¿Cómo es el asunto del alza en las cuentas de la luz a partir de julio?

En julio debería producirse una subida de hasta 43% en el costo de la energía eléctrica de acuerdo a una ley aprobada en el Congreso, en el marco del congelamiento de los precios en los últimos años. Se deben 6 mil millones de dólares por ese concepto y ahora se debe pagar a los consorcios privados y trasnacionales, alzando el costo de la luz parta la gente. Sin embargo, expertos aducen que los consorcios privados y trasnacionales registran buenas ganancias y no existiría el “estrés financiero” del que se quejan. En tanto, el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que “si no hay recursos para financiar un aumento de la PGU, si no hay recursos para financiar desde el Estado salas cuna…una reducción de listas de espera en los hospitales, difícilmente podría haber recursos para ampliar el subsidio eléctrico”. La diputada Karol Cariola instó a “buscar un mecanismo entre el Gobierno, el Parlamento y autoridades que sean necesarias para resolver un problema que es real de las familias chilenas” y la legisladora Ana María Gazmuri apuntó que la “clase media y Pymes serán los más perjudicados. Necesitamos que el Estado se haga cargo”.

Gonzalo Magueda. Patricia Ryan. Periodistas Colaboradores. “El Siglo”. Santiago. 26/6/2024. El punto en concreto es que a partir del 1 de julio subirían las tarifas de la luz hasta en un 40%, afectando a millones de familias chilenas en todo el país.

¿La causa? Que de acuerdo a la Ley de Estabilización Tarifaria aprobada en abril por el Congreso, iniciativa que contó con el respaldo del Gobierno, el 1 de julio se termina el congelamiento de los precios en la energía eléctrica, que venía operando desde 2019, y se busca pagar los 6 mil millones de dólares de la deuda con las empresas privadas y trasnacionales generadoras de luz.

Cumplir con eso recae en la población que verá un fuerte aumento en las cuentas de la luz, sin posibilidad de apelar ante las compañías privadas y extranjeras. De acuerdo con expertos, era “una situación que se presentaría irremediablemente”, “era algo que se veía venir”, aunque la gente no lo tuviera muy claro.

Entrevistado en Radio Universidad de Chile, el economista de Fundación Sol, Gonzalo Durán, comentó que “hay que recordar que las tarifas eléctricas se congelaron a propósito del estallido social con una ley el 2 de noviembre del 2019 y luego con la pandemia se expandió. Hoy en día las empresas privadas acusan que se les debe más de 6 mil millones de dólares y han propuesto un programa de pago a través del alza en las tarifas eléctricas”. Así se concreto.

Claro que Durán cuestionó la necesidad o urgencia de los grandes consorcios de la luz en cuanto a estar urgidos en que se les pague la deuda. “Por ejemplo, la Asociación de Generadoras, las empresas eléctricas, la mayoría de ellas multinacionales que tomaron el control de empresas públicas acá en Chile, hoy día acusan que estarían bajo un estrés financiero y eso dista mucho en la realidad”, pero puntualizó que “cuando vemos el caso de Enel, la distribuidora que está totalmente encadenada con la generación, transmisión y distribución, vemos que durante el período de congelamiento de las tarifas, aumentaron sus ganancias en casi un 99% en términos reales, ajustados por la inflación”.

En general, las grandes empresas generadoras de luz en el país, obtuvieron ganancias, como viene ocurriendo hace décadas.

El economista de la Fundación Sol explicó en Radio Universidad de Chile que las razones de la deuda que reclaman las compañías, pese a las ganancias que obtuvieron durante los últimos años, tienen que ver con que “hay un tema con la ley de regulación y las tarifas que en general les ha beneficiado desde la privatización. Entonces, está todo reglamentado y cada cierto tiempo las tarifas tienen que ir aumentando, pero eso no tiene relación con las ganancias. Esas ganancias vienen de procesos que ellos dicen de racionalización económica, van optimizando y ahorrando costos”.

Y agregó: “Eso también genera un hastío cuando se escuchan estas noticias en la ciudadanía, porque vemos acá mismo en Santiago, tuvimos un frente de mal tiempo y cada vez que llueve se está haciendo común que se corta la luz. Eso tiene que ver con la mantención, y si no hay mantenciones, es porque estas empresas están ahorrando la plata para eso. Tampoco hay un plan para poner los cables de manera subterránea que también sería una solución”.

Las leyes para el congelamiento del precio de la luz surgieron bajo el Gobierno de Sebastián Piñera, en noviembre de 2019, en el contexto de la revuelta social, y en mayo de 2022, durante la administración de Gabriel Boric, por efecto de la pandemia en el bolsillo de las familias chilenas. El 9 de abril pasado en el Congreso se aprobó la ley para estabilización de las tarifas eléctricas.

Toda esta situación provocó en estos días duras reacciones en el Congreso, que incluyó la afirmación de legisladores oficialistas y de oposición en cuanto a que el Ministerio de Energía no fue claro en las cifras y antecedentes sobre la situación de deudas y alzas de precios en la luz, y en cuanto a que la situación presentada ahora es sorpresiva e inaceptable por el efecto en las economías de los hogares. “Tengo un enredo de números” comentó la diputada Marcela Riquelme y “la postulación al subsidio es engorrosa” dijo el legislador Marco Sulantay. La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola, aseveró que “yo le pedí al ministro (Diego Pardow, de Energía) poder informar abiertamente cuál era el porcentaje de alza que se proyectaba. Y la verdad, es que esa información nunca estuvo a disposición de manera precisa en el debate”.

“Consecuencias graves”

De acuerdo a la información oficial, el precio de la luz subirá en todo el país entre un 30 y un 40 por ciento, algo bastante abultado para el presupuesto familiar. Habrá regiones como Atacama y Valparaíso donde el alza será de un 43 y 42 por ciento, respectivamente. Regiones como O’Higgins, Metropolitana, Ñuble, Biobío, La Araucanía, tendrán subida de precio de la luz entre 36 y 39 por ciento.

En relación al cuadro que se presenta, el diputado Jaime Araya expresó que “desde el principio le dijimos al ministro que debíamos pensar en una solución distinta (a subir las tarifas), que las consecuencias iban a ser graves y no fuimos escuchados”.

Una de las medidas anunciadas desde el Gobierno -que al cierre de esta nota decía estudiar algunas variantes de solución- era un subsidio para el 40% de la población más pobre, lo que totaliza unas tres millones de personas. En realidad, el subsidio para amplios sectores de la población es la salida que están viendo distintos actores económicos, sociales y políticos.

Jaime Mulet, diputado, describió que “para bajar el precio de la energía hay que tener plata para pagar más subsidios” y recalcó que de todas formas “alguien tiene que pagar la cuenta”, en referencia a las deudas.

En este contexto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, declaró que “sólo es posible aumentar los subsidios si tenemos recursos adicionales. O sea, si hoy no hay recursos para financiar un aumento de la PGU (Pensión Garantizada Universal), si no hay recursos para financiar desde el Estado salas cuna…una reducción más agresiva de listas de espera en los hospitales, difícilmente podría haber recursos para ampliar el subsidio eléctrico”. Claro que el titular de las finanzas públicas no desechó que pueda haber un camino de salida al alza de la luz para apoyar al grueso de la población.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, manifestó que “hay unas ideas circulando y yo invitaría a concentrarnos” en soluciones que podría emanar de una comisión que vería este problema, en el marco de la ley aprobada.

Como sea, desde varios ámbitos se dijo que con este tema hay “un polvorín”, una “delicada situación social”, “una afectación a cientos de miles de hogares” y, por cierto, no se dejó de plantear que la situación puede tener un efecto electoral negativa ante el impacto en la gente.

Mirando alternativas

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola, frente a la situación presentada, afirmó que “se trata de buscar un mecanismo entre el Gobierno, el Parlamento y autoridades que sean necesarias para resolver un problema que es real de las familias chilenas”.

En declaraciones a Radio Pauta, dijo que “lo que nosotros tenemos que poner en el centro es la necesidad de la familia y buscar caminos precisamente para poder paliar estas situaciones. Y hay propuestas sobre la mesa de los parlamentarios, propuestas de soluciones más de fondo, inmediatas y de soluciones de mediano plazo, además en la ley se estableció una mesa técnica asesora”.

Expuso que “hay contratos que nosotros estamos pagando a precio de la generación vía carbón, que es mucho más cara. Y sin embargo, ya tenemos completamente diversificada o casi completamente diversificada, porque hay una cantidad importante de materia energética”.

Agregó que lo planteado al ministro Pardow es “renegociar esos contratos antiguos que son los que hoy día suben el precio”, buscando beneficiar a las familias chilenas.

Karol Cariola llamó buscar y considerar medidas alternativas a las actuales. “Yo pongo la propuesta de los contratos como una más, en el marco de muchas otras que puedan existir. El Frente Amplio planteó la propuesta de generar un aumento de impuesto en relación al tema de la generación de energía contaminante. A mí me parece que eso también es una propuesta que podría analizarse. El ministro Marcel habló de acelerar el pacto fiscal precisamente para tener mayores recaudaciones de recursos”, agregó.

Insistió en que “busquemos todos los caminos que sean posibles, que sean necesarios, que sean responsables, y que en conjunto, porque esto no se trata de estar en contra del Gobierno, al contrario, se trata de buscar un mecanismo conjunto entre el Gobierno, el Parlamento y todas las autoridades que sean necesarias para resolver un problema que es real de las familias chilenas en este momento y que a todos, por supuesto, nos pesa y nos preocupa”.

En un documento dado a conocer desde el Frente Amplio se indicó que “el inédito subsidio eléctrico dirigido a 1.5 millones de familias más vulnerables del país fue un primer paso parta amortizar las alzas; sin embargo, es imprescindible dar nuevos pasos, aumentando los recursos y mecanismos disponibles para que, en pleno invierno, más familias no se vean afectadas por los ajustes tarifarios en el sistema eléctrico”.

Se planteó, como camino de captación de recursos y no elevar tanto los precios de la luz, “subir el impuesto a la generación de energía contaminante junto con elevar el cargo por servicio público para las grandes industrias”.

El senador Juan Luis Castro apuntó que “hay que hacer un esfuerzo político y técnico para encontrar nuevos mecanismos de financiamiento, como la disminución del IVA, fondos soberanos o un impuesto verde al carbono”.

La diputada Ana María Gazmuri expresó que “necesitamos que el Gobierno escuche al Congreso, que de manera transversal pide que se frenen las alzas”.

Agregó que “esto no significa que tapemos el sol con un dedo, ni que hagamos que no existe una deuda. El Gobierno, junto al Congreso, tienen la obligación de diseñar una política pública que pueda ser sostenible en el tiempo, con la plena entrada en vigencia de las energías renovables, en los procesos de licitación”. Añadió: “Reitero la petición de la ‘bancada eléctrica’, conformada por parlamentarios del oficialismo y de la oposición, (de que) el Gobierno tiene que renegociar los contratos que fueron celebrados antes del 2015 y frenar las alzas que son consecuencia de una mala política pública. Clase media y Pymes serán los más perjudicados. Necesitamos que el Estado se haga cargo”.

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