Despidos de diciembre y lógica del ajuste: cuando la educación pública se administra como gasto
Los despidos de diciembre no solo persisten en sistemas municipales en retirada; comienzan a instalarse también en territorios administrados por SLEP. La razón de fondo es la misma: un financiamiento insuficiente, sin base estructural sólida, que obliga a ajustar dotaciones para solucionar falta de presupuesto. Cambia el administrador, pero no la lógica. El problema no era exclusivamente el municipio: era y sigue siendo el modelo de financiamiento.
Arnoldo Macker Aburto. Profesor, experto en Gestión y Política Educacional. Santiago. 1/2026. Cada diciembre, en muchas comunas del país, se repite una escena que ya se ha vuelto tristemente habitual: docentes despedidas y despedidos al cierre del año escolar, contratos que no se renuevan, horas lectivas reducidas, equipos pedagógicos desarticulados. No se trata de episodios aislados ni de errores administrativos puntuales. Es la expresión más descarnada de una lógica estructural que concibe la educación pública no como un derecho social ni como una inversión estratégica, sino como un ítem de gasto que debe ajustarse cuando los números no cuadran.
Durante años, los municipios tensionados por presupuestos crónicamente deficitarios sostuvieron una relación contradictoria con la educación. Por una parte, administraron escuelas que cumplen un rol insustituible en la cohesión social, el acceso al conocimiento y la vida comunitaria de los territorios. Por otra, debieron operar bajo un sistema de financiamiento que nunca cubrió los costos reales del servicio educativo. La subvención escolar, diseñada bajo lógicas de eficiencia y competencia propias del mercado, no alcanzó para invertir, innovar ni siquiera para asegurar condiciones laborales estables.
Con la creación de los Servicios Locales de Educación Pública, se prometió superar esta fragilidad estructural. La desmunicipalización se presentó como un giro histórico: el Estado retomando la responsabilidad directa sobre la educación pública, asegurando continuidad, planificación de largo plazo y mayor estabilidad. Sin embargo, en la práctica, muchos de los problemas que se atribuían a la gestión municipal han comenzado a reproducirse e incluso a profundizarse bajo la nueva institucionalidad.
Hoy, los despidos de diciembre no solo persisten en sistemas municipales en retirada; comienzan a instalarse también en territorios administrados por SLEP. La razón de fondo es la misma: un financiamiento insuficiente, sin base estructural sólida, que obliga a ajustar dotaciones para solucionar falta de presupuesto. Cambia el administrador, pero no la lógica. El problema no era exclusivamente el municipio: era y sigue siendo el modelo de financiamiento.
Ante este escenario, el ajuste vuelve a recaer donde siempre: en las y los funcionarios de educación, docentes, equipos directivos y asistentes de la educación, todos personas que poseen familias a las cuales sustentar.
Pero no solo en las personas y mencionadas. El ajuste también golpea con fuerza a los proyectos educativos innovadores, aquellos que intentaron ir más allá del mínimo exigido por la norma. Programas de apoyo pedagógico, iniciativas de inclusión, proyectos artísticos, culturales, socioemocionales, comunitarios o de fortalecimiento del trabajo docente, como tutorías y centros de apoyo suelen, ser los primeros en desaparecer cuando se instala el discurso del recorte. Bajo la excusa del gasto, se desmantelan experiencias que daban sentido, identidad y proyección a la educación pública en los territorios.
En muchos casos, el traspaso a SLEP ha operado como argumento adicional para suspender o reducir estas iniciativas: “no es viable sostenerlas”, “no están contempladas en la nueva estructura”, “habrá que esperar la nueva planificación”. Así, proyectos construidos durante años se diluyen en nombre de la transición administrativa, sin evaluación pedagógica real ni compromiso con su continuidad. La innovación educativa queda relegada a un lujo prescindible, cuando en realidad es una condición básica para enfrentar la desigualdad y la complejidad social de las escuelas públicas.
Los despidos de diciembre sean municipales o bajo administración SLEP, no responden a evaluaciones pedagógicas profundas ni a decisiones orientadas por el proyecto educativo. Responden a cierres contables, balances financieros y decisiones tomadas desde la urgencia presupuestaria. La lógica es simple y brutal: el año termina, los recursos no alcanzan, y tanto las personas como los proyectos se transforman en variables de ajuste. Así, la educación deja de pensarse como proyecto público y se administra como costo a contener.
Esta racionalidad tiene consecuencias profundas y persistentes:
- Rompe la continuidad pedagógica, afectando directamente a estudiantes que año tras año ven cambiar a sus docentes y desaparecer programas que les daban apoyo y sentido a su trayectoria escolar.
- Precariza el trabajo docente, incluso en sistemas que prometían estabilidad, debilitando el compromiso institucional y la posibilidad de innovar.
- Destruye la innovación educativa, instalando una cultura de sobrevivencia que premia la obediencia administrativa por sobre la creatividad pedagógica.
- Vacía de sentido el discurso de calidad, porque no existe calidad sin estabilidad, sin equipos consolidados ni sin proyectos educativos vivos.
A ello se suma un elemento político insoslayable: la falta de compromiso social de muchos alcaldes y autoridades locales, o su renuncia explícita a tomar decisiones en defensa de la educación pública. En lugar de tensionar al Estado central, exigir financiamiento suficiente o asumir un rol activo en la defensa del derecho a la educación, optan por administrar el ajuste, normalizar los despidos y justificar el desmantelamiento de proyectos en nombre de la “responsabilidad fiscal”.
No es solo falta de recursos.
Es falta de decisión política.
Gobernar la educación pública no es solo cuadrar presupuestos: es asumir costos políticos, defender a las comunidades educativas y sostener la educación como un bien común, incluso cuando ello incomoda o tensiona el equilibrio financiero. Cuando esa voluntad no existe, el ajuste se naturaliza y la educación pública se debilita desde dentro.
Pero hay una dimensión que no puede quedar fuera del análisis: la humana y solidaria.
Cada despido de diciembre no es solo una cifra en un informe. Es una familia que entra en incertidumbre, una trayectoria profesional interrumpida, un proyecto de vida que queda en suspenso. Y cada proyecto innovador que se cancela es una oportunidad perdida para estudiantes y comunidades que encontraron en la escuela un espacio de dignidad, creación y futuro.
La solidaridad con las y los docentes sin trabajo, y con las comunidades que ven desmantelados sus proyectos educativos, no puede ser retórica. Debe ser una solidaridad activa, política y colectiva, que rechace la normalización del ajuste como destino inevitable y exija decisiones estructurales en defensa de la educación pública.
Lo más grave es que este fenómeno no es accidental ni transitorio. Es coherente con un modelo que trasladó primero a los municipios y luego a los SLEP la responsabilidad de garantizar un derecho social, sin modificar de manera sustantiva la arquitectura del financiamiento. El Estado cambia de forma, pero no de lógica: exige resultados, continuidad e innovación, mientras administra la educación pública bajo criterios de austeridad.
En ese cruce, la educación vuelve a perder.
Y con ella, las y los docentes, las comunidades educativas y el futuro común, nuestras niñas, niños y jóvenes.
Mientras el financiamiento siga siendo insuficiente, mientras no exista un aporte basal real que garantice estabilidad y continuidad de proyectos, mientras la innovación siga siendo tratada como gasto y no como inversión social, y mientras falte decisión política para defender la educación pública, los despidos de diciembre y el desmantelamiento de proyectos seguirán siendo parte del paisaje educativo chileno, con o sin municipios, con o sin SLEP.
No es un problema técnico.
No es una fatalidad administrativa.
Es una decisión política.
Y expresa con claridad una pregunta que el país ya no puede seguir postergando:
¿La educación pública, sus docentes, sus proyectos y sus comunidades es una inversión estratégica para el futuro colectivo, o un gasto incómodo que se recorta cada vez que falta voluntad política?
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