antes de anunciar la reversión publicó en Truth Social: “¡¡¡Este es un gran momento para comprar!!!”. Tras la marcha atrás, los mercados se dispararon y el S&P vivió su mayor subida diaria en casi 20 años al recuperar cerca de 4 billones de dólares, o el 70%, del valor que había perdido en los cuatro días de negociación anteriores.
Criptomonedas, política exterior y negocios familiares
El giro de Trump hacia una retórica abiertamente favorable a las criptomonedas coincidió con intereses financieros directos. El presidente declaró ingresos por casi 217.000 dólares en NFT y la posesión de entre 1 y 5 millones de dólares en ethereum, mientras prometía una regulación más laxa que la de administraciones anteriores.
Más delicado aún es el papel de World Liberty Financial, empresa de criptomonedas fundada por las familias Trump y Witkoff. Una de las mayores fuentes de ingresos reveladas por el presidente fue una venta de tokens por 57 millones de dólares a través de WLF Holdco LLC, propietaria de la firma, que se jacta de estar dirigida activamente, en parte, por los hijos del mandatario.
El caso adquiere una dimensión geopolítica cuando se cruza con los Emiratos Árabes Unidos. Tras el depósito de 2.000 millones de dólares realizado por un alto funcionario emiratí en la compañía, Washington firmó un acuerdo que permitió a Emiratos acceder a chips de Inteligencia Artificial fabricados en Estados Unidos. Entre los actores clave figura Steve Witkoff, enviado presidencial a Medio Oriente.
La Casa Blanca como plataforma de marca
Los documentos financieros presentados este año, ofrecen una radiografía del negocio Trump en plena presidencia. Zapatos, fragancias, relojes, guitarras y otros productos que utilizan su nombre, imagen y semejanza generaron millones de dólares en regalías.
Destaca el caso de la Biblia “Dios bendiga a Estados Unidos”, del cantante Lee Greenwood, que reportó más de 1,3 millones de dólares al presidente. Durante la campaña de 2024, Trump publicó un vídeo instando a sus seguidores a comprarla para “hacer que Estados Unidos vuelva a orar”.
Favores y acceso privilegiado
La lógica transaccional también se trasladó al sector audiovisual. Según reveló el periodista Michael Wolff, desde el entorno de Trump se sugirió a Warner Bros. Discovery que, si quería congraciarse con la administración , podría ofrecer a Donald Trump Jr. un programa de caza y pesca en Discovery Channel.
El propio Wolff citó como “ejemplo” el acuerdo con Amazon para un documental sobre Melania Trump. Amazon Prime Video pagó 40 millones de dólares por el documental principal y una docuserie de seguimiento, dirigida por Brett Ratner. El proyecto fue presentado personalmente por Melania Trump a Jeff Bezos durante una cena en Mar-a-Lago. Para ese entonces, el fundador de Amazon ya llevaba meses cultivando su relación con el presidente, desde gestos editoriales hasta su presencia en la investidura.
Fondos públicos, propiedades privadas
Mientras la administración impulsaba recortes drásticos en educación, salud pública y agencias federales, Mar-a-Lago recibió 1,8 millones de dólares en “mejoras de seguridad” financiadas por los contribuyentes. Esto en un contexto en el que el ya no existente Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encabezado por Elon Musk, desmantelaba programas públicos y despedía a decenas de miles de empleados federales.
A esto se suman los costes recurrentes de los viajes de golf de Trump. Durante su primer mandato, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental estimó un gasto medio de 13,6 millones de dólares por viaje a Mar-a-Lago, parte del cual terminó directamente en empresas propiedad del propio presidente.
Vender acceso al poder
Si algo ha caracterizado este primer año es la mercantilización del acceso presidencial. Conversaciones privadas con Trump se ofrecieron a cambio de donaciones de 5 millones de dólares al súper PAC MAGA Inc. Antes, una cena grupal en Mar-a-Lago costaba un millón por asiento; después llegaron cenas de criptomonedas anunciadas como “la invitación más exclusiva del mundo”, a 1,7 millones de dólares por persona.
Regalos, “donaciones” y el regreso de los emolumentos
Si en el primer año del segundo mandato Trump ha normalizado la venta de acceso, también ha normalizado la recepción de beneficios personales directos de gobiernos extranjeros, grandes corporaciones y élites económicas estadounidenses. El caso más gráfico es el del avión de lujo de 400 millones de dólares regalado por Qatar. El aparato, cuya aceptación vulnera de forma explícita la Cláusula de Emolumentos de la Constitución, no solo será utilizado por Trump durante su presidencia, sino que pasará a su propiedad personal cuando deje el cargo.
Mientras la administración impulsaba recortes drásticos en educación, salud pública y agencias federales, Mar-a-Lago recibió 1,8 millones de dólares en “mejoras de seguridad” financiadas por los contribuyentes.
La paradoja es doble. Convertir el avión en un nuevo Air Force One costará cientos de millones de dólares adicionales a los contribuyentes, y es posible que la aeronave ni siquiera esté lista antes de que Trump abandone la Casa Blanca, momento en el que se la llevará consigo.
A este episodio se suma un entramado de presión y coacción sobre el sistema legal. Los bufetes de abogados más influyentes del país han aceptado proporcionar casi 1.000 millones de dólares en servicios jurídicos “pro bono” para causas conservadoras preferidas por el presidente. Trump anunció acuerdos con cinco grandes firmas que, en conjunto, han sumado 940 millones de dólares, cifra que previsiblemente seguirá creciendo. El mecanismo, amenazas veladas o explícitas de sanciones punitivas, investigaciones regulatorias o represalias políticas, ha encendido alarmas en la profesión jurídica, que ve en estos acuerdos un precedente peligroso de captura del Estado de derecho.
El mismo patrón aparece en el frente mediático. Trump ha cerrado acuerdos multimillonarios derivados de demandas ampliamente consideradas infundadas contra empresas de comunicación. Entre ellos destaca un pacto con Paramount, que coincidió con el interés del conglomerado en que la Federal Communications Commission aprobara una fusión clave para su negocio.
El proyecto de construir un salón de baile adicional de 300 millones de dólares en la Casa Blanca completa el cuadro. Las donaciones proceden de individuos y empresas que podrían beneficiarse directamente de las políticas de la administración. En la lista figuran gigantes tecnológicos como Amazon, Google y Meta, así como numerosos inversores multimillonarios. Algunos donantes enfrentan investigaciones federales en curso y parte de los aportes se mantiene en secreto.
Un gabinete sin cortafuegos éticos
La otra cara del problema es estructural. Trump no solo se beneficia personalmente: ha creado un entorno permisivo para que sus subordinados hagan lo mismo. Los miembros de su gabinete conservan el poder pese a conflictos de interés sin precedentes y acumulan, en conjunto, un patrimonio estimado en al menos 1.500 millones de dólares, según datos citados por The New York Times.
A diferencia de administraciones anteriores, no se adoptaron directrices éticas formales para altos cargos. Peor aún, se desamantelaron las protecciones existentes. El primer día de su segundo mandato, Trump firmó una orden ejecutiva que anuló la normativa ética impuesta por Joe Biden en 2021, levantando las prohibiciones que impedían a funcionarios aceptar grandes regalos de lobistas y eliminando los periodos de enfriamiento que restringían el tránsito entre el sector privado y el poder ejecutivo.
A diferencia de administraciones anteriores, en esta no se adoptaron directrices éticas formales para altos cargos. Peor aún, se desmantelaron las protecciones existentes.
La ironía histórica es difícil de ignorar. Trump llegó a Washington prometiendo “drenar el pantano”. Hoy, su administración rehabilita abiertamente el tráfico de influencias como práctica aceptable. El caso de Elon Musk es revelador: mientras ocupaba una posición de enorme influencia dentro del Ejecutivo, Musk pudo promocionar vehículos Tesla frente a la Casa Blanca y ver cómo el Departamento de Estado autorizaba la compra de 400 millones de dólares en Tesla Cybertrucks blindados.
El resultado es un Estado sin cortafuegos, donde la frontera entre interés público y beneficio privado ha sido deliberadamente borrada.
Lejos de ser una anomalía, estos episodios confirman una lógica central del segundo mandato de Trump: el poder político como activo transable, y la presidencia como garantía última de impunidad y rentabilidad en un sistema multinivel diseñado para favorecer a quienes están en posición de beneficiarlo económicamente.
La entrada Un año en el poder: Trump, los conflictos de interés y la normalización de la corrupción se publicó primero en El Siglo.
