AI advierte crisis global de DDHH ante el “efecto Trump”, que acelera tendencias destructivas

Informe anual de Amnistía Internacional pone de manifiesto la deriva hacia prácticas autoritarias y crueles medidas represivas contra la disidencia en todo el mundo. Los primeros 100 días del Presidente de Donald Trump en el cargo intensifican tendencias muy arraigadas y retrocesos que se produjeron en el mundo en 2024. La inacción global para abordar las desigualdades, el colapso climático y las transformaciones tecnológicas pone en peligro a las generaciones futuras. El aumento de las prácticas autoritarias y la pulverización del derecho internacional no son inevitables: la gente se resiste y se resistirá a los ataques contra los derechos humanos; los gobiernos pueden administrar justicia internacional y deben seguir haciéndolo. Los sucesos de los últimos 12 meses han puesto de manifiesto lo infernal que puede ser el mundo para tantas personas cuando los Estados más poderosos dejan de lado el derecho internacional y prescinden de las instituciones multilaterales.

Santiago. 29/4/2025. La campaña del Gobierno de Donald Trump contra el reconocimiento de derechos está dando alas a tendencias nocivas ya presentes, vaciando de contenido salvaguardias internacionales de derechos humanos y poniendo en peligro a miles de millones de personas en todo el planeta. Así lo advierte Amnistía Internacional (AI) al presentar su informe anual, “La situación de los derechos humanos en el mundo”.

Este “efecto Trump” ha agravado el daño causado por otros dirigentes mundiales durante 2024, echando por tierra decenios de minucioso trabajo para construir y promover los derechos humanos universales para todas las personas y acelerando el hundimiento de la humanidad en una nueva era caracterizada por la mezcla de prácticas autoritarias y codicia empresarial, según AI en su evaluación de la situación en 150 países.

“Año tras año, hemos advertido de los peligros del retroceso de los derechos humanos. Pero los sucesos de los últimos 12 meses -especialmente el genocidio de la población palestina en Gaza, retransmitido en directo pero ignorado- han puesto de manifiesto lo infernal que puede ser el mundo para tantas personas cuando los Estados más poderosos dejan de lado el derecho internacional y prescinden de las instituciones multilaterales. En esta encrucijada histórica, en la que las leyes y prácticas autoritarias se multiplican por todo el mundo en interés de una pequeña minoría, los gobiernos y la sociedad civil deben trabajar urgentemente para llevar a la humanidad de vuelta a terreno seguro”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

La situación de los derechos humanos en el mundo documenta la represión cruel y generalizada de la disidencia, la catastrófica escalada de los conflictos armados, los insuficientes esfuerzos por abordar el colapso climático y un creciente retroceso mundial de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, las mujeres, las niñas y las personas LGBTI. A menos que se logre dar un drástico giro a la situación mundial, todos estos aspectos se deteriorarán aún más en un turbulento 2025.

“Transcurridos 100 días de su segundo mandato, el presidente Trump sólo ha mostrado un total desprecio hacia los derechos humanos universales. Su gobierno ha atacado con rapidez e intencionalidad esenciales iniciativas e instituciones estadounidenses e internacionales que se crearon para hacer de nuestro mundo un lugar más seguro y más justo. Su ataque sin cuartel a los conceptos mismos de multilateralismo, asilo, justicia racial y de género, salud global y acción climática necesaria para salvar vidas está agravando el considerable daño que ya han sufrido esos principios e instituciones, y animando aún más a otros dirigentes y movimientos contrarios al reconocimiento de derechos a unirse a su embestida”, ha añadido Agnès Callamard.

“Pero seamos claros: este mal es mucho más profundo que las acciones del presidente Trump. Desde hace años, hemos presenciado la insidiosa propagación de prácticas autoritarias entre Estados de todo el mundo, fomentadas por aspirantes y dirigentes en ejercicio que actúan deliberadamente como motores de destrucción. Mientras nos arrastran a una nueva era de convulsión y crueldad, todas las personas que creemos en la libertad y la igualdad debemos prepararnos para luchar contra ataques extremos al derecho internacional y a los derechos humanos universales”.

La proliferación de leyes, políticas y prácticas autoritarias dirigidas contra la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica que Amnistía Internacional documentó en 2024 fue un elemento fundamental del retroceso global de los derechos humanos. Gobiernos de todo el mundo trataron de eludir la rendición de cuentas, afianzar su poder e infundir miedo prohibiendo medios de comunicación, disolviendo o suspendiendo ONG y partidos políticos, encarcelando por cargos infundados de “terrorismo” o “extremismo” a quienes los criticaban, y criminalizando a defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas por el clima, personas que se manifestaban en solidaridad con Gaza y otras voces discrepantes.

Las fuerzas de seguridad de varios países utilizaron detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas y, a menudo, fuerza excesiva -en ocasiones letal- para reprimir la desobediencia civil. Las autoridades de Bangladesh dieron orden de “disparar sin previo aviso” contra protestas estudiantiles y con ello causaron casi un millar de muertes, mientras que las fuerzas de seguridad de Mozambique, tras las controvertidas elecciones, desataron la peor represión de protestas que se había visto en años, y que se saldó con al menos 277 muertes.

Turquía impuso prohibiciones generales de las protestas y sigue utilizando fuerza ilícita e indiscriminada contra personas que se manifiestan pacíficamente, pero, en países como Corea del Sur, el poder de la ciudadanía prevaleció cuando el presidente Yoon Suk Yeol suspendió ciertos derechos humanos y declaró la ley marcial, sólo para ser después destituido de su cargo y ver cómo esas medidas eran anuladas tras las protestas públicas masivas.

A medida que los conflictos se multiplicaban o intensificaban, las fuerzas estatales y los grupos armados actuaban descaradamente, cometiendo crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario que han hecho trizas las vidas de millones de personas.

En un informe histórico, Amnistía Internacional documentó el genocidio de Israel contra la población palestina en Gaza, y el sistema israelí de apartheid y ocupación ilícita de Cisjordania se hizo cada vez más violento. Mientras tanto, Rusia mató en 2024 a más civiles ucranianos que en el año anterior, y siguió atacando infraestructuras civiles y sometiendo a las personas detenidas a tortura y desaparición forzada.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán infligieron una violencia sexual generalizada contra mujeres y niñas, en lo que constituyen crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad, mientras que el número de personas internamente desplazadas por los dos años de guerra civil de Sudán ascendió a 11 millones: más que en ningún otro punto del planeta. Sin embargo, la indiferencia hacia ese conflicto fue casi global; sólo suscitó interés en los actores cínicos que aprovecharon la oportunidad para violar el embargo de armas a Darfur.

La comunidad rohinyá siguió sufriendo ataques racistas en Myanmar, que obligaron a muchas personas a huir de sus hogares en el estado de Rajine. Los recortes masivos del gobierno de Trump a la ayuda humanitaria exterior han agravado desde entonces la situación, provocando el cierre de hospitales en campos de refugiados de la vecina Tailandia, exponiendo a la deportación a defensores y defensoras de los derechos humanos que habían huido del país, y poniendo en peligro programas que ayudan a la población a sobrevivir al conflicto.

La suspensión inicial de la ayuda exterior estadounidense también afectó a los servicios de salud y apoyo para los niños y niñas separados a la fuerza de sus familias en campos de detención de Siria, y los abruptos recortes han obligado a cerrar programas que salvaban vidas en Yemen, como por ejemplo el tratamiento contra la malnutrición para niños y niñas, mujeres embarazadas y madres lactantes, los refugios para supervivientes de violencia de género y la atención médica para niños y niñas que sufren cólera y otras enfermedades.

“Amnistía Internacional lleva mucho tiempo advirtiendo del doble rasero que socava el orden basado en reglas. El impacto de ese retroceso, imparable hasta la fecha, alcanzó nuevas cotas en 2024, desde Gaza hasta la República Democrática del Congo. La comunidad internacional, que había allanado el camino hacia este caos al no defender universalmente el Estado de derecho, ahora debe asumir su responsabilidad”, ha manifestado Agnès Callamard.

“El coste de estos incumplimientos es descomunal; por ejemplo, la pérdida de salvaguardias vitales para proteger a la humanidad tras los horrores del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. A pesar de sus múltiples imperfecciones, el desmantelamiento del sistema multilateral no es la respuesta. Hay que reforzarlo y replantearlo. Sin embargo, tras ver cómo en 2024 se le infligían más daños, ahora el gobierno de Trump parece tener la intención de hacer trizas los restos de la cooperación multilateral para remodelar nuestro mundo a través de una doctrina transaccional impregnada de codicia, egoísmo cruel y dominio por parte de una minoría”.

La situación de los derechos humanos en el mundo presenta pruebas claras de que el mundo está condenando a las generaciones futuras a una existencia cada vez más penosa a causa de la inacción colectiva para abordar la crisis climática, revertir las desigualdades cada vez más profundas y restringir el poder de las empresas.

La COP29 fue una catástrofe, con una cantidad récord de grupos de presión en favor de los combustibles fósiles que inhibieron el progreso hacia una eliminación gradual y justa de estos combustibles, mientras los países más ricos acosaron a las naciones de bajos ingresos para que aceptaran unos acuerdos de financiación climática irrisorios. La temeraria decisión del presidente Trump de abandonar el Acuerdo de París y su mantra “vamos a perforar y perforar” no han hecho más que agravar esta inacción y podrían animar a otros a seguir su ejemplo.

“El año 2024 fue el más cálido desde que se tienen registros, y el primero que superó el umbral de 1,5 °C de calentamiento con respecto a los niveles preindustriales. Las inundaciones que devastaron Asia meridional y Europa, las sequías que asolaron el África Austral, los incendios que arrasaron franjas de la selva amazónica y los huracanes que causaron estragos en Estados Unidos dejaron claro el inmenso coste humano del calentamiento global, incluso en sus niveles actuales. Con un calentamiento previsto de 3 °C para final de siglo, las naciones más ricas saben que no son inmunes a desastres no naturales cada vez más extremos, como se vio claramente con los recientes incendios de California, pero… ¿actuarán?”, ha manifestado Agnès Callamard.

En 2024, la pobreza extrema y la desigualdad dentro de los Estados y entre ellos siguieron intensificándose a causa de la inflación generalizada, la escasa regulación de las empresas, los abusos tributarios generalizados y las crecientes deudas nacionales. Sin embargo, muchos gobiernos y movimientos políticos utilizaron una retórica racista y xenófoba para culpar a las personas migrantes y refugiadas de la delincuencia y el estancamiento económico. Mientras tanto, el número y la riqueza de las grandes fortunas aumentó, pese a que el Banco Mundial advirtió de “una década perdida” en la reducción global de la pobreza.

El futuro se presenta mucho más sombrío para numerosas mujeres, niñas y personas LGBTI, con ataques cada vez más intensos contra la igualdad e identidad de género. Los talibanes impusieron restricciones aún más draconianas a la existencia pública de las mujeres en Afganistán, mientras que las autoridades iraníes intensificaron su brutal represión de las mujeres y las niñas que desafiaban el uso obligatorio del velo. Los grupos de mujeres que buscan a seres queridos desaparecidos en México y Colombia sufrieron todo tipo de amenazas y ataques.

Malawi, Malí y Uganda tomaron medidas para tipificar como delito o prohibir las relaciones consentidas entre personas adultas del mismo sexo, mientras que Georgia y Bulgaria siguieron el ejemplo de Rusia respecto a la represión de la supuesta “propaganda LGBTI”. El gobierno de Trump está impulsando el retroceso mundial de la justicia de género al desmantelar las iniciativas que abordan la discriminación, atacar implacablemente los derechos de las personas transgénero y poner fin a la financiación de los programas de salud, educación y otras cuestiones que apoyaban a mujeres y niñas de todo el mundo.

Los gobiernos están dañando más a las generaciones actuales y futuras al no regular adecuadamente las nuevas tecnologías, abusar de las herramientas de vigilancia y afianzar la discriminación y las desigualdades mediante el uso creciente de la inteligencia artificial.

Las empresas tecnológicas llevan mucho tiempo facilitando prácticas discriminatorias y autoritarias, pero el presidente Trump ha agravado esta tendencia al animar a las empresas de redes sociales a retirar protecciones -incluida la eliminación por parte de Meta de la verificación de datos por terceros- y redoblar la apuesta por un modelo de negocio que permita la propagación de contenido violento y de odio. La alineación entre el gobierno de Trump y los milmillonarios tecnológicos también amenaza con abrir la puerta a una era de corrupción descontrolada, desinformación, impunidad y captura del poder del Estado por parte de las empresas.

“Desde sentar a milmillonarios tecnológicos en lugares destacados en su ceremonia de investidura hasta otorgar al hombre más rico del mundo un acceso sin precedentes al aparato gubernamental estadounidense, parece que el presidente Trump va a permitir a sus aliados empresariales, que actúan guiados por sus propios intereses, campar a sus anchas, sin la más mínima consideración hacia los derechos humanos o incluso el Estado de derecho”, ha manifestado Agnès Callamard.

A pesar de la creciente oposición de Estados poderosos -agravada este año por las vergonzosas sanciones del gobierno de Trump contra el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI)—, la justicia internacional y los órganos multilaterales han seguido presionando para que se rindan cuentas al más alto nivel, y ha habido gobiernos del Sur Global que han liderado importantes iniciativas.

La CPI dictó órdenes de detención contra altos cargos estatales y dirigentes de grupos armados de Israel, Gaza, Libia, Myanmar y Rusia. La ONU dio un importante paso para negociar un tratado, sumamente necesario, sobre los crímenes de lesa humanidad, y Filipinas hizo otro tanto al detener el mes pasado al expresidente Rodrigo Duterte en aplicación de una orden de la CPI por el crimen de lesa humanidad de asesinato.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictó tres conjuntos de órdenes de medidas cautelares en la causa que Sudáfrica presentó contra Israel en virtud de la Convención sobre el Genocidio, y emitió una opinión consultiva en la que declaraba que la ocupación israelí de territorio palestino, incluida Jerusalén Oriental, es ilícita. La Asamblea General de la ONU también aprobó una resolución en la que pedía que Israel pusiera fin a su ocupación, y en enero de 2025 ocho Estados del Sur Global formaron el Grupo de La Haya, un colectivo comprometido con impedir las transferencias de armas a Israel y hacer que este país rinda cuentas por las violaciones del derecho internacional que ha cometido.

“Aplaudimos los esfuerzos que realizan naciones como Sudáfrica y los órganos de justicia internacional para plantar cara a Estados poderosos decididos a socavar el derecho internacional. En una situación de impunidad tan complicada, esas naciones y esos órganos constituyen ejemplos que el mundo entero debería seguir. Los crecientes ataques que hemos presenciado contra la CPI en los últimos meses sugieren que este ámbito está emergiendo como un gran campo de batalla en 2025. Todos los gobiernos deben hacer cuanto esté en su mano para apoyar la justicia internacional, hacer rendir cuentas a los perpetradores y proteger a la CPI y a su personal frente a las sanciones”, ha manifestado Agnès Callamard.

“A pesar de los enormes desafíos, la destrucción de los derechos humanos dista de ser inevitable. La historia está llena de ejemplos de personas valientes que han vencido a prácticas autoritarias. En 2024, la población de varias naciones rechazó en las urnas a dirigentes contrarios al reconocimiento de derechos, mientras que millones de personas de todo el mundo alzaron la voz contra la injusticia. Así que está claro. No importa quién se interponga en nuestro camino: debemos seguir -y seguiremos- oponiendo resistencia a los implacables regímenes basados en el poder y los beneficios que intentan privar a la gente de sus derechos humanos. Nuestro enorme e inquebrantable movimiento estará siempre unido en torno a nuestra creencia común en la dignidad y los derechos humanos inherentes a todas las personas de este planeta”.

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