“Necesitamos que exista capacidad del Estado para perseguir el crimen organizado”

Así lo expresó la diputada Alejandra Placencia, quien apuntó a que las bandas criminales tienen “diversidad de negocios…estamos hablando de narcotráfico, también de trata de personas, de tráfico de armas, de negocios ilícitos”. Planteó la necesidad de “perseguir la ruta del dinero, abrir el secreto bancario” y cuestionó que la derecha se oponga  a ello e instó a que definan si están “del lado de fortalecer el Estado para la persecución de nuevos tipos de criminalidad, o están del lado de proteger a aquellos que pueden estar corrompiendo autoridades, instituciones del Estado”. La integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja llamó a avanzar en contar con el Ministerio de Seguridad Pública, encarar una reforma en Gendarmería y sacar adelante los proyectos de Ley de Inteligencia Económica y el Sistema de Inteligencia del Estado. Frente a los casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de delincuencia, la legisladora del Partido Comunista expresó que “la coordinación interinstitucional es fundamental para hacer trabajos preventivos con los municipios, con las escuelas, con la salud primaria y, por otro lado, fortalecer el control y la persecución penal”. Sobre los beneficios que habría tenido Eduardo Macaya al ser detenido por abuso sexual infantil, Alejandra Placencia manifestó que “hay una sensación de impunidad, de privilegio, de cuestionamiento a cómo funcionan las instituciones”.

Maca Benítez. Periodista. “El Siglo”. Valparaíso. 26/7/2024. La diputada comunista Alejandra Placencia, integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, ha participado activamente en las discusiones en esta materia, tanto con el Ejecutivo como en el territorio, escuchando las demandas de vecinas y vecinos y también con parlamentarios del oficialismo y oposición en torno a medidas que permitan actuar de manera eficaz contra la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico.

En conversación con ElSiglo.cl relata los principales puntos sobre los proyectos que se están abordando en el Congreso, las consecuencias de la delincuencia en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes y el descaro en el Caso Macaya.

Respecto a lo que es la agenda prioritaria de la Comisión de Seguridad, ¿en qué trámite están en este momento proyectos como la Ley de Inteligencia Económica y el Sistema de Inteligencia del Estado?

Esos son proyectos que el Gobierno ha incorporado en el fast track y creo que tienen una razón de ser cuando decimos que queremos realmente combatir el crimen organizado con herramientas que el Estado hoy no tiene y que debe tener, y eso está contenido en el Sistema Nacional de Inteligencia. Necesitamos que las instituciones estén coordinadas, que exista la capacidad del Estado para perseguir de manera efectiva el crimen organizado que sabemos que tiene una diversidad de negocios, que su objetivo es el dinero. Y no sólo estamos hablando de narcotráfico, también estamos hablando de trata de personas, de tráfico de armas, de negocios ilícitos. Se necesita blanquear ese dinero, por lo tanto, el subsistema de Inteligencia económica va en esa línea, perseguir la ruta del dinero, abrir el secreto bancario y son las cosas en las que lamentablemente hemos encontrado resistencia. Ambos son proyectos de gran envergadura y es por eso que el Presidente (Gabriel Boric) les dio urgencia y si bien son proyectos de suma importancia no son de fácil despacho, requieren de un tratamiento acucioso para que justamente lo que se apruebe sea efectivo.

Respecto a la Ley de Inteligencia Económica la derecha se opone a levantar el secreto bancario.

Por supuesto, porque en el fondo quieren caricaturizar esto y es porque en lo declarativo todos quieren combatir la delincuencia, todos quieren combatir el crimen organizado, el tema es cómo hacemos de ese discurso práctica y consecuencia al momento de votar y ellos se han opuesto permanentemente a la apertura del secreto bancario con esas caricaturas, en que supuestamente te van a abrir las cuentas para ver qué es lo que compraste en el supermercado, y claramente eso no es así. El mismo jefe de la Unidad de Análisis Financiero dijo que esto era necesario y creo que ahí las explicaciones las tienen que dar ellos, si es que en el fondo de qué lado están: del lado de fortalecer el Estado para la persecución de los nuevos tipos de criminalidad, como tanto lo dicen, o están del lado de proteger a aquellos que hoy día incluso pueden estar corrompiendo autoridades, instituciones del Estado, porque el crimen organizado necesita también socavar la institucionalidad para poder seguir haciendo su negocio.

Después del asesinato de los tres carabineros y los crímenes en Quilicura y Lampa  surgieron, tanto de la oposición como del oficialismo, exigencias de medidas concretas para enfrentar la delincuencia. ¿Se está actuando desde la coyuntura  o existe un diseño previo que fue frenado anteriormente y que ahora es urgente de aplicar?

Creo que son ambas cosas, porque tenemos urgencias reales, porque uno lo palpa en el territorio, tú lo ves en la población, la escasez de carabineros, lo que significa que no exista dotación suficiente para el control preventivo, los patrullajes preventivos que se hacen, o como municipios con escasos recursos. Pienso que desde el inicio del Gobierno se identificó esta desigualdad territorial en materia de seguridad y había que subsanarla y para eso se empezaron a destinar recursos donde más se necesitan y ahí es donde se aumenta la capacidad de vehículos de Carabineros, se les otorgan mejores elementos de protección personal y se hace un esfuerzo por equipar y para que ese equipamiento también vaya donde más se necesita. También hay un esfuerzo por equiparar la cancha respecto de comunas que históricamente sí han tenido un alto presupuesto para invertir en seguridad, porque tenemos, por ejemplo, comunas como la que encabeza la alcaldesa Javiera Reyes (Lo Espejo) que de acuerdo a los últimos datos que nosotros manejamos, como municipio puede destinar menos de 200 pesos a seguridad, versus 25.000 o 30.000 pesos en Providencia; ese es el nivel de desigualdad. Hoy día esas medidas son urgentes, lo que se ha hecho ahora de destinar 500 nuevos carabineros a la Región Metropolitana, también con ese criterio de equidad territorial, y respondiendo a ¿dónde se necesitan más esos carabineros?, ¿dónde se necesita que vayan a proteger a la población y a estar con la comunidad y  a conocer esas dinámicas? Hay que estar presentes con las acciones y las atribuciones que tienen justamente para el resguardo de la población en seguridad.

¿Esto ha permitido abrir la agenda para dar un debate más profundo sobre cuál es el origen de estos fenómenos?

Nosotros hemos dicho siempre que nuestra mirada de la seguridad debe sí o sí ser integral, porque tenemos una debilidad del Estado donde la legislación no alcanza para eso, necesitamos sacar definitivamente el Ministerio de Seguridad Pública porque va a ser una herramienta importante en materia de seguridad pública y orden público, pero también de prevención. Es un ministerio especializado que nuestro país necesita y separar esas funciones de lo que es el Ministerio del Interior para que actúe más como una jefatura de gabinete en coordinación del resto del ministerio y las políticas públicas que son importantes de llevar a todo el país es una necesidad. Este proyecto lleva 18 años en el Congreso y ahora el Presidente Boric hizo unas indicaciones que mejoraron y actualizaron el proyecto y en el fondo lo que hacen es crear un ministerio para el hoy y proyectándolo también para las necesidades futuras. Diría que también necesitamos incorporar en esa mirada lo que está pasando con el sistema penitenciario y Gendarmería pues ahí se necesita una reforma profunda, no sólo en términos de los mismos centros penitenciarios e infraestructura, sino también de la formación, del rol de Gendarmería, eso es una parte. Lo otro es el desarrollo de políticas públicas, de legislación, necesitamos políticas públicas que trasciendan los gobiernos, por ejemplo en materia de prevención. Tenemos que evitar que el delito se produzca, necesitamos evitar que los niños, niñas y adolescentes vivan en contextos de violencia. Tuvimos una reunión de la Comisión de Seguridad justamente para ver los temas de infancia y ahí no solo tenemos situaciones gravísimas de niños y niñas que han muerto en contexto de delitos violentos, sino también un gran número de niños, incluso menores de cinco años, que mueren en contexto de violencia intrafamiliar, entonces ¿cómo hacemos para que la violencia no sea parte de la vida de los niños, niñas y adolescentes que posteriormente podrían verse expuestos a situaciones violentas también en el futuro? Ahí la coordinación interinstitucional también es fundamental para hacer esos trabajos preventivos con los municipios, con las escuelas, con la salud primaria y, por otro lado, fortalecer el control y la persecución penal. En todo caso se ha mejorado bastante y los datos así lo muestran, pasar de 42.000 personas privadas de libertad al inicio del Gobierno a más de 56.000 en lo que llevamos del periodo, significa que mejora importante. El tema es cómo hacemos una segregación adecuada, cómo tenemos centros penitenciarios que permitan separar a aquella población penal que tiene mayor compromiso delictivo, por ejemplo, líderes de crimen organizado que deben estar en cárceles de máxima seguridad, separados del resto y definir cuales políticas de reinserción se van a aplicar.

Justamente en el tema de infraestructura carcelaria usted menciona que es imposible hacer una reinserción cuando existe hacinamiento carcelario.

Ese es uno de los problemas que tenemos porque  sobre todo en algunos lugares como en el norte, están absolutamente sobrepasados, hay un hacinamiento que es muy notorio, hay otros que tienen menos, pero en todos hay sobrepoblación finalmente y así no se puede reinsertar de manera adecuada. Gendarmería tiene entre sus misiones no sólo la custodia de las personas privadas de libertad y que puedan estar en buenas condiciones cumpliendo las condenas, sino que también tiene que hacer un ejercicio de ver que esa población penitenciaria no necesariamente va a estar toda la vida en la cárcel. Entonces ¿cómo hacemos para que esas personas puedan justamente tener un proceso de reinserción social que sea efectivo y que les permita cortar los vínculos con  bandas criminales o que dejen de ser propensas a delinquir? Ese es un desafío.

En otro tema que nos ha remecido como sociedad que es el de Eduardo Macaya, un abusador de menores que queda con arresto domiciliario después de un cambio en su medida cautelar, mientras su hijo se pone de su lado y entrega testimonio contra las víctimas menores de edad y apoya a su padres. ¿Es suficiente que Javier Macaya haya renunciado a la presidencia de la UDI? Y por otro lado, ¿cómo se entiende que Gendarmería le haya concedido privilegios las 72 horas que alcanzó a estar recluido?

Se solicitaron oficios al respecto y lo que se espera es que exista una explicación donde quede muy claro algo que para nosotros es incomprensible respecto de los protocolos vigentes, porque no es posible que fuera de todo protocolo, no haya ido esposado, haya tenido un baño en su habitación, en una enfermería, con horarios de visita sin restricción, cosas que evidentemente no forman parte de ningún sistema penitenciario que nosotros conozcamos. Hay una sensación de impunidad, de privilegio, de cuestionamiento a cómo funcionan las instituciones y, en ese sentido,  me alegro que el Gobierno a través del Ministro de Justicia y Derechos Humanos haya solicitado un sumario, porque eso da cuenta de que hay algo ahí que investigar. Y respecto de Javier Macaya, claro, él renunció a ser presidente de su partido, que creo que era lo mínimo que podía hacer. Ahora, lo cuestionable es que siga siendo parlamentario porque es una persona que le parece que es razonable justificar abusos sexuales, donde además existe una condena, con pruebas irrefutables es inaceptable. Cuando ese tipo de personas legisla, nosotros decimos aquí hay un peligro, porque nuestra responsabilidad no es solo ponernos de acuerdo, hay pisos mínimos que tienen que ver con que nuestra  institucionalidad debe defender la integridad de las niñas, niños y adolescentes y  el derecho a vivir en una vida libre de violencia de todo tipo. En torno a esto ¿qué garantías le damos de protección con personas así en el Congreso? Hay que esperar que las personas lo tengan claro y no lo olviden.

Foto: Constanza Reyes Torres.

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