La elite sentada en el banquillo de los acusados

En el país, en los últimos tiempos, fueron cuestionados, investigados, procesados o condenados, integrantes de la Corte Suprema, Fiscales, comandantes en jefe del Ejército, generales directores de Carabineros, directores de la Policía de Investigaciones (PDI), abogados “de la plaza” y personas vinculadas a poderes fácticos. El Caso Hermosilla constituye un botón de muestra más que un caso excepcional respecto a cómo funcionan los círculos de poder, al parecer llenos de consigliere. En tiempos que el Poder Judicial vive un pésimo momento, lleno de controversias y temas sin cerrar, que incluyen a miembros de la Corte Suprema. Transparencia Internacional puso a Chile como un “país a observar” y en distintos sondeos bordea el 50% de desconfianza en Tribunales de Justicia.

“El Siglo”. Santiago. 8/2024. Hace un par de décadas, la elite política, financiera y judicial del país se granjeaba de que Chile era un ejemplo de probidad y transparencia, que estaba muy lejos de los países corruptos. Sin embargo, los hechos apuntan a que eso quedó muy atrás.

Más cuando esas mismas elites comenzaron a aparecer comprometidas en casos de corrupción, lavado de activos, tráfico de influencias, pago de sobornos a funcionarios públicos, operaciones de colusiones empresariales y delitos financieros de envergadura vinculados a paraísos fiscales.

Con el dato de que casi todos se declaran inocentes y recurren a artificios de todo tipo para no ir a la cárcel, cuando las prisiones están llenas de personas por robos o delitos menores.

En el país, en los últimos tiempos, fueron cuestionados, investigados, procesados o condenados, integrantes de la Corte Suprema, Fiscales, comandantes en jefe del Ejército, generales directores de Carabineros, directores de la Policía de Investigaciones (PDI), abogados “de la plaza” y personas vinculadas a poderes fácticos.

En tiempos que el Poder Judicial vive un pésimo momento, lleno de controversias y temas sin cerrar y que incluyen a miembros de la Corte Suprema.

En este contexto, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado por Transparencia Internacional, puso a Chile como un “país a observar” por los hechos irregulares. Varias encuestas locales indican que para la ciudadanía la corrupción es un problema principal y hay sondeos que sitúan la desconfianza en Tribunales de Justicia en torno del 50%. Las percepciones de existencia de irregularidades y malas prácticas están instaladas en torno del mundo empresarial, instituciones militares y policiales, instituciones estales y la política.

Caso Hermosilla, botón de muestra, no excepción

En estos días, la denuncia por corrupción tiene el rostro de Luis Hermosilla, “reputado abogado de la plaza”, socio, amigo, colaborador de políticos, jefes policiales, empresarios y otros que aún permanecen en las sombras.

Al cierre de esta nota, Hermosilla figuraba como imputado por delitos tributarios, lavado de activos y soborno. “El señor Luis Hermosilla ( ) es un instigador, es un inductor del delito de soborno”, dijo un Fiscal, y se le calificó como “consejero delictivo” y “operador político con resultados económicos”, lo que se sumó a declaraciones de juristas y legisladores calificando al jurista de corrupto e inescrupuloso. Un buen ejemplo de los consigliere que rondan en la elite chilena y en los ámbitos de los poderes fácticos. Porque en la opinión pública existe la percepción de que en el país hay muchos Hermosilla actuando.

Lo del abogado procesado de desnudó en un audio que dejó al descubierto sus prácticas y sus conexiones, que luego se abultaron con otras investigaciones y la revisión de su celular. Una danza de dineros, estimada en más de 5 mil millones de pesos, lujos, contactos con la cúpula política y financiera, recepción de informes confidenciales desde la Policía de Investigaciones (PDI), nexos con jueces y fiscales, rodean la trama de este “abogado de la plaza”.

Con el agravante de que todo apunta a que Luis Hermosilla es un botón de muestra y no una excepción en cuanto a cómo operan abogados, empresarios, políticos, operadores, ejecutando malas prácticas y armando redes de corrupción y de tráfico de influencias. En el procesamiento al profesional, están involucrados dos funcionarios, uno de la Tesorería General y otro del Servicio de Impuestos Internos, acusados de cohecho, lo que señala cómo desde círculos de poder se recurre a empleados de niveles medios y de entidades estatales para coimearlos en beneficio de personas del mundo empresarial y privado, un ámbito no del todo descubierto.

Ahora se sabe que Hermosilla tuvo contactos y realizó gestiones de diversa índole con personajes como el exministro del Interior, Andrés Chadwick, quien recibió del abogado unos 190 millones de pesos (en lo que se sabe), según dijo, por trabajos jurídicos.  El abogado fue funcionario de La Moneda cuando estaba Chadwick y el expresidente Sebastián Piñera. En estos días saltó una sensible información sobre nexos con el excandidato presidencial de la derecha, Sebastián Sichel. No se olvidan las comunicaciones reveladas de Luis Hermosilla con Sergio Muñoz, cuando éste era director de la PDI y quien le hizo llegar información confidencial y datos de procesados. En un reportaje de Ciper Chile (Centro de Investigación Periodística),  se indicó que Muñoz “le contaba cuando alguien era citado a declarar y le adelantaba la información que sus funcionarios debían pesquisar en casos delicados, como la compraventa de la Minera Dominga, que tenía al entonces Presidente Sebastián Piñera en calidad de imputado”. Muñoz fue destituido, arrestado y procesado. A ese nivel llegaban las operaciones de Luis Hermosilla. De lo que se sabe…

Precisamente en una columna de Ciper, la Doctora en Derecho, María Inés Horvitz, advirtió de “los peligros que acarrea la corrupción que se practica opacamente a través de las redes de poder que se tejen dentro del aparato del Estado para cooptarlo y emplearlo para la consecución de fines privados”. Varios especialistas hablaron en estas semanas de un fenómeno sistémico los grados de corrupción a los que se ha llegado en el país.

El Caso Hermosilla se convirtió ya en uno de los más emblemáticos en cuanto a personajes de la elite investigados y procesados por diversos delitos, y sus vinculaciones con personeros de distintos ámbitos del sector público y del sector privado.

Controversias con jueces y juezas

Hace muchos años que la Corte Suprema no citaba a su Comité de Ética. Tuvo que hacerlo hace unas semanas. Junto con ello, debió comenzar a trabajar en la redacción de un Código de Ética, como señal de que algo andaba mal.

No fueron determinaciones preventivas o de buena crianza institucional lo que motivaron esas acciones de “los supremos” y “las supremas”. Escalaron varios “episodios opacos”, controversiales, donde estuvieron involucradas juezas y jueces de la Suprema. No quedó más que tomar medidas…sobre situaciones que hasta el día de hoy siguen sin aclararse y sin respuestas a la ciudadanía.

Lo más destacado ocurrió hace un par de meses cuando se conocieron unos mensajes por WhatsApp que apuntaban a tráfico de influencias y nexos cuestionables entre abogados, políticos, jueces y fiscales. Ahí aparecieron las y los integrantes de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, María Teresa Letelier, Jean Pierre Matus y Mario Carroza.

En la trama están metidos Luis Hermosilla, el exjuez Juan Antonio Poblete (ligado al Caso Topógrafo de intercepción ilegal de teléfonos de periodistas y oficiales del Ejército), y el Fiscal Carlos Palma, este último en irregulares tratativas con Gonzalo Migueles, esposo de la jueza Vivanco. Además, en los mensajes apareció el nombre del exministro de Defensa del Gobierno de Piñera, Mario Desbordes, quien como presidente del partido Renovación Nacional aparece vinculado a una gestión para denominar a Letelier como integrante de la Corte Suprema.

Chats que revelaron operaciones para instalar en el máximo Tribunal de Justicia a algunos magistrados, ofrecer favores y solicitar gestiones, todo altamente cuestionable si se trata de quienes ocupan asientos en la máxima instancia del Poder Judicial chileno.

El tema es que todas y todos ellos evitan asumir alguna responsabilidad y hasta cuestionan la instalación del Comité de Ética, estableciéndose, de paso, otra situación de privilegio de un segmento de la elite, contrario a lo que ocurren con el común de ciudadanas y ciudadanos si se ven inmiscuidos en escándalos o delitos.

El abogado Hugo Gutiérrez, dijo en entrevista con ElSiglo.cl que “el Poder Judicial chileno es un poder intervenido por la política, y en concreto por la política partidista. Sus estructuras superiores son producto de cuoteo político o del Gobierno de turno. El actual ambiente, principalmente la Corte Suprema, está muy determinado por algo que aún se desconoce sus dimensiones” y remató que con el mecanismo de asignación de jueces y fiscales en base al “tráfico de influencias y un binominalismo judicial” –   traspasándose el binominalismo político-,“se ha terminado por desacreditar completamente a nuestros máximos Tribunales” de Justicia.

Se suman acusaciones de privilegios y decisiones extrañas de parte de juezas y jueces en casos de corrupción, delitos criminales y posibles delitos administrativos, como fue el dejar, en un inicio, con arresto domiciliario y luego con trato preferencial por parte de Gendarmería a Eduardo Macaya, acusado de abuso sexual contra menores de edad, padre del expresidente y senador de la UDI (Unión Demócrata Independiente), Javier Macaya, contrastando con la prisión preventiva inmediata contra el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por supuestos delitos administrativos.

Irregularidades de la elite, campeando

Es posible que algunos ya lo hayan olvidado. Pero el pasado mes de mayo se informó de un nuevo caso de colusión entre grandes empresas, método ilegal que suele afectar a millones de clientes y ciudadanos.

Esa vez se trató de una operación en que participaron gerentes de las empresas Indura (vinculada a consorcio Air Products & Chemicals de Estados Unidos) y Linde (de origen alemán con sede en Reino Unido). La trampa de los directivos afectó a hospitales del servicio público en plena pandemia del Covid-19, coludiéndose para cobrar más caro por gases medicinales. Ambos consorcios se auto asignaron cuotas de mercado y zonas donde no habría competencia entre ellos. La idea base era que donde operaba una empresa, no operaba la otra, descartando que hospitales y otras empresas pudieran pagar menos por los productos, como gases medicinales, y garantizando sobreprecios altos.

El caso dio cuenta de que grandes empresarios, gerentes y directivos, no renuncian a prácticas corruptas como lo demostraron las colusiones de empresas de papel sanitario, farmacias, pollos, entre otras. Desde la elite empresarial continúan apareciendo casos de corrupción y operaciones ilegales destinadas a acrecentar utilidades y, lo que es peor, en base a defraudar a millones de clientes y usuarios, e incluso a pacientes de hospitales públicos.

Está en la retina de la gente los múltiples casos de evasión de impuestos y operaciones irregulares de personajes de la elite financiera y política que realizaron oscuras operaciones en paraísos fiscales, donde estuvieron comprometidos miles de millones de dólares.

También en los meses recientes, la opinión pública supo que quedó “libre de polvo y paja” el excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, porque la Fiscalía no habría podido acreditar su enriquecimiento ilícito y fraude al Fisco. Son varios los antiguos jefes del Ejército investigados y procesados por malversación de fondos y fraude al Fisco, en lo que constituyen prácticas ilegales de la elite militar, a la que se suma mandos de Carabineros vinculados al caso Pacogate, donde se transaron ilegalmente miles de millones de pesos.

El año pasado, se supo que hubo más de 600 procesos administrativos y judiciales por casos de malversación de fondos y fraudes al Fisco, cometidos por alcaldesas y alcaldes, y funcionarios municipales. En años pasados se indicó que al menos la mitad de municipalidades estaban en el ojo de investigaciones desde la Contraloría y el Ministerio Público. Alguien podría decir que no todas y todos ellos son parte, en rigor, de la elite política y pertenecen a poderosos círculos de poder. Pero no es el caso, por ejemplo, de Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, Raúl Torrealba exalcalde de Vitacura, o Pedro Sabat, antiguo jefe comunal de Ñuñoa, que hace años forman parte de poderosas familias acaudaladas y de poderosos círculos fácticos de la derecha chilena.

Por cierto, en este panorama, vinculados o no a la elite y poderes fácticos, impactaron en la opinión pública situaciones como el llamado Caso Convenios o Caso Fundaciones, una grave y extendida causa de malversación de fondos y uso irregular de dineros públicos, donde aparecieron vinculados funcionarios, dirigentes políticos y legisladores vinculados a instancias del Frente Amplio. Las fundaciones Democracia Viva y Urbanismo Social, y funcionarios regionales, fueron investigados y procesados, provocando un fuerte impacto en el Gobierno y el mundo del oficialismo. De acuerdo a información pública, esta indagación abarca varias regiones, involucra al menos a una decena de exfuncionarios y decenas de fundaciones, y unos 90 mil millones de pesos.

En definitiva, como quizá nunca se pensó, la opinión pública nacional e internacional está contemplando una seguidilla de casos de corrupción e irregularidades en Chile donde los protagonistas son parte de la elite empresarial, judicial, política, policial y militar de Chile, un problema  que está cruzando de manera sensible y grave la realidad del país, ante una ciudadanía que mira todo con desconfianza, incredulidad y molestia.

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