EL EDITORIAL. ¿Las instituciones funcionan?

La situación actual requiere de respuestas más allá de retóricas o frases comunes que no resuelven nada. Hay que reforzar el actuar de quienes tienen responsabilidades y funciones sobre todo en el Estado, incentivar actuaciones éticas y de servicio público, fortalecer las normativas, mejorar las fiscalizaciones y evaluaciones, atender nuevas realidades que provienen del crimen organizado, diseñar formatos preventivos anticorrupción y malas prácticas, y extender estos criterios al mundo privado, sobre todo en las áreas directivas que es donde se han generado episodios como los de tráfico de influencias, cohecho y colusión.

 “El Siglo”. El Editorial. Santiago. 19/7/2025. Desde que se acuñó la frase “las instituciones funcionan”, se fue repitiendo hasta la actualidad por parte de autoridades y personeros políticos y pareciera ya un lugar común, aunque debería tenerse cuidado en su uso.

Se podría decir que ante tantos episodios de corrupción, irregularidades, violación de la probidad y delitos registrados en los sectores privado y público, las entidades policiales, judiciales, militares y legislativas  han actuado, detectando, procesando y sancionando a los autores de los delitos y las faltas, y también estableciendo nuevas normativas y protocolos.

Sin embargo, son múltiples las instituciones cruzadas por la corrupción, ilegalidades y malas prácticas, y esto durante los años recientes. Ahora el país asiste al caso de infiltración del narcotráfico y el crimen organizado en el Ejército y la FACH, a situaciones enrarecidas respecto a la liberación de un sicario, a fallas gravísimas de Carabineros en controles delictivos, lo que se suma otra seguidilla de casos que impactaron en la opinión pública.

Esto aumenta la desconfianza y la falta de credibilidad de la ciudadanía frente a las instituciones. Se va instalando, se quiera o no, que las instituciones realmente no funcionan. No es asunto de un gobierno de turno, es un problema del Estado y del funcionamiento institucional nacional.

Hay derivadas como que los actos indebidos tienen alcances de cierta masividad, como lo muestra el caso de mal uso de licencias médicas, que se presenta como una práctica extendida por personas del servicio público y el mundo privado, o las incivilidades extendidas que se están observando en distintos espacios de la sociedad.

Un factor nada menor, es cómo las autoridades van perdiendo ascendiente sobre la ciudadanía, ya que las entidades que dirigen están cruzadas por situaciones de corrupción, falta de probidad y hasta delitos. Aquello puede tener un efecto muy nocivo en el comportamiento de la gente que ve que las entidades públicas y privadas actúan al libre albedrío, transgrediendo normas, con comportamientos indebidos.

La situación actual requiere de respuestas más allá de retóricas o frases comunes que no resuelven nada. Hay que reforzar el actuar de quienes tienen responsabilidades y funciones sobre todo en el Estado, incentivar actuaciones éticas y de servicio público, fortalecer las normativas, mejorar las fiscalizaciones y evaluaciones, atender nuevas realidades que provienen del crimen organizado, diseñar formatos preventivos anticorrupción y malas prácticas, y extender estos criterios al mundo privado, sobre todo en las áreas directivas que es donde se han generado episodios como los de tráfico de influencias, cohecho y colusión.

Por cierto, todo esto tiene directa relación con el tipo de Estado, de sociedad y de país al que se aspira, con moldes culturales, el funcionamiento de modelos económicos, y con valores que se instalan en la sociedad.

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