11/9. El golpe de la derecha, de los militares, de “la felonía, la cobardía y la traición”

Los protagonistas civiles y militares de la asonada golpista de 1973. El ataque desestabilizador del Partido Nacional y la DC, de la Corte Suprema, de gremios empresariales y algunos colegios profesionales, de la prensa conservadora, planteando la “inconstitucionalidad” de la gestión del Presidente Allende y haciendo llamados a la intervención de los militares. Los paros de camioneros, los sabotajes a la economía, el boicot al cobre chileno, los atentados terroristas. La coordinación de los generales y almirantes golpistas. El propio mandatario estableció que se “creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición” y derrocaran a un gobierno democráticamente electo. La decisión de dar el golpe de Estado sabiendo que se llamaría a un plebiscito para que la ciudadanía dirimiera la crisis política. El asesinato del general Schneider y del capitán Araya a manos de grupos de extrema derecha y de elementos del Ejército y de la Armada.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 9/2025. De acuerdo a documentos desclasificados de entidades de Inteligencia, del Senado de Estados Unidos, de investigaciones periodísticas, múltiples testimonios de diverso origen, libros de diversidad de autores y académicos, desde que se produjo el triunfo electoral del doctor Salvador Allende Gossens en septiembre de 1970, desde la derecha y la extrema derecha, desde grupos internos de las Fuerzas Armadas, partidos políticos conservadores y medios de prensa afines, se comenzó a planear su derrocamiento.

El diseño contenía medidas políticas desestabilizadoras, acciones de sabotaje económico, boicot a la producción y el abastecimiento, actos terroristas, operaciones conspirativas, ataques al gabinete ministerial, afectación a las exportación y venta del cobre, instalación del relato de penetración extranjera desde la Unión Soviética y Cuba y una persisten campaña comunicacional y de prensa instalando el miedo y la confrontación.

La acción golpista definitoria, finalmente se concretó el martes 11 de septiembre de 1973.

Conociendo diversidad de investigaciones y trabajos periodísticos, y leyendo la prensa de la época, se constata que la asonada golpista fue dirigida y materializada por el general de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh, junto al almirante José Toribio Merino de la Armada, quien desplazó inconstitucionalmente al almirante Raúl Montero, retenido en su domicilio el 11 de septiembre. El “general rastrero” -como lo definió Allende-, César Mendoza, se sumó al golpe supeditado a Leigh, cuando ocupaba el octavo lugar en el escalafón de Carabineros, porque los otros generales rechazaron sumarse al golpe, empezando por el general director José María Sepúlveda, quien fue hostigado y marginado por la entidad policial y personal del Ejército. Hay una controversia sobre en qué momento se sumó Augusto Pinochet, jefe del Ejército, pero lo comprobado es que pocos días antes le prometió lealtad al Presidente de la República, la que traicionó, echando por tierra la doctrina constitucionalista de los comandantes en jefe de la institución.

Hace dos años, legisladoras y legisladores, denunciaron que desde el mundo civil, respaldos políticos al golpe y a la dictadura vinieron de personeros como Sergio Onofre Jarpa y Sergio Diez, dirigentes del Partido Nacional, de Pablo Rodríguez, jefe del grupo paramilitar “Patria y Libertad”, de Agustín Edwards, dueño y director de El Mercurio, del cura ultraconservador Raúl Hasbún, de Jaime Guzmán, ideólogo de sectores gremialistas ultraconservadores, de Rafael Cumsille, dirigente de camioneros saboteadores, de Benjamín Matte, militante de “Patria y Libertad” y presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, del excandidato presidencial conservador, Jorge Alessandri, de Andrés Allamand, presidente de la Juventud Nacional, de Israel Bórquez, presidente de la Corte Suprema, y Michael Kast, empresario sedicioso, a los cuales, según reportajes, investigaciones y declaraciones de ellos mismos, se suman los dirigentes del Partido Demócrata Cristiano, Eduardo Frei Montalva y Patricio Aylwin.

Según antecedentes del Senado de Estados Unidos, documentos desclasificados en ese país y diferentes investigaciones periodísticas, la embajada estadounidense y la Estación CIA (Central Americana de Inteligencia) en Santiago, realizaron acciones de apoyo a los mandos militares y respaldo a personeros políticos golpistas, culminando planes como “Fubelt o Track II”, y siguiendo operaciones como la entrega de un millón de dólares a El Mercurio para la labor de desestabilización del gobierno de la Unidad Popular.

El martes 11 de septiembre se movieron todas esas piezas civiles y militares para sacar a Salvador Allende de la presidencia, terminar con el proyecto de la Unidad Popular e instalar una dictadura de alta intensidad.

En los días del golpe, civiles de “Patria y Libertad” y del “Comando Rolando Matus” participaron en acciones represivas, la Junta Militar recibió el respaldo del PN y la DC, los militares fueron apoyados por la Corte Suprema y la asonada golpista fue saludada por los gremios empresariales y patronales, y algunos colegios profesionales.

Momentos claves en semanas anteriores al martes 11

Hubo episodios determinantes para generar el marco en el cual se daría el golpe de Estado. Eso ocurrió en las últimas semanas de agosto y las primeras de septiembre.

El 22 de agosto, los legisladores del Partido Nacional y de la Democracia Cristiana, con mayoría relativa en el Congreso, declararon inconstitucional la gestión del Presidente Allende y llamaron a los mandos de las Fuerzas Armadas y Carabineros a no colaborar con el gobierno, al tiempo que muchos de esos parlamentarios pidieron la intervención militar para derrocar al mandatario. Mandos de las Fuerzas Armadas iniciaron la persecución y encuadres represivos gracias a una Ley de Control de Armas decretada esas semanas.

A eso se sumó la posición de miembros de la Corte Suprema que pretendieron dar un marco jurídico para sacar a Allende.

Gremios empresariales reforzaron sus presiones con paros, boicot económico, financiamiento de grupos de extrema derecha, operaciones de desabastecimiento, cortes de carreteras y sabotajes en la producción.

A fines de agosto e inicios de septiembre comenzaron las reuniones de coordinación entre generales de las Fuerzas Armadas para organizar y concretar el golpe de Estado. Según notas periodísticas y las propias declaraciones de los involucrados, la mayoría de los encuentros fueron en casas particulares. Desde la Armada se tomó contacto confidencial con oficiales de la fuerza naval de Estados Unidos que llegaban a participar en la Operación Unitas.

Atentados terroristas a torres de alta tensión, a centros productivos de alimentos, a transportes, manifestaciones violentas en las calles, acciones sediciosas en provincias, destrucción de puentes, se intensificaron en las semanas privas al golpe militar. La prensa conservadora se comportó notoriamente más agresiva.

Como lo señaló el propio Presidente Allende la mañana del 11 de septiembre, “el capital foráneo, el imperialismo, unidos a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que les enseñara el general Schneider y reafirmara el comandante Araya, víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios”.

Un punto clave se produjo unas 48 horas antes de la asonada golpista cuando mandos militares y personeros de derecha, enterados de que el Presidente Allende llamaría a un plebiscito para que la población dirimiera la crisis política, decidieron dar el golpe y evitar una salida institucional.

Prevalecía el temor de que la opción de finalizar el mandato de Allende no ganara, sobre todo considerando el resultado de la elección parlamentaria de ese año, donde la Unidad Popular obtuvo algo más del 44% de los votos, un resultado catalogado como positivo dado el ambiente político. Aceptar el plebiscito no iba en la resolución ya tomada por los partidos de oposición, el empresariado, mandos militares, gremios patronales y el gobierno estadounidense de dar el golpe de Estado.

Hay versiones de que la asonada militar se habría planificado para el 17 o 18 de septiembre, aprovechando la movilización de tropas y armamento preparativa de la Parada Militar del día 19, pero ya se sabe que entre la noche del domingo 9 de septiembre y la tarde del lunes 10, estaba decidido derrocar al gobierno y ejecutar el plan la madrugada del martes 11.

Una conspiración de inicio y extendida

Ahora se sabe de las actividades del grupo paramilitar “Patria y Libertad”, del millón de dólares asignados por la Casa Blanca al periódico El Mercurio, de las activaciones golpistas en círculos de las Fuerzas Armadas, de la complicidad anticonstitucional de los integrantes de la Corte Suprema, de acciones de grupos como el “Comando Rolando Matus”, de los funcionarios de la embajada de Estados Unidos y agentes de la Estación CIA, del vicepresidente de la “Pepsi Cola”, de los planes “Fubelt o Track II”, de las actividades de directivos de la ITT y del Banco Mundial, de Sergio Onofre Jarpa y plana mayor del derechista Partido Nacional, de los gremios de banqueros, camioneros, abogados, agricultores -agrupados en organizaciones como la Sociedad de Fomento Fabril, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Confederación del Comercio Detallista, el Comando Nacional de Defensa Gremial- todo destinado a torpedear, quebrar y derrocar al gobierno de la Unidad Popular y desestabilizar al país socialmente y su economía.

Todo comenzó en septiembre de 1970, desde el momento que Salvador Allende había ganado la elección presidencial. Había obtenido el 36% de los votos, por lo cual no tenía mayoría absoluta, requisito para asumir como jefe del Ejecutivo. Debía ser ratificado por el Congreso. Eso abrió el primer apetito desestabilizador en la derecha.

El candidato conservador, Jorge Alessandri, llegó al 35%. Por lo tanto, el 24 de octubre de 1970, el Congreso debía decidir entre ambos. Sin embargo, desde los ámbitos democráticos y organizaciones sociales y sindicales se reivindicó que se respetara el triunfo del aspirante de la Unidad Popular, la coalición de partidos de izquierda que había llevado a Allende al triunfo presidencial.

Ahí se quiso dar la primera puñalada. Alessandri, en una entrevista, confesó el plan que tenían: “Consistió en que yo fuera elegido presidente en el Congreso pleno sobre la base de que no asumiera el cargo permitiendo así que el vicepresidente de la República, de acuerdo con la Constitución, llamara a una nueva elección y los que me apoyaron patrocinaron la reelección del señor Frei (Eduardo Frei Montalva, quien era el mandatario en ejercicio, de la Democracia Cristiana)”. En esa tesis, se debía contar con los votos de parlamentarios de la DC. Pero sectores democráticos de esa colectividad, empezando por el candidato presidencial, Radomiro Tomic, se opusieron a esa táctica y validaron el triunfo de Allende.

Entonces desde la extrema derecha y grupos de militares, incluida la ultraconservadora Cofradía Náutica, apoyados por la Estación CIA y la embajada de Estados Unidos, comenzaron a idear otras operaciones para frenar a Allende.

Es así que se planteó en grupos conspirativos, secuestrar al comandante en jefe del Ejército, René Schneider, para generar un clima de desestabilización tal, que se debieran tomar decisiones como suspender la sesión del Congreso o llamar a otra elección.

Se echó a andar el proyecto “Fubelt”, y el agregado militar de Estados Unidos en Chile, Paul Wimert, el jefe de la CIA en Santiago, Henry Hecksher, los generales Roberto Viaux y Camilo Valenzuela, y un grupo de extrema derecha, organizaron y ejecutaron el secuestro del jefe del Ejército. Pero el general se resistió y fue baleado por los agresores, muriendo a consecuencia de los disparos.

En esas horas, y se comprobaría más tarde con el arresto de varios de los conspiradores (que unos tres años después serían indultados por el dictador Augusto Pinochet), en el Ejército, el gobierno, al interior de la Democracia Cristiana y grupos de empresarios, se sabía que el atentado era obra de la extrema derecha y se levantó un muro a la pretendida desestabilización del país. En eso tuvo un papel importante el general Carlos Prats, quien reemplazó a Schneider. Ambos eran generales constitucionalistas y nunca se prestaron para los planes de la CIA, de oficiales golpistas y grupos ultraderechistas.

Salvador Allende asumió. Y se vino encima todo un aparataje político, diplomático, conspirativo, terrorista, comunicacional, financiero y empresarial con el objetivo de sacar al médico socialista de La Moneda. Eso no paró hasta el 11 de septiembre, con momentos muy dramáticos.

Ejemplos elocuentes de aquello, fueron los paros de camioneros, el sabotaje a la exportación y compra del cobre, la operación de generación de desabastecimiento y la instalación de un discurso del miedo, junto a atentados a torres de alta tensión, vías férreas y lugares de producción de alimentos. Se implementaron acciones como el “Plan Septiembre”, ideado por la CIA, dirigentes del Partido Nacional y empresarios para golpear social y económicamente y afectar al comercio y el abastecimiento. Sumándose al boicot, se plegaron con paros y sabotajes a la producción la Confederación de la Producción y el Comercio, la Sociedad Nacional de Agricultura, los Colegios Médico, de Ingenieros, Agrónomos y Abogados, el gremio de bancarios y los camioneros.

No pararon los ataques terroristas. Elementos de “Patria y Libertad”, del “Comando Rolando Matus”, de la Armada y de la CIA, el 27 de julio de 1973, atacaron el domicilio del Edecán Naval del Presidente, el Capitán Arturo Araya, y lo mataron. En todo el proceso investigativo se detectó que los autores del crimen eran de esos grupos ultraderechistas y unos “camaradas de armas” de Araya. Otro asesinato a manos de la extrema derecha y miembros de las Fuerzas Armadas. Igual que en el caso del general Schneider, los autores del asesinato del Capitán Araya fueron indultados por Pinochet en tiempos de dictadura.

El desarrollo de actividades conspirativas y acciones anticonstitucionales tuvo un momento determinante el viernes 29 de junio de 1973. Esta vez, un grupo de oficiales del Ejército, al mando del coronel Roberto Souper del Regimiento Tacna, y dirigentes y miembros de “Patria y Libertad”, coordinados por el abogado Pablo Rodríguez, intentaron derrocar al Presidente de Allende.

El general Prats encabezó las acciones para abortar la asonada y se produjo una movilización de miles de personas hacia el palacio presidencial de La Moneda, en defensa del gobierno y apoyo a Salvador Allende. Los militares sediciosos fueron detenidos (luego Pinochet los perdonó). Militantes y  dirigentes de “Patria y Libertad” huyeron, se asilaron en la embajada de Ecuador, se escondieron, y aparecieron después del golpe de Estado.

Durante más de dos años en el Congreso se repitieron las acusaciones constitucionales contra ministros del gobierno, se desplegaron campañas agresivas por la prensa, se incentivaron los sabotajes y las protestas, se boicoteó la compra del cobre chileno en el mundo, se saboteó la economía, se expandieron conflictos como la huelga de mineros del cobre y las tomas de colegios y sedes universitarias, se realizaron marchas de mujeres promovidas por grupos de derecha y se desató una ola de descrédito sobre Salvador Allende.

Finalmente, el presagio de muchos se cumplió. El gobierno de la Unidad Popular fue derrocado en una acción coordinada por mandos militares, direcciones políticas, gremios empresariales, grupos paramilitares y funcionarios estadounidenses. Todo ya absolutamente documentado. Como lo sentenció Salvador Allende, fue el golpe de “la felonía, la cobardía y la traición”.

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