EL EDITORIAL. ¿Hay un aviso de la gente de Kast de que serán reprimidos quienes se manifiesten?
No sólo es muy grave, sino que adelantaría una política pública de represión y uso de la fuerza de las policías y hasta de las Fuerzas Armadas, que voceros partidarios del presidente electo digan que la movilización social es generar violencia, incendiar las calles, desestabilizar al gobierno, provocar el caos. Con ello, aparece un primer peligro con la nueva administración y es el de repetir prácticas represivas y violentas de las policías, provocar violaciones a los derechos humanos, atentar contra derechos civiles y terminar con los protocolos que protegen a quienes se manifiestan. Los personeros de Kast pueden recoger experiencia en esas prácticas de sus aliados Javier Milei, Daniel Noboa y Nayib Bukele. Algo que se podría convertir en el sello de gobierno de Kast, alejándolo de sus propósitos de crear un clima de seguridad.
“El Siglo”. El Editorial. Santiago. 10/1/2026. ¿Alguien piensa que las chilenas y los chilenos se deben limitar a votar por candidaturas de los partidos políticos y luego no participar en la vida política y social del país? ¿Alguien piensa que llegado el gobierno de José Antonio Kast no puede haber movilizaciones y que de existir se aplicará “mano dura”? ¿Alguien cree que si se despliega el movimiento feminista, las y los trabajadores, los estudiantes, los indígenas, los pobladores, es porque los incita un partido político? ¿Alguien cree que la gente movilizada provoca violencia, desestabilización, caos? ¿Alguien piensa que los sindicatos, las federaciones estudiantiles, los colectivos feministas, las organizaciones de derechos humanos, las instancias de pueblos originarios, las organizaciones de pobladores, no deben manifestarse?
Sí, hay quienes piensan así, y lo expresan en sus vocerías y amenazas. Son los dirigentes y legisladores de Republicanos, la UDI, RN, los medios conservadores, los centros de estudio y académicos afines a la derecha y la extrema derecha, columnistas y asesores de ese sector y gente cercana al próximo gobierno de José Anotnio Kast.
Esas posiciones están en contra de la expresión del mundo social y la sociedad civil en los procesos que vive el país, no creen en la democracia participativa, apuntan a denostar a la diversidad de organizaciones sociales y civiles, criminalizan la expresión ciudadana, estigmatizan a quienes se manifiestan con la última caricatura de ponerlos como “octubristas”, advierten de “graves consecuencias” y “mano dura” a quien se moviliza, instalan el miedo a participar y expresarse. Es la viaje tesis de que el pueblo se ve mejor quedándose en sus casas.
No sólo es muy grave, sino que adelantaría una política pública de represión, uso de la fuerza de las policías y hasta de las Fuerzas Armadas, que voceros partidarios de Kast digan que la movilización social es generar violencia, incendiar las calles, desestabilizar al gobierno, provocar el caos. Con ello, aparece un primer peligro con la nueva administración y es el de repetir prácticas represivas y violentas de las policías, provocar violaciones a los derechos humanos, atentar contra derechos civiles y terminar con los protocolos que protegen a quienes se manifiestan. Los personeros de Kast pueden recoger experiencia en esas prácticas de sus aliados Javier Milei, Daniel Noboa y Nayib Bukele.
Hay que considerar situaciones como la del exgeneral de Carabineros, Enrique Bassaletti, señalado como asesor en materia de seguridad del presidente electo, vinculado al Partido Republicano, quien como oficial de la policía uniformada coordinó operativos represivos contra ciudadanos y fue sumariado por la Contraloría General sancionándolo con 30 días de suspensión por mal uso de gases lacrimógenos y escopetas contra manifestantes y que hoy planteó que quienes llaman a movilizarse y quienes se movilicen “tendrán dura y determinante respuesta”.
En esta línea de disparos políticos y comunicacionales contra los movimientos sociales y de la sociedad civil, se quiso poner en la guillotina al Partido Comunista. Pero, intencionadamente, se omitió decir que las principales manifestaciones sociales en el país son convocadas y protagonizadas por movimientos feministas, organizaciones laborales, colectivos de derechos humanos y la cultura, por federaciones estudiantiles, por organizaciones indígenas y medioambientalistas y no por el PC. En rigor, es a esos sectores a los que se amenaza con “mano dura”, consecuencias graves, represión, violación de derechos, impedimentos a expresarse, medidas autoritarias para impedir movilizaciones y se les criminaliza.
Si todo eso se materializa, el país podría estar asistiendo a un escenario de graves violaciones a los derechos humanos, atentados a la participación social y los derechos civiles, la supremacía de políticas públicas represivas y una situación de alto nivel de autoritarismo.
Algo que se podría convertir en el sello de gobierno de Kast, alejándolo de sus propósitos de crear un clima de seguridad y querer tener notoriedad por índices financieros macroeconómicos. Carabineros e incluso militares reprimiendo a mujeres, trabajadores, estudiantes, indígenas, activistas de derechos humanos, gente de la cultura y los colectivos medioambientalistas podría ser el sello de la administración de Kast. Y que se haga acusando a quienes se expresen de ser comunistas o que están manejados por fuerzas externas, “humanoides” y hasta alienígenas, como se dijo en el pasado.
¿“Todo va a estar bien” el 2026 para la gente como proclamó Kast en Año Nuevo? Surgen temores de que eso sea así.
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