Argentina: La justicia que falla
Los dilemas políticos en Argentina, después de la ratificación de la condena judicial y la detención domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner.
Germán Leyens. Mendoza. 21/6/2025. El martes 10 de junio de 2025 se conoció la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, en la que se rechazó el recurso interpuesto por la defensa de la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner (CFK). Con esta resolución del máximo tribunal, quedó confirmada la sentencia que condena a la máxima líder del Partido Justicialista (PJ), a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Esta sentencia había sido comunicada el 13 de noviembre del 2024, por los magistrados de la Sala IV del máximo tribunal penal federal, al considerarla “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, en la denominada causa “Vialidad”. Por la misma causa, también resultaron condenados el empresario Lázaro Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López, así como varios exfuncionarios de Vialidad Provincial de Santa Cruz. También fueron absueltos el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala.
La líder peronista recibió la noticia en la sede del Partido Justicialista, rodeada de dirigentes, y su reacción inmediata fue la de denunciar el carácter político del juicio, de la condena y del fallo de la Corte Suprema; es decir, un nuevo caso de lawfare -guerra jurídica, o manipulación judicial con objetivos políticos-, como los que han afectado a varios dirigentes o funcionarios de gobiernos progresistas en la región. CFK considera que se ha conformado un “partido judicial”, que actúa en connivencia con los poderes económico, mediático y otros, para impedir la expresión del voto popular y dificultar la construcción de una alternativa. Manifestó que para ella “estar presa es casi un certificado de dignidad política y personal histórica”, ya que hay varios funcionarios de los gobiernos de Macri y ahora de Milei que han sido denunciados e investigados por acciones fraudulentas suficientemente demostradas, y que no han resultado condenados.
Al conocerse la ratificación de la condena, se registraron manifestaciones en la Ciudad de Buenos Aires y en varias provincias. Hubo expresiones de apoyo a CFK por parte de las múltiples líneas internas del peronismo y otros sectores políticos partidarios, incluyendo a la denominada “izquierda trotskista”, que en Argentina tiene una fuerza de cierta significación que incluye representación parlamentaria. Todas las expresiones de repudio al fallo y de solidaridad con CFK, coinciden en el carácter proscriptivo de la condena, la gravedad institucional de la misma y la afectación al funcionamiento del sistema democrático. También manifiestan las irregularidades que contiene el expediente del juicio, que incluso fueron reconocidas hace algunos años por el actual Ministro de Justicia del gobierno de Milei, el abogado Mariano Cúneo Libarona.
Es poco común la velocidad con que actuó la Corte Suprema para desestimar la recusación de la defensa de CFK, luego de que ella asumió la presidencia del PJ, en febrero de este año, y anunciará su participación como candidata a diputada provincial en la provincia de Buenos Aires. La presión mediática, encabezada por los grupos empresariales de Clarín y La Nación, para que la Corte apurara su resolución fue cada vez más intensa, y con horas de anticipación al comunicado oficial ya se conocía el contenido de la resolución judicial. Ante esto, los sectores internos del PJ, con muchas diferencias y enfrentamientos en los últimos meses, comenzaron a unificar discursos y acciones. Cristina también fue endureciendo su postura confrontativa con las políticas implementadas por el gobierno de Milei, y expresó textualmente: “¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme presa. ¿Y qué van a hacer? ¿La gente va a ganar más plata? ¿Le van a subir el salario a los argentinos? ¿Van a financiar las escuelas y los hospitales? ¿Van a pagar la deuda con el FMI y con los bonistas?”.
Luego de la ratificación de la condena, la atención se centró en si la Justicia iba a acceder al pedido de prisión domiciliaria realizado por los abogados defensores de CFK y la posibilidad de que la expresidenta tuviera que ir a notificarse personalmente al Tribunal, lo cual podría convertirse en un acto humillante. Frente a esto, sus partidarios y un amplio abanico de fuerzas políticas y sociales convocaron a una gran marcha de acompañamiento de Cristina al Tribunal, bajo el lema de “Argentina con Cristina”.
Una vez más, la justicia actuó con criterio político y notificó virtualmente a CFK de la aceptación del pedido para que cumpla la condena en el domicilio de su hija, en la zona de Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, con la colocación de una tobillera electrónica, pero con la autorización para que pueda salir al balcón a saludar a sus simpatizantes, que desde hace una semana, se agolpan en las afueras del edificio donde vive.
La marcha de acompañamiento al juzgado se transformó entonces en una concentración multitudinaria en la Plaza de Mayo, con la participación de cientos de miles de manifestantes que llegaron de distintos lugares del país. Aunque muchos de ellos se encolumnaron con sus respectivos sectores partidarios o sociales, también hubo otros tantos que fueron “por su cuenta”. Las tensiones entre los distintos sectores del peronismo quedaron relegadas a un segundo lugar, y se mostraron todos en la plaza, desde Máximo Kirchner hasta Guillermo Moreno; también Sergio Massa, Axel Kicillof, Juan Grabois y tantos otros referentes del arcoiris peronista. También otras fuerzas políticas partidarias concurrieron a la plaza: Partido Comunista, Partido Comunista Revolucionario, Partido Solidario, Partido de los Trabajadores Socialistas, etc. Decenas de organizaciones sociales y sindicales llegaron con sus banderas y consignas de repudio a la proscripción, a la Corte Suprema y al gobierno de Milei. Si bien hubo actos intimidatorios por parte de las fuerzas policiales y de seguridad, especialmente contra los colectivos que viajaban desde las provincias, no hubo incidentes de gravedad ni la represión violenta que suele practicar la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, contra los jubilados que se manifiestan cada miércoles en las cercanías del Congreso. Es de notar que la CGT, la principal central sindical del país, se descolgó de la convocatoria a último momento y no participó formalmente, aunque diversos sindicatos que la integran sí concurrieron con sus respectivas delegaciones.
La expresidenta se dirigió a los manifestantes a través de un mensaje grabado de pocos minutos, en el que destacó la consigna coreada por los manifestantes durante toda la semana al pie del balcón del departamento donde deberá cumplir la detención: “Me gustó escuchar el vamos a volver. No cantábamos hace muchísimo tiempo. Me gusta porque revela una voluntad. Volver a que los laburantes lleguen a fin de mes y les sobre algo…Bien peronista”. Reiteró sus críticas al modelo económico del gobierno de Milei y remarcó que el modelo oficial es insostenible económicamente y que tiene fecha de vencimiento, “como el yogurt”.
Asimismo, hizo una convocatoria a “defender la democracia con las herramientas con que la construímos, en paz, pero con firmeza”. Afirmó que la vuelta del peronismo al gobierno se va a producir “con más sabiduría, con más unidad”. “Nosotros tenemos pueblo, memoria, historia y patria. Vamos a volver una y mil veces porque los pueblos siempre vuelven”.
Ya inmediatamente culminado el acto masivo del miércoles 18 de junio, comienzan las interrogantes sobre la duración y sostenibilidad de estas demostraciones de unidad en la principal fuerza de oposición en Argentina. Las diferencias y tensiones en su interior no se deben solamente a cuestiones electorales o lugares en las listas, sino también a concepciones y prácticas políticas muy distintas, hasta antagónicas en algunos casos.
Un momento de espanto
Para graficar mejor la situación, se puede recurrir al conocido verso de Jorge Luis Borges, en su poema Buenos Aires: “No nos une el amor, sino el espanto”. Y por supuesto que es espantoso el momento político que está viviendo Argentina, con el avance incontenible de las políticas del gobierno ultraderechista de Milei, que tiene entre sus principales víctimas a los sectores de la sociedad más desprotegidos, más vulnerabilizados y precarizados por las distintas medidas económicas: jubilados y pensionados, trabajadores de la administración pública, de la educación, la salud, la ciencia y la cultura, entre otros. La reducción de la tasa de inflación, el equilibrio fiscal y otros “logros macroeconómicos”, se han producido gracias al desangramiento cruel de la economía popular y un creciente e irresponsable endeudamiento externo e interno. Si bien ha habido movilizaciones masivas contra algunas de las medidas más antipopulares, incluso algunas más multitudinarias que la del miércoles en respaldo a CFK, no hay todavía una plataforma nacional de resistencia y lucha para afrontar tanto descalabro. Y, sobre todo, aún no se perciben señales para avanzar en la construcción de una alternativa real en el plano político general, incluyendo lo electoral.
Otro de los rasgos que ayuda a definir la gravedad de la situación política e institucional del país, es el recorte sostenido de las libertades democráticas más elementales. Se ha dado a conocer el Plan de Inteligencia Nacional, una especie de “Doctrina de Seguridad Nacional recargada” para definir los objetivos de los servicios de inteligencia estatales, así como una resolución que modifica y amplía algunas de las funciones de la Policía Federal y crea un el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), una especie de FBI criollo. Si a esto se suma la campaña creciente de ataques, oficiales u oficialistas, contra el periodismo que aún conserva cierto nivel de independencia y capacidad crítica, así como a los economistas e intelectuales que no comulgan con las ideas del “anarco-capitalismo” o con algunas de sus políticas. Todo aquel que no adhiera incondicionalmente a la política interior y exterior del gobierno,es considerado inmediatamente como un enemigo, un objetivo a ser vigilado, perseguido y reprimido, según se consigna en el plan de inteligencia referido y en las nuevas funciones asignadas a la Policía Federal y al DFI.
En este contexto político, el fallo de la Corte Suprema y la ratificación de la condena a Cristina Fernández parece haber causado un efecto reanimador en la principal fuerza opositora. Hasta ese momento, el kirchnerismo y el peronismo en general venían bastantes desdibujados en el panorama político general. Debilitado por sus divisiones y enfrentamientos, así como por las conductas sinuosas y hasta cómplices con Milei, de algunos de sus diputados y senadores, así como de gobernadores provinciales y dirigentes sindicales y políticos. Así ocurrió en las votaciones de algunas leyes, en la consideración de los Decretos de Necesidad y Urgencia, que habilitaron al gobierno para aplicar las medidas de ajuste contra los trabajadores, la salud, la educación y la ciencia. También desde el PJ llegaron algunos funcionarios para completar la grilla del gobierno libertario.
La reacción ante el fallo supremo parece haber catalizado un proceso de unidad dentro del PJ y alrededor del mismo, pero que hasta ahora no tiene más puntos en común que la solidaridad con CFK, la condena a su proscripción y al avance del autoritarismo en el país. Una prueba de fuego para esta etapa serán las elecciones legislativas, adelantadas para el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral en Argentina, y hoy gobernada por el PJ, así como las parlamentarias nacionales para octubre de este año.
Las movilizaciones masivas que se sucedieron en Capital Federal y distintos puntos del país, mostraron cierta capacidad de reacción, aunque aún no hay indicios que permitan augurar el desarrollo de un proceso político y social unitario, tanto hacia el interior del PJ como hacia otras fuerzas, partidarias o no, con una base programática común y ciertos criterios básicos para una resolución democrática de las diferencias. El desprestigio de la actividad política es de tal magnitud en la actualidad, que más allá de la añoranza por lo hecho en el pasado, urge presentar a la sociedad propuestas creíbles y viables de un futuro mejor para todas y todos.
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