“Hay una ofensiva de la oposición y del nuevo gobierno en contra de los trabajadores públicos”: Luis Cuello
El diputado dijo que hablar de “amarre” de empleos en el Estado “es una descalificación hacia miles de personas, estamos hablando de 300 mil trabajadores públicos a lo largo de todo el país”. Contrario a lo que afirma la derecha, el legislador sostuvo que el acuerdo entre el gobierno y la Mesa del Sector Público “implica dar una cierta garantía de estabilidad a los trabajadores a contrata, que no son funcionarios de confianza política, que son trabajadores del Estado”. Al mismo tiempo defendió avanzar en la negociación ramal y aseveró que no le sorprende el rechazo de la oposición “porque siempre la derecha y el empresariado se han opuesto a dar esta discusión”. El congresista del PC habló de la agenda legislativa del próximo año, de reuniones que habrá en la bancada comunista y dijo que está abierto el diálogo con partidos, incluido el PDG, para la presidencia de la Cámara Baja.
Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 28/12/2025. Queda alrededor de un mes de trabajo legislativo, antes de que termine este período. ¿Dónde están las urgencias, los pendientes?
De lo que podemos avanzar ahora y dejar encaminados debates, considero muy importante comenzar la discusión sobre la negociación ramal, dado que el gobierno anunció que presentará una iniciativa el 5 de enero, y es un tema laboral muy importante. Por cierto, es un compromiso que tenía este gobierno. Es importante que comencemos a escuchar a los distintos actores involucrados, a los trabajadores, a la Central Unitaria de Trabajadores, a los empleadores, y espero que avancemos. Esta herramienta de la negociación ramal es la que permite crear condiciones de mejoras respecto a la relación laboral y derechos de los trabajadores. Otro tema importante es la discusión que viene por el reajuste del sector público y temas laborales asociados. También hay asuntos importantes en educación, como el que fortalece el sistema de educación pública, que contiene, por ejemplo, temas de infraestructura y recursos, y el nuevo sistema de financiamiento para la educación superior.
¿Qué pasa con los proyectos de aborto y eutanasia?
Son iniciativas presentadas, deberían discutirse. Ahora, recordemos que quedan cuatro semanas legislativas en enero, dos en marzo, no queda mucho tiempo, entonces espero que el debate avance. Esta situación nos debe llevar, en todo caso, a la reflexión respecto a la oportunidad en que se presentan los proyectos, si algo se puede evaluar críticamente es que algunos compromisos programáticos fueron dilatados en el tiempo y eso puede implicar un retraso.
¿En todo caso esos proyectos pasan para el próximo período legislativo?
Sí, al menos que exista alguna iniciativa del gobierno futuro que retire proyectos o tome otras medidas. Hay distintos factores, por ejemplo, cómo se compondrán las comisiones legislativas tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado.
En el ámbito laboral hay controversia por el proyecto de negociación ramal y por la ley de reajuste y garantía de estabilidad laboral para trabajadoras y trabajadores del Estado. La derecha se opone, incluso están planteando una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por lo que llaman “ley de amarre” al proyecto para garantizar la estabilidad laboral en el sector público.
Respecto a la ramal no me sorprende mucho porque siempre la derecha y el empresariado se han opuesto a dar esta discusión que es estratégica. Merece una preocupación especial lo que está pasando con la ley de reajuste, donde hay un acuerdo del gobierno con la Mesa del Sector Público que implica dar una cierta garantía de estabilidad a los trabajadores a contrata, que no son funcionarios de confianza política, que son trabajadores del Estado y no de un gobierno de turno. Esto aborda un problema que se generó con el cambio de criterio de la Contraloría General respecto a “la confianza legítima”, que era algo que daba cierta estabilidad a los trabajadores del Estado, y eso fue desestimado el año pasado y generó una inestabilidad. Lo que busca este acuerdo, ahora, es dar esa estabilidad a los empleados a contrata. Entonces hay una tergiversación, una lectura mañosa por parte de la oposición y del futuro gobierno de hablar de “amarre” de empleos, incluso llegan a compararlo con las leyes de amarre de (Augusto) Pinochet, lo que me parece un completo despropósito, es una comparación impertinente, odiosa y falsa. Quiero recordar que nosotros presentamos un proyecto de ley de “confianza legítima” y se discutió en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, cuando yo era presidente de esa comisión lo puse en tabla, se votó en general, y perseguía lo mismo que esta norma que se acuerda ahora. En esa discusión, y ahí está lo relevante, la derecha, en la comisión, votó a favor, defendieron brindar estabilidad a los trabajadores del sector público. Más aún, el diputado Henry Leal, de la UDI, propuso que esta norma más que estar en un proyecto de ley, estuviera en el reajuste porque era una vía más rápida y viable de darle garantía a los trabajadores públicos. Entonces, me parece muy sorprendente que una propuesta que ellos mismos sostuvieron, ahora sea motivo de cuestionamiento e incluso de una acusación constitucional contra un ministro. Hay un enorme doble estándar por parte de la derecha y particularmente de la UDI, ya que ellos propusieron que la estabilidad laboral se incorporara en la ley de reajuste.
Más allá de las críticas al gobierno por ese acuerdo, como que se coloca en tela de juicio a miles de empleados públicos, los dejan como operadores políticos, se asume que no tienen derecho a una estabilidad como trabajadores del Estado, porque la evidencia muestra que no son empleados de un gobierno en particular.
Hay una ofensiva de la oposición y de gente del nuevo gobierno en contra de los trabajadores públicos que parte de la base de una descalificación hacia ellos, recuerda el discurso de los parásitos, de reducir empleos en el Estado, es una descalificación hacia miles de personas, estamos hablando de 300 mil trabajadores públicos a lo largo de todo el país. Preocupa también la debilidad de respuesta de sectores del oficialismo que han cedido ante esta ofensiva contra los empleados públicos, se está haciendo una lectura errada respecto a lo que está pasando.
¿Dónde colocaría las prioridades en la agenda legislativa que empieza el 11 de marzo del próximo año?
Las iniciativas que tengan que ver con fortalecer la educación pública, nos preocupa que la educación pública cuente con mayores herramientas y recursos, que se consolide en el tiempo, porque finalmente es la que permite brindar un horizonte a los jóvenes chilenos en un escenario de desigualdad profunda que hay en el país. El ámbito de la seguridad vial, que está golpeando a las y los ciudadanos, que está invisibilizado, sobre todo respecto a los numerosos accidentes que se han producido por conductores que manejaban bajo la influencia de la droga, sobre todo en el transporte público. Estamos avanzando en algunas iniciativas con el Ministro de Transporte, tenemos un proyecto de ley, para que un conductor de un bus que conduzca drogado o bajo el efecto de bebidas alcohólicas, sea severamente sancionado. Nosotros aquí en Valparaíso en un año tenemos dos estudiantes muertos a consecuencia de conductores bajo el efecto de droga. También seguir avanzando en leyes que refuercen derechos laborales, mejorar en el sector salud.
El futuro gobierno está anunciando con entusiasmo el envío de un proyecto para tipificar como delito el ingreso irregular de migrantes, de sancionar al migrante ilegal, ¿ustedes van a apoyar esa iniciativa?
No es nuevo que presenten ese tipo de proyectos, ya lo han hecho en el Congreso. Ahora, si bien es cierto hay un fenómeno migratorio que es regional, que es mundial, y que requiere de un abordaje de políticas públicas, tipificarlo como delito no es el camino, de ninguna manera, porque ¿qué significa eso?, significa que todas las personas que son migrantes, que están en una situación irregular tengan que ir a parar a la cárcel. Eso es descabellado, no tiene ningún sentido, no es una solución al fenómeno, es parte del relato populista que pretende reconducir todos los problemas sociales a lo punitivo.
¿Ustedes apoyarían una persona del Partido de la Gente para presidir de la Cámara de Diputadas y Diputados en el próximo período legislativo?
Las bancadas del oficialismo están dialogando, hay que tener una apertura al diálogo con todas las fuerzas políticas que estén en la vertiente de la futura oposición, eso podría incluir al PDG. Hay que avanzar hacia un acuerdo administrativo para darle una buena gobernanza a la Cámara y para que la ciudadanía pueda ver que se tramitan proyectos que les interesan. Espero que concurran las voluntades, es algo que está en una etapa muy temprana, pero lo importante es que exista voluntad de diálogo.
¿Entonces ubica al PDG en el bloque de la futura oposición?
Son definiciones que ellos tienen que adoptar, cómo se definen. Sí es importante conversar con ellos y las otras fuerzas políticas.
¿Cómo ve la coordinación en el Congreso entre las y los legisladores de Socialismo Democrático, Frente Amplio, Democracia Cristiana, Acción Humanista, Partido Comunista? Algunos dirigentes dicen que terminado este gobierno termina la coalición y no habría una instancia común.
Estamos en una etapa de ansiedad por hacer un diagnóstico del resultado electoral, del gobierno, respecto a cómo funcionaron las dos coaliciones de gobierno, y a partir de esos diagnósticos pueden surgir otras reconfiguraciones. Pero lo importante, como principio para comenzar a conversar respecto a lo que suceda desde marzo del próximo año, es generar una unidad de las fuerzas democráticas, de las fuerzas progresistas y de izquierda, y que se tomen lecciones de este período. Hay que considerar en todo esto las expresiones de la base social, de las bases de los partidos, y del trabajo legislativo. Hay que tener una mirada integral, no solamente en cuanto a una coordinación en el Congreso, sino establecer qué tipo de oposición seremos, cuáles serán nuestros ejes políticos, y a partir de ahí construir cursos de acción en conjunto.
“Será muy importante defender los avances alcanzados en derechos sociales”
¿Usted cómo caracterizaría la oposición que habrá a partir de marzo del 2026?
Es una discusión que hay que dar, sobre todo cómo lo hará o lo ve el conjunto de fuerzas. Desde mi postura, creo que será muy importante defender los avances alcanzados en derechos sociales, en la reforma de pensiones que es muy relevante para mejorar la vida de muchas personas, defender lo logrado. Eso es un punto de partida. También será importante fiscalizar de forma rigurosa los actos de gobierno, no permitir ningún retroceso. Tener una oposición que siempre vaya de la mano con los actores sociales, sindicales, vecinales. La forma en que se construya la oposición, dependerá de cuáles serán los elementos del diagnóstico que hagamos, qué respuestas no hemos dado y hay que buscar.
¿Tienen despejada la amenaza de que el presidente electo gobierne en base a decretos y se salte el Congreso?
Eso lo veo improbable. Para llegar a ese punto se requerirían unas reformas constitucionales para lo cual no existirían mayorías, lo veo difícil. Eso no implica el estar siempre alertas a los intentos de retroceder en políticas públicas que beneficien a las personas. Por eso reitero, la señal que se están dando respecto a los empleados públicos, es una señal política de la derecha sobre la que hay que poner atención.
¿Cómo están viendo el trabajo de la nueva bancada legislativa del Partido Comunista, cómo van a definir su coordinador o coordinadora?
Son temas que comenzaremos a coordinar, deberíamos hacer una reunión con todas y todos los parlamentarios comunistas y los que son independientes y que fueron apoyados por el partido, y a partir de ahí ir tomando definiciones. Estoy esperanzado en que la nueva bancada del Partido Comunista más los independientes, seamos un aporte a la construcción de la izquierda, del movimiento social y sobre todo un aporte a la construcción de la agenda legislativa que conecte y que recoja las demandas populares.
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