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Macaya, Larraín y Daniel Jadue o la Ley del Embudo

por · 31/07/2024

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«La debatieron, como siempre,

con solemnidad y banquetes,

primero en círculos agrícolas,

con militares y abogados.

Y al fin llevaron al Congreso

la Ley suprema, la famosa,

la respetada, la intocable

Ley del Embudo

Fue aprobada».

Pablo Neruda.

Fernando García. Analista. Santiago. 31/7/2024. Desde diversos lugares de Chile, y aún del mundo, un sinnúmero de personas ha pedido que se deje en libertad a Daniel Jadue, por tratarse su encarcelamiento de una conducta discriminatoria, de una verdadera persecución política. Así lo han hecho, entre otros, miles de personas a nivel nacional(1) y cientos a nivel internacional(2).

En nuestro país la derecha se ha escandalizado por una afirmación semejante. No les parece posible que alguien sospeche siquiera que el sistema judicial pueda tener un sesgo político y sumarse al anticomunismo que el propio presidente de la república había denunciado hace algunos meses. En una posición paralela, “estamos en plena democracia”, “dejemos que las instituciones funcionen”, el “Poder Judicial es independiente”, etc., distintas autoridades de Gobierno y representantes de partidos del oficialismo han salido a defender la conducta de los tribunales, afirmando la imparcialidad del Poder Judicial.

Desde luego no deja de sorprender la amplitud del espectro nacional que se ha mostrado en “santa cruzada”. (Algo así como “el Papa y el zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los polizontes alemanes”(3).

Pero más allá de esa extraña coincidencia, vale la pena abordar la discusión con un poco de detalles.

Desde el ámbito especulativo, podemos teorizar asumiendo que una persecución política a Daniel Jadue no vendría más que a concretar una faceta más del anticomunismo visceral ya denunciado, más aún, a dejar nuevamente en claro que lejos de ser imparcial, la justicia responde a los intereses de la clase dominante. Planteamientos de esta naturaleza ha habido en las últimas semanas y no han faltado quienes los han descalificado a priori haciendo presente que se trata del pensamiento marxista (y por tanto propio y exclusivo de los comunistas, con todo el “desprestigio” que eso significa). Más allá de lo absurdo que representa descalificar un planteamiento por el sólo hecho de formar parte de una determinada doctrina, resulta interesante recordar que la idea ni es exclusiva del marxismo ni nace con él.

En verdad ya Platón, en “La República” y a través de su personaje Transímaco, había presentado la tesis de que los gobiernos crean leyes que benefician sus propios intereses y la justicia es simplemente lo que es ventajoso para el más fuerte. Y así como él, son cientos los intelectuales que desde diferentes perspectivas han planteado, de una u otra forma, algo similar. Ya en el siglo XIX el filósofo liberal Rudolf von Ihering nos enseñaba que todo derecho era resultado de “La lucha por el derecho”, (1872), o dicho de otro modo, que la norma jurídica, lejos de ser resultado de un acuerdo sobre el “bien común” o algo así, es resultado de quien gana la lucha. Durante el siglo XX son numerosísimos quienes, con diferentes matices insisten en que el derecho no es neutro. Sólo por mencionar a algunos, Pierre Bourdieu señala que las leyes y normas reflejan las relaciones de poder existentes y sirven para legitimarlas y perpetuarlas, M. Foucault, que las instituciones legales y penales funcionan como mecanismos de control social al servicio de los poderosos. Hoy, movimientos académicos e intelectuales, cercanos al marxismo, como el de “Criminología crítica” en América Latina o contrarios a él, como el de los Estudios Jurídicos Críticos (Critical Legal Studies, CLS) en Estados Unidos, han dejado en claro que el derecho y el sistema penal particularmente lejos de ser neutrales, objetivos o apolíticos, reflejan y perpetúan las desigualdades sociales, económicas y políticas existentes. Anatol France con una fina ironía nos recordaba que “La Ley, en su magnífica ecuanimidad, prohíbe, tanto al rico como al pobre, dormir bajo los puentes, mendigar por las calles y robar pan para comer”.

Desde la perspectiva popular, los sectores más pobres lo han sabido desde siempre. Unos versos rescatados de un muro de la cárcel pública de Santiago a fines del siglo XIX, describían, hace unos 130 años, con gran ingenuidad, pero sabiamente esa situación:

“En este lugar maldito,

donde reina la tristeza,

no se sanciona el delito,

se sanciona la pobreza.”

Pero más allá de los aspectos meramente teóricos, que por cierto son fundamentales al momento de realizar un análisis doctrinario del problema, una mirada a nuestra historia reciente puede ayudarnos a tener una idea más concreta de la situación.

Desde luego pocos se atreverán a negar que el Poder Judicial en general, y particularmente la Corte Suprema, actuaron como verdaderos cómplices de los crímenes de la dictadura, desde el momento mismo del golpe de Estado. Sólo por recordar algunos hechos, los máximos representantes de la CS acudieron poco después del golpe de Estado a saludar y darle su respaldo a la recién instalada Junta de Gobierno, más tarde expulsaron del Poder Judicial a decenas de miembros que eran percibidos como simpatizantes del Gobierno de Allende, paralelamente dieron legitimidad a los absolutamente ilegítimos decretos leyes, y durante los 17 años se negaron a acoger los recursos de amparo que se interponían ante las detenciones ilegales, etc., otorgando impunidad absoluta a torturadores y asesinos.

Asumiendo entonces que alguna vez, tal vez, quizás, pudo existir la posibilidad, por remota que haya sido, que nuestro sistema judicial no fuera del todo equilibrado, demos una mirada a algunos casos de los últimos años a ver si de ellos podemos sacar alguna enseñanza.

Recordemos para empezar que Daniel Jadue está recién “formalizado”, esto es que el Ministerio Público (Fiscalía) ha presentado ante un juez antecedentes que les permiten sostener que existe una sospecha fundada de que esa persona ha cometido un delito y que se encuentra en prisión, en una determinada celda,

Por el contrario, recordemos que el “señor” Macaya, que ha sido juzgado y condenado a 6 años, por delitos de abusos sexuales a menores, y se encuentra en su casa.

Aclarado lo anterior consideremos lo siguiente.

El bien jurídico protegido con las figuras que se le imputan a Jadue es básicamente el “patrimonio fiscal”. Por el contrario, en el caso de Macaya es la “indemnidad sexual de los menores”. Tenemos aquí de partida una diferencia sideral. Mientras uno se refiere a aspectos económicos, reparables por la misma vía si fuere pertinente, la indemnidad sexual de los menores implica un atentado que prácticamente no tiene reparación directa, que puede perturbar definitivamente la personalidad de los afectados, y por sobre todo que afecta a un tipo de personas que la Humanidad entera ha reconocido como dignas de una protección especial, los menores en la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989, que precisamente tiene como objetivo esencial garantizar la protección integral y el desarrollo de los niños y niñas del mundo.

Un segundo elemento a considerar es que en el caso de Jadue estamos ante una persona contra quien recién se inicia un juicio, en el de Macaya contra un individuo condenado en primera instancia, y a una pena que sólo se puede cumplir privado de libertad.

Otro elemento a considerar es el trato recibido. Mientras Daniel Jadue ha sido exhibido esposado, trasladado por gendarmería, ocupando una determinada celda y sujeto a el sistema regular de visitas limitadas, Macaya, no ha sido exhibido esposado, y durante el poquísimo tiempo que ha estado sometido a la custodia de gendarmería fue llevado al recinto carcelario en vehículo privado, no ha estado en ninguna celda común, sino en la enfermería (sin estar enfermo) y luego en una celda especial para mujeres, con baño privado y sin restricciones de visita.

En verdad como ha señalado la diputada Carmen Hertz “todo lo hecho por el sistema judicial en relación al abusador sexual reiterado de menores Eduardo Macaya es descarado, violento, impúdico”.

Alguien podría sostener que lo de Macaya es sólo una excepción, y nuestros tribunales son ecuánimes. Pero las excepciones parecen ser demasiadas. Y para muestra, algunos botones. A Carlos Délano y Carlos Lavín por los delitos tributarios cometidos e investigados en el llamado caso Penta, el año 2018, los condenaros a seguir clases de ética, mientras el año anterior, el 2017, “…3 mil 92 personas inocentes estuvieron privadas libertad para luego ser absueltas.., a Martín Larraín, hijo del senador Carlos Larraín, presidente del P. Nacional, que manejando en estado de ebriedad atropelló y dio muerte a Hernán Canales Canales y luego se fugó, ¡¡lo absolvieron!!, a la ex alcaldesa UDI de Antofagasta, Karen Rojo, condenada a cinco años y un día por delitos de fraude al fisco, ni siquiera la sometieron a la medida cautelar de prohibición de salir del país, y pudo fugarse tranquilamente por el aeropuerto de Pudahuel. Y mientras tanto, tenemos 18 exuniformados prófugos de la justicia, condenados por diversos delitos de lesa humanidad, algunos involucrados en el crimen de Víctor Jara y Littré Quiroga, en la ejecución de 38 campesinos en el Caso Paine principal, el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, Operación Cóndor, Caravana de la Muerte y Caso Quemados, entre otras investigaciones.

La ley del embudo en su máxima expresión.