El inesperado vuelco en operación político-comunicacional-judicial del general Yáñez

El jefe policial buscó con ahínco no tener que irse del cargo y que no fuera formalizado. No lo había conseguido. Hasta que se produjo el asesinato de tres suboficiales de Carabineros. Ahí le cambió el escenario…a favor.

“El Siglo”. Santiago. 29/4/2024. En el último mes el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, había decidido llevar adelante una operación político-comunicacional-judicial para resolver sobre su renuncia al cargo y enfrentar el trámite de formalización que se concretaría este martes 7 de mayo por “omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio”, dicho de otra manera, no actuar ante violaciones a los derechos humanos en el marco de la revuelta social de 2019.

La operación, que fue acompañada por acciones de algunos medios de prensa, legisladores y dirigentes de la derecha y la extrema derecha y un grupo de abogados, tenía como propósito primero evitar la formalización, luego instalar su posicionamiento político e institucional con un tono de victimización, desestimar las acusaciones de violaciones a los derechos humanos y abusos cometidos por personal de Carabineros durante la revuelta social de 2019 y, finalmente, concretar su renuncia al cargo apuntando a ataques injustos en contra de su persona y de la institución policial.

Pese a todas esas maniobras -que incluyó recurrir al Tribunal Constitucional y la Corte de Apelaciones (en ambas instancias le fue mal)- el panorama para el general Yáñez se veía gris. De acuerdo a versiones de prensa, del alto mando policial, de legisladores y algunas desde el Gobierno, este lunes se habría producido la renuncia del jefe de Carabineros, sin antes emitir un elocuente y quizá duro discurso el sábado pasado en la fecha de aniversario de la policía uniformada. Un discurso de despedida, pero también de queja. Y todo habría quedado dispuesto para que se enfrentara a una formalización la semana próxima.

Pero nadie esperaba un trágico suceso que cambiaría el escenario. En los primeros minutos del sábado pasado, fueron asesinados tres suboficiales de Carabineros en la Región del Biobío. Un ataque artero que golpeó a Carabineros de Chile, le dio un giro a la agenda nacional y gatilló una tensa situación política.

El dramático suceso puso al general director en otra situación. Su renuncia quedaba desechada y su formalización en el aire. No hubo discurso de despedida.

No fue la operación política-comunicacional-judicial implementada por el general Yáñez, su entorno y el sector político que lo apoya, lo que dejó de lado su renuncia y puso puntos suspensivos a su formalización. Fue el asesinato de los tres funcionarios de Carabineros.

“No puede haber cambio en el mando de Carabineros”

Fue la ministra del Interior, Carolina Tohá, la que dio por cerrada la opción de renuncia del general Ricardo Yáñez pese a las imputaciones que hay en su contra. “En este momento no puede haber cambio en el mando de Carabineros porque sería un golpe en una institución que está muy golpeada”, afirmó.

Y argumentó: “Es una circunstancia muy compleja enfrentar en un momento como este, con un mando que está al mismo tiempo con esa otra dimensión abierta y con a poco camino la posibilidad de cambios grandes en la institución. Es demasiada incertidumbre junta”. Todo en relación a la posible dimisión y la formalización del jefe de la policía uniformada. Tohá enfatizó que “en este momento no vamos a hacer cambios en el mando de Carabineros”.

Ya el sábado el propio Presidente Gabriel Boric había dado señales en ese sentido al afirmar que “nuestro rol como autoridades es dar conducción y entregar resultados, no actuar con la cabeza caliente. Y en esto todos somos necesarios. Por cierto, lo es también el general Yáñez y, por lo tanto, todas las autoridades ( ) vamos a estar trabajando en coordinación y colaboración para poder tener verdad, justicia y que no haya impunidad. Seguiremos trabajando”.

La no renuncia de Yáñez fue exigida desde la oposición, y se sintetizó en una declaración del diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper: “No se cambia al capitán en la mitad del combate. Este es el momento de respaldar al general director de Carabineros”. Desde la Asociación de Municipalidades, gremios empresariales y columnistas diversos, se planteó que no era conveniente la renuncia del general director.

Pero las cosas no quedaron ahí. Durante el fin de semana, esos sectores comenzaron a plantear que no se debía formalizar el 7 de mayo al general Yáñez, que se debía aplazar o suspender su comparecencia ante la justicia. La idea no fue mal recibida en el Gobierno, ni tampoco por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia.

El propio Valencia declaró que “lo que me informó el Fiscal (Xavier) Armendáriz es que se ingresó un escrito en el Poder Judicial para solicitar un nuevo día y hora. Una postergación de la audiencia, que se encontraba agendada para el 7 de mayo…No es que se deje sin efecto la decisión de formalizar, sino que se pide un nuevo día y hora para los tres imputados en la causa, no solo para el general Yáñez”. Agregó el Fiscal Nacional el aplazamientos se produce en el marco de “las reiteradas peticiones de parte de la defensa de contar con más tiempo para analizar los antecedentes de la investigación”.

Y ocurrió. Este día, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud presentada por el Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, y determinó aplazar la audiencia en que se formalizaría al general Yáñez.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que “la opinión que tenemos como Gobierno frente a este escenario lamentable que se ha dado (asesinato de los tres carabineros) es que es una decisión prudente, es una decisión que no suspende ni inhabilita la acción de la justicia, solo que entiende, y es de sentido común, que tenemos un contexto distinto a lo que teníamos la semana pasada”.

Con todo esto, el general director Ricardo Yáñez cumplía sus objetivos: no renunciar y al menos atrasar su formalización.

Decisiones en controversia

Como sea, en distintos ámbitos políticos, legislativos y de derechos humanos no cayó nada bien lo sucedido porque, al final de cuentas, se sostuvo que las situaciones “van separadas”, es decir, una cosa es cómo enfrentar el trágico suceso del asesinato de los tres funcionarios policiales, y otra son las acusaciones formales en contra del jefe de Carabineros, su formalización y pedida de renuncia.

La diputada Alejandra Placencia, del Partido Comunista (PC), e integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados, indicó que “una cosa es que el Ejecutivo decida mantener a un general formalizado, otra es que el Poder Judicial acceda a esta petición de la defensa del general cuando ya habían decidido rechazar esta solicitud anteriormente”.

Añadió que “llama profundamente la atención que Fiscalía pida más plazo, en medio de este contexto y cuando lo que le corresponde es ser el ente persecutor. No hay ningún elemento nuevo en esta solicitud de postergación, yo preferiría de antemano no asumir que se está actuando con un criterio político”.

Las diputadas del PC, Carmen Hertz y Lorena Pizarro, pusieron, respectivamente, los siguientes mensajes en X: “Una vergüenza esta decisión, hace cinco meses que se anunció la audiencia y se pretende fundar que la defensa pide contar ‘con más tiempo’ es peligroso para la institucionalidad que @FiscaliadeChile aplace audiencias de formalización para darle el gusto a un sector político”. “Impresentable que la respuesta tan rápida del Ministerio del Interior sea que Yáñez no va a salir por su responsabilidad, o sea pedimos justicia para algunas causas y para otras no se requiere la misma fuerza para demandar justicia”.

En tanto, la presidenta del Partido Socialista (PS) Paulina Vodanovic, declaró simplemente que “las decisiones que tome la Fiscalía no cabe sino respetarlas”.

Más preciso, el diputado del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, señaló que “si el Gobierno decidió respaldar la posición de la Fiscalía de postergar la audiencia de formalización al general Yáñez y además decidió mantenerlo en su cargo para enfrentar este momento respecto de la amenaza del terrorismo en la crisis de seguridad, lo mínimo es que generemos unión al interior del oficialismo para respaldar esa medida”.

Con esas declaraciones quedó claro que dentro del oficialismo no hay acuerdo respecto al destino inmediato del general director de Carabineros.

Las controversias seguramente seguirán ya que se informó que recién el 1 de octubre se concretará la formalización de Ricardo Yáñez, es decir, cinco meses en que el jefe policial estará ejerciendo en medio de polémicas, cuestionamientos, dudas y también defensas a su gestión.

Lo que significa una continuidad de operaciones política, comunicacionales y judiciales del jefe de Carabineros, que sin duda lo sacarán de la centralidad de su labor y lo seguirán colocando en medio de debates políticos.

Es así que frente a esta situación, el abogado querellante, Luis Mariano Rendón, enfatizó que “lo que no pudieron conseguir mediante las legítimas armas del derecho, pues todas las solicitudes de aplazamiento ante el tribunal de garantía, Corte de Apelaciones y Tribunal Constitucional fueron rechazadas por infundadas, lo consiguieron mediante una brutal manipulación política de Fiscalía, un órgano supuestamente autónomo”.

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