Fallo absolutorio en el caso SQM, la evidencia de una administración de justicia desigual
En medio de una creciente crisis de legitimidad del sistema judicial chileno, los tribunales absolvieron de sus cargos a los ocho acusados en el caso SQM, uno de los mayores escándalos de corrupción política de la última década. Este veredicto ha generado una ola de críticas y ha dejado un manto de dudas sobre la forma en que la Fiscalía encauzó la indagatoria y sobre los argumentos de las dos juezas (de un total de tres) que votaron a favor de absolver a los imputados. Ante esto, el Partido Comunista emitió una declaración pública donde alerta de la diferencia que existe en la administración de justicia hacia el exalcalde Recoleta, Daniel Jadue, en relación a otros casos de connotación pública, en los cuales los candidatos pudieron ejercer sus derechos políticos y postular libremente, incluso con juicios en curso.
Santiago. 25/10/2025. Sorpresa, polémica y una ola de críticas se dejaron ver esta semana tras el fallo del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que absolvió de los cargos de delitos tributarios, cohecho y soborno a los ocho acusados en el caso de financiamiento ilegal de la política por parte de la “Sociedad Química y Minera” (SQM), la segunda productora de litio en el mundo.
Es así como el veredicto de mayoría de las magistradas Andrea Santos y María Teresa Barrientos (que votaron a favor) y de Carolina Paredes (que lo hizo en contra), dejó sin condenas a Carmen Luz Valdivieso, Marisol Cavieres, Marcelo Rozas, Roberto López, Cristián Warner, Patricio Contesse, Marco Enríquez-Ominami (MEO) y Pablo Longueira.
La investigación del Ministerio Público (fiscalía) en el caso SQM -que partió a fines el 2014 y que se prolongó por más de 10 años- pasó por diferentes fiscales, quienes lograron develar detalles del financiamiento ilegal de la política realizado por SQM, minera controlada por el exyerno del dictador Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou.
Políticos de diferentes colectividades se vieron involucrados en el caso SQM, desde la UDI al Partido Socialista (PS) y hubo más de 180 procesados, la mayoría personas que emitieron boletas falsas por trabajos que nunca hicieron y que eran pagadas por SQM, dinero que finalmente financiaba actividades políticas de manera ilegal.
Entre los principales acusados figuraban el exsenador de la UDI y exministro de Economía del primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), Pablo Longueira; el exgerente general de SQM, Patricio Contesse y el actual candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, junto a su exasesor, Cristián Warner.
Tras la sentencia emitida por el Tribunal el miércoles pasado, todos ellos quedaron absueltos, al igual que la exsecretaria de Longueira, Carmen Luz Valdivieso; la exsecretaria de la UDI Marisol Cavieres Romero; el asesor y exmilitante de la Democracia Cristiana (DC) Marcelo Rozas López; y el exdiputado DC, Roberto León.
El caso SQM
El inicio de la causa se remonta al 2015, cuando la Fiscalía acusó a SQM de financiamiento irregular de la política entre los años 2008 y 2014. Las indagatorias del exfiscal Carlos Gajardo lograron el acceso a los registros contables de la minera, donde comenzaron a aparecer los nombres que desataron la crisis en los partidos involucrados.
Cabe recordar que Carlos Gajardo integró el primer equipo del Ministerio Público que investigó el caso SQM bajo la dirección de Sabas Chahuán, grupo que también fue integrado por los exfiscales Pablo Norambuena, Emiliano Arias y Carmen Gloria Segura.
Hasta ese momento, el financiamiento ilegal a la política lo protagonizaba el Grupo Penta y sus millonarios traspasos a la UDI. Pero con SQM ese terremoto se expandió hasta el PS, pasando por RN, el PRI, la DC y el PPD.
Finalmente, el veredicto del tribunal ha dejado un manto de dudas sobre la forma en que la Fiscalía encauzó la indagatoria. Esto, porque la investigación registra antecedentes de que había un mecanismo para financiar ilegalmente a políticos a través de boletas o facturas ideológicamente falsas. De hecho, el propio exgerente general de SQM, Patricio Contesse, lo confirmó el 2018, cuando declaró ante los fiscales: “estimé que era necesario apoyar la actividad política bajo cierto marco que iba más allá del Servel”. Sin embargo, el mismo Contesse y algunos de los que recibieron su “apoyo” por fuera del marco legal, quedaron ahora absueltos.
Reacciones
Las críticas llegaron apenas entregado el veredicto por parte del tribunal. Carlos Gajardo, ex fiscal quien estuvo involucrado en esta causa en sus comienzos, señaló que el veredicto que absuelve a todos los acusados en el caso SQM es “el punto final de una serie de decisiones que se tomaron, primero, en el Ministerio Público, desarmando el equipo que había iniciado el caso SQM, y luego en el Servicio de Impuestos Internos (SII), cuando se tomó la decisión arbitraria de querellarse contra algunas personas y no hacerlo en contra de otras, en idéntica situación”.
En su cuenta de “X” (ex Twitter), Gajardo sostuvo que es un caso “evidente de corrupción y delitos tributarios que implicó transversalmente a toda la clase política. Y que resulten absueltos los pocos que fueron llevados a juicio, es un papelón del sistema” y “la mayor derrota que ha tenido la Fiscalía en la historia de la reforma procesal penal”.
El abogado Mauricio Daza, querellante en los casos Penta, SQM, Corpesca y Cascadas, afirmó que es “inverosímil” que la justicia haya descartado las pruebas de financiamiento ilícito de la política en el caso SQM, luego de que la propia empresa reconociera ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que realizó pagos ilegales a autoridades chilenas.
“SQM llegó a un acuerdo y tuvo que firmar una declaración de hechos, formalmente, y en esa declaración reconoció que hacía pagos ilícitos a altas autoridades políticas en Chile. Se señaló que esto se hacía a través de Patricio Contesse y se señaló que esos valores eran a lo menos 15 millones de dólares”, aclaró.
En ese sentido, Daza afirmó que la resolución da cuenta de “una posición inconsistente” por parte de la mayoría del tribunal (2 juezas a favor y 1 en contra) y que hubo “un trabajo bastante pobre, no de la Fiscalía, no de los acusadores, sino que, de dos personas con nombre y apellido, que son las juezas Barrientos y Santos”.
A su juicio, las magistradas recurrieron a “argumentos que van desde lo inverosímil a lo absurdo”, entre ellos “el hecho de que se pusiera en duda que las boletas que se emitían a SQM eran ideológicamente falsas y también el que no se considerara al militante de la UDI, Pablo Longueira, como un funcionario público, cuando su relación con SQM tuvo lugar mientras era senador y luego ministro”, al igual que se negara su calidad de funcionario público porque él uso para ello “un correo electrónico Hotmail y no el correo electrónico institucional”.
Asimismo, el exfiscal del caso SQM criticó el largo plazo que el tribunal se dio para emitir su sentencia, siendo que el mismo veredicto estimó que se vulneró el derecho de los imputados a ser juzgados en un plazo razonable. Al respecto, Mauricio Daza concluyó que lo que ha fracasado no es la tesis del financiamiento ilegal de la política, “sino el sistema de persecución penal en Chile y lo que ha vencido es la impunidad”.
En tanto, el exfiscal Emiliano Arias fue categórico en responsabilizar al exfiscal nacional Jorge Abbott por el debilitamiento de la investigación. “El responsable de que estas investigaciones no avanzaran en general es el fiscal nacional anterior, Jorge Abbott. (…) El primer golpe a la investigación se lo dio el mismo”, afirmó, explicando que la decisión de dividir las causas debilitó el trabajo inicial del equipo persecutor encabezado por Sabas Chahuán, “lo que derivó en un daño irreparable para la investigación”.
La mirada del PC
El fallo que dio por cerrado el bullado Caso SQM, uno de los mayores escándalos de corrupción política de la última década, también causó revuelo en el mundo político, en especial por la diferencia existente en la administración de justicia entre el Caso SQM y el Caso Jadue.
El diputado del Partido Comunista y exabogado querellante en el caso SQM, Matías Ramírez, expresó sus críticas a la absolución de los imputados, en particular de Pablo Longueira, afirmando que la resolución “genera un manto de protección a los corruptos de siempre”.
“Hoy la justicia ampara una red de corrupción que durante décadas influyó en las decisiones políticas”, manifestó Ramírez, añadiendo que “Pablo Longueira no solamente tramitó la invariabilidad tributaria de SQM Salar y SQM Nitrato, sino que también firmó los contratos de esas empresas mientras era ministro de Economía”.
En conversación con el programa “Lo que hay tras cada noticia” de Radio Nuevo Mundo, el miembro de la comisión política del PC, Juan Andrés Lagos, calificó como “una vergüenza” y “un golpe a la ciudadanía” el sobreseimiento definitivo de todos los imputados en el caso SQM.
A su juicio, este desenlace no solo refleja fallas técnicas en la investigación, sino que evidencia un sistema de justicia que “protege a las élites” y que ha perdido toda credibilidad frente a la ciudadanía.
“El sistema de administración de justicia está desastroso, lleno de politiquería y filtran información a determinados medios para direccionar y estigmatizar a personas, como ha ocurrido en el caso del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Es tremendo lo que está pasando, si se compara con lo que ha ocurrido en el caso SQM, que termina después de 10 años. Entonces uno puede decir que están esperando que Daniel Jadue sea sepultado social y políticamente para ver después qué hacen”, advirtió Juan Andrés Lagos.
Ante la evidente desigualdad en el trato político, judicial y electoral hacia Daniel Jadue, que quedó de manifiesto con el fallo del Caso SQM, el Partido comunista emitió este viernes 24 de octubre una declaración pública donde alerta de la diferencia de trato hacia el exalcalde Recoleta, en relación a otros casos de con notación pública, en los cuales los candidatos pudieron ejercer sus derechos políticos y postular libremente, incluso con juicios en curso.
“Esta diferencia de trato refleja una justicia desigual, donde los sectores populares y quienes representan proyectos de transformación social enfrentan barreras y persecución institucional, mientras que otros gozan de privilegios y protección”, expresa el comunicado, en el que el PC deja de manifiesto su rechazo categórico a esta “doble vara”, exigiendo que las instituciones actúen “con la misma celeridad y objetividad en todos los casos, sin sesgos políticos ni discriminación”.
La colectividad de la hoz y el martillo interpeló también al Servicio Electoral (SERVEL) a resolver con urgencia el recurso presentado, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de Daniel Jadue.
Cabe recordar que el 10 de octubre pasado el Partido Comunista ingresó una solicitud al SERVEL para reincorporar el padrón electoral a Daniel Jadue -quien iba a postular como candidato a diputado por el distrito 9 de la Región Metropolitana-, esto considerando que el 8 de octubre quedó sin efecto el cierre de la investigación, situación que ratifica que conserva sus derechos ciudadanos.
“A 14 días de presentada la solicitud, y tras tres gestiones presenciales del abogado patrocinante ante las oficinas del organismo, manifestamos nuestra profunda preocupación por la injustificada demora del SERVEL en responder”, advierte el comunicado del PC.
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