Cruciales cifras de sueldos, pensiones y superricos

Una solución a la crisis nacional en curso es imperiosa y urgente. Para orientarla parece esencial apreciar con claridad quiénes son, cómo viven y trabajan hoy, los de abajo. También conocer a los de arriba, cuales son sus principales abusos sobre los primeros, y cuales las reformas necesarias para acabarlos.

Manuel Riesco, Vicepresidente CENDA. 07/02/2023. Chile vive tiempos turbulentos que la ciencia política clásica define como una crisis nacional. Un momento en que los de arriba no pueden seguir mandando como hasta ahora y los de abajo no lo toleran ya más. El sistema político se ha deslegitimado a niveles insostenibles, incluyendo desde el 4-S a la institucionalidad surgida del 18-O. Como se sabe, ello se debe principalmente a la incapacidad de la autoridad política de poner coto a los grandes abusos de los poderosos contra el pueblo. En palabras de Arturo Alessandri Palma que presidió tiempos semejantes hace exactamente un siglo, el país vive una hecatombe política originada en la postergación de las reformas necesarias.

Una solución a la crisis nacional en curso es imperiosa y urgente. Para orientarla parece esencial apreciar con claridad quiénes son, cómo viven y trabajan hoy, los de abajo. También conocer a los de arriba, cuales son sus principales abusos sobre los primeros, y cuales las reformas necesarias para acabarlos. Las estadísticas previsionales y de contribuyentes, virtuales censos cotidianos de la población no infantil o juvenil del país, muestran retratos definidos e impresionantes tanto del pueblo trabajador cómo de sus patrones, develan uno de los principales abusos de éstos sobre aquéllos, y sugieren cómo acabarlo.

El pueblo trabajador no jubilado

Los registros previsionales dibujan rasgos precisos del pueblo trabajador no jubilado, cuyo número se acerca a los doce millones de personas. También de los tres millones de personas trabajadoras jubiladas. Las primeras viven principalmente de los salarios que perciben cuando logran acceder a uno de los cerca de siete millones de empleos formales que ofrece la economía. Todo el pueblo trabajador no jubilado y también no pocas personas pensionadas, entran y salen constantemente de esas ocupaciones, que por lo general son precarias y de jornadas extenuantes. En el intertanto y a veces al mismo tiempo trabajan por su cuenta, condición en que, en un mes cualquiera, trabaja al menos un quinto de la fuerza laboral ocupada, o permanecen cesantes. 

Tanto el número de personas no jubiladas que trabajan como los empleos que ocupan, crecen rápidamente y se han más que duplicado en las últimas tres décadas. La dinámica de los últimos se refleja con notable precisión en la del producto interno bruto, PIB, que mide principalmente el valor agregado en esas ocupaciones, la mayor parte de las cuales producen bienes y servicios que se venden en el mercado. 

Las mujeres representan poco menos de la mitad del pueblo trabajador no jubilado y ocupan actualmente el 43 por ciento de los empleos asalariados disponibles, pero en ambos casos representan más de la mitad de su incremento anual. Por otra parte, más de la mitad del aumento del número de personas trabajadoras no jubiladas son de otras nacionalidades, las que ya conforman un 11 por ciento del total.

 El pueblo trabajador de Chile es muy joven, cerca de dos tercios no han cumplido 46 años y poco menos de la mitad no ha cumplido 36 años. Es razonablemente bien calificado, tiene enseñanza media completa y una proporción que se acerca a la mitad ha cursado algún tipo de educación terciaria. Tiene amplio acceso a información de todo tipo mediante teléfonos móviles que maneja con destreza y hasta en los rincones más remotos del territorio.

Las remuneraciones que pagan los empleos donde se origina la mayor parte de los ingresos del pueblo trabajador no jubilado, promedian actualmente alrededor de un millón de pesos, poco más de mil dólares, por mes. Dicho monto ha variado poco en los últimos cinco años, pero en las últimas tres décadas se ha duplicado. 

En la última década y media, los salarios han aumentado un 50 por ciento y su promedio ponderado por el número de ocupados alcanza a poco más de 935 mil pesos. Sin embargo, puesto que no todas las personas que trabajan consiguen un empleo todos los meses, ni mucho menos, el ingreso salarial promedio de todas ellas se reduce considerablemente. Las cerca de 11 millones de personas que han accedido a empleos asalariados en ese período, que representan el 93 por ciento de las personas trabajadoras actualmente registradas como afiliadas activas del sistema AFP, han percibido ingresos salariales que promedian poco más de 480 mil pesos, unos 500 dólares, por mes. 

Todas estas cifras están expresadas en monedas de hoy y son salarios e ingresos imponibles, es decir, inferiores al tope imponible de 816 UF, unos 2,8 millones de pesos, alrededor de tres mil dólares, mensuales. Las remuneraciones que excedan el tope imponible no se registran en estos promedios ni están afectos a descuentos previsionales obligatorios. Son remuneraciones brutas, es decir, antes de estos descuentos destinados supuestamente a previsión, así como los de salud y otros.

Es sabido que los promedios son el estadístico que mejor refleja la magnitud de cualquier variable, pero sobrestiman las remuneraciones que paga la mayoría de los empleos. Dos tercios de las ocupaciones pagan menos que el promedio de un millón de pesos y la mitad menos de la remuneración mediana de 750 mil pesos. En el otro extremo, un siete por ciento de las ocupaciones paga el tope imponible o más. 

Por otra parte, como se ha demostrado, los ingresos salariales promedio que percibe la población trabajadora son a su vez la mitad de las remuneraciones que se pagan, porque las personas que la conforman sólo consiguen empleo la mitad del tiempo. De este modo, si bien sólo un 9 por ciento de los empleos paga menos del ingreso mínimo de 350 mil pesos, cerca de la mitad de la población trabajadora percibe ingresos salariales promedio inferiores a ese monto. Probablemente esa proporción es aún mayor, puesto que la densidad de sus cotizaciones, es decir, la proporción del tiempo en que logran un empleo, puede ser inferior al promedio que se ha usado en estos cálculos.

Aún así, las cifras anteriores son de enorme importancia sociológica y contradicen algunas visiones en boga acerca del pueblo. Por ejemplo aquellas que resaltan sus niveles de ingreso sin preocuparse de donde provienen los mismos, y no sin cierto menosprecio lo pintan como una “clase media” indisimuladamente aspiracional. También clarifican otras visiones que suponen que una parte importante del pueblo serían siempre trabajadores informales, sin comprender que todos pasan constantemente de trabajos formales a informales y viceversa, y no pocas veces laboran en ambos al mismo tiempo. No hay muralla China entre ambas condiciones. 

Por así decirlo, los registros previsionales comprueban que las personas que conforman el pueblo trabajador son todas temporeras, pero igualmente obtienen la mayor parte de sus ingresos del paso de todas ellas por empleos formales. Puesto que las remuneraciones brutas que allí se pagan promedian un millón de pesos, los ingresos salariales brutos del conjunto de la población trabajadora promedian cerca de medio millón de pesos mensuales, los que ciertamente constituyen la mayor parte de sus ingresos.  

El pueblo trabajador jubilado

Los tres millones de personas jubiladas, por su parte, viven principalmente de pensiones modestas, pagadas y financiadas principalmente por el Estado. El sistema AFP paga un millón y medio de pensiones y el Estado paga directamente un número similar, principalmente a civiles y alrededor de 250 mil militares. Adicionalmente, el Estado paga directamente un millón y medio de beneficios previsionales que complementan pensiones civiles de todo tipo, incluidos los que cubren la mayor parte del costo de las pensiones pagadas por el sistema AFP.

El gasto nacional en beneficios previsionales de los últimos doce meses a noviembre de 2022, alcanzó a cerca de un 5,3 por ciento del PIB, del cual el fisco financió el 82 por ciento, destinando a ello un 15 por ciento de sus ingresos totales. El sistema AFP aportó el 18 por ciento restante del gasto nacional en pensiones, destinando a ello cerca de un quinto de la recaudación corriente de cotizaciones obligatorias.

Las compañías de seguros que pagan la mayor parte de las pensiones de este sistema y las de mayor monto, financian las mismas con “primas únicas”, es decir, el fondo completo de los titulares de nuevas pensiones vitalicias contratadas, que les es traspasado desde el fondo AFP y el seguro de invalidez y sobrevivencia. Dichas primas en conjunto han duplicado el monto total de las pensiones vitalicias pagadas. 

De este modo, ni el fondo AFP, ni las denominadas “reservas técnicas” de las compañías de seguros, que registran las rentas vitalicias que adeudan, han financiado nunca ni financiarán jamás pensión alguna. Todo el aporte del sistema AFP en su conjunto se financia actualmente con un quinto de las cotizaciones corrientes.

Los subsidios fiscales directos han financiado más del 60 por ciento de todas las pensiones pagadas por el sistema AFP desde su creación en 1981, incluyendo más de la mitad de las que pagó en los últimos 12 meses a noviembre de 2022 y el 59 por ciento de las que pagó en ese mes. Durante la primera década y media de existencia del sistema AFP, el costo de las pensiones que pagó fue cubierto en exceso por subsidios fiscales, principalmente los llamados bonos de reconocimiento, que el fisco aporta a los pensionados AFP que se trasladaron del sistema antiguo.

Recién a partir de 1995, el costo de las pensiones AFP empezó a superar levemente el monto de los subsidios directos a las mismas, pero a lo largo de la siguiente década dicho excedente “autofinanciado” por el sistema AFP nunca excedió el 10 por ciento de ese costo. Hasta el año 2005 los subsidios excedían el costo de las pensiones pagadas por el sistema AFP, ambos acumulados desde 1981. Sólo después de la reforma de 2008 la proporción de las pensiones AFP “autofinanciada” por ese sistema se elevó significativamente, hasta acercarse a dos tercios de las mismas en años recientes, siempre financiadas con cotizaciones corrientes. Sin embargo, tras la introducción de la pensión garantizada universal, PGU, y otros beneficios públicos en el año 2022, la proporción “autofinanciada” volvió a caer, asumiendo nuevamente el fisco el financiamiento directo de la mayor parte de las pensiones AFP. 

El monto de las pensiones pagadas por el sistema AFP promedió 284 mil pesos por persona, cerca de 300 dólares, en noviembre de 2022. Dicho monto ha subido poco en las últimas tres décadas mientras las remuneraciones se duplicaban, por lo cual la relación entre unas y otras, conocida como tasa de reemplazo, ha caído sucesivamente. En la última década y media el monto de las pensiones no ha subido absolutamente nada, se mantiene en alrededor de ocho UF, incluso han bajado en los dos últimos años, al tiempo que las remuneraciones aumentaron un 40 por ciento. La tasa de reemplazo respecto de las remuneraciones se ha reducido así desde un 39 por ciento en 2008 a un 27,5 por ciento en la actualidad. 

Si se compara el monto promedio de las pensiones AFP con el promedio de las remuneraciones pagadas en la última década y media, la tasa de reemplazo promedio del período es de 30 por ciento. Si el monto promedio de las pensiones se compara con los ingresos salariales promedio percibidos por las personas hoy registradas como afiliadas activas, los que son inferiores a las remuneraciones pagadas porque ellas consiguieron trabajo en poco más de uno de cada dos meses transcurridos, dicha proporción sube a cerca de 59 por ciento, en ese período.

Sin embargo, como se ha mostrado, la mayor parte de las pensiones AFP es financiada por subsidios fiscales, por lo cual las mismas proporciones anteriores se reducen considerablemente si la comparación se hace con la parte “autofinanciada” por el sistema AFP, que a su vez es financiada con parte de las cotizaciones corrientes. Como se ha mencionado, hasta el año 1995 la parte “autofinanciada” fue negativa, puesto que los bonos de reconocimiento por sí solos excedían el costo total de las pensiones pagadas por el sistema AFP en su conjunto. Hasta el año 2005 la parte “autofinanciada” fue cero, porque la suma de subsidios igualó el costo de las pensiones pagadas, ambos acumulados. 

Recién en la última década y media, la tasa de reemplazo promedio de las pensiones “autofinanciadas” promedió 15,6 por ciento de las remuneraciones, proporción que se reduce a 14,6 por ciento en los últimos 12 meses a noviembre de 2022 y a 10,6 por ciento en el último mes. Estas mismas proporciones aplicadas a los ingresos salariales percibidos en ese período por las personas hoy afiliadas activas, alcanzan a 30,2 por ciento, 17,2 por ciento y 10,6 por ciento, respectivamente.

Se exceptúan de todo lo anterior las 634 mil personas que reciben la pensión básica solidaria, hoy pensión garantizada universal, PBS/PGU, que ha casi duplicado su monto en los últimos años hasta alcanzar 193 mil pesos en noviembre de 2022. También 546 mil jubiladas del antiguo sistema de seguridad social cuyas pensiones promediaron 429 mil pesos en esa fecha, un 50 por ciento más que las AFP. También se exceptúan, por cierto, cerca de un cuarto de millón de jubilados militares cuyas pensiones actualmente promedian poco más de un millón de pesos, algo más de mil dólares, por mes, el triple de las civiles, y guardan relación con los salarios de militares activos. 

El reducido monto de las pensiones, especialmente las “autofinanciadas” por el sistema AFP, se debe en parte al método de cálculo de las mismas. Éste castiga el vivir más años, tanto al conjunto de personas jubiladas como muy especialmente a las mujeres, único grupo para el que utiliza una tabla de sobrevida diferente. También se castiga a las últimas remuneraciones que son las más elevadas y no se benefician de las ganancias acumuladas del fondo. El monto de las pensiones depende asimismo de la tasa de interés internacional, que en las últimas décadas fue muy baja. Sin duda, el factor de cálculo del monto de las pensiones AFP que resulta determinante en la caída sucesiva de la tasa de reemplazo, es que se reajustan según el índice de precios al consumidor, IPC, que crece menos que el índice de salarios.

Sin embargo, como se verá, la causa principal de las bajas pensiones es que el DL 3.500 de 1981 desvió la mayor parte de las cotizaciones previsionales a los gestores del sistema AFP, especialmente las compañías de seguros que constituyen el corazón del mismo, y al mercado de capitales en general. El sólo monto recaudado de cotizaciones obligatorias, sin subsidio fiscal alguno, como se ha mencionado, siempre ha sido más que suficiente para financiar pensiones que guarden una tasa de reemplazo adecuada y estable con respecto a las remuneraciones corrientes y con mayor razón respecto de los ingresos salariales de los afiliados activos.

Los Patrones

Las 15 millones de personas registradas en los sistemas previsionales como activas y jubiladas, son el pueblo trabajador, que vive principalmente de sus ingresos salariales y pensiones. Ellas constituyen el 99 por ciento de la población no infantil o juvenil del país. Para conocer los rasgos del restante uno por ciento, que vive principalmente de los ingresos de las empresas en que figura como propietario, se puede recurrir al registro de contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos (SII), que para el 99 por ciento de contribuyentes de menores ingresos coincide RUT a RUT con el de afiliados a los sistemas previsionales.

Un reciente estudio del Ministerio de Hacienda, basado en este último registro, comprueba que el 99 por ciento de las personas contribuyentes obtienen la mayor parte de sus ingresos de salarios, los que no superan los 4 millones de pesos mensuales en su límite superior. El uno por ciento restante de los contribuyentes, en cambio, un 70 por ciento de los cuales son hombres, obtienen la mayor parte de los suyos de ganancias de empresas en cuya propiedad participan y de las que perciben un promedio de 20 millones de pesos al mes, incluyendo el 0,1 por ciento de los contribuyentes cuyos ingresos promedian 130 millones de pesos al mes, que a su vez incluye al 0,01 por ciento, 1.300 personas, hombres en su mayoría, cuyos ingresos promedian mil millones de pesos mensuales. 

El uno por ciento de la población que vive principalmente de las rentas de la propiedad, se apropia así una tercera parte del producto nacional bruto, una porción similar a la masa de salarios brutos que constituye la principal fuente de ingresos del 99 por ciento restante que es el pueblo trabajador activo y jubilado. Todas las cifras del estudio están basadas en la declaraciones de renta de 2018, por lo cual en pesos de hoy serían significativamente mayores.

El ahorro forzoso AFP

En noviembre de 2022 las AFP descontaron obligatoriamente cerca del 13 por ciento de las remuneraciones brutas, tasa que elevaron transitoriamente a casi 14 por ciento durante el COVID por un fuerte incremento de primas de seguro de invalidez y sobrevivencia, situación hasta ahora no explicada por la Superintendencia que la autorizó. 

La recaudación de cotizaciones obligatorias promedió así mil millones de dólares mensuales y creció 2,7 por ciento en 12 meses. Fue más del doble de lo pagado en pensiones por el sistema AFP, gasto que disminuyó en -0,7 por ciento en 12 meses, por una reducción de -3,9 por ciento en el monto promedio de las pensiones. 

Los subsidios directos al pago de pensiones AFP, en cambio, aumentaron más de 37 por ciento en los últimos 12 meses, financiando cerca del 53 por ciento del costo de las pensiones AFP pagadas en ese período. En noviembre de 2022 los subsidios crecieron un 49 por ciento respecto del mismo mes en el año precedente y financiaron el 59,4 por ciento de las pensiones del mes. De este modo, el excedente corriente neto de cotizaciones y subsidios menos pensiones pagadas por el sistema AFP, se elevó 13,6 por ciento hasta alcanzar 9,700 millones de dólares de aporte corrientes netos de afiliados y el fisco al sistema AFP, en los últimos 12 meses. 

Dicho excedente corriente se ha verificado en todos y cada uno de los 500 meses, en cada uno de los 41 años, transcurridos desde la creación del sistema AFP en 1981. La única ocasión en que dicho sistema ha restituido dinero en términos netos a las personas afiliadas, han sido los retiros del 10% del fondo AFP autorizados por el Parlamento en 2020 y 2021. Estos fueron una significativa restitución de salarios, desde el sistema financiero que se los ha apropiado y destina a inversiones empresariales, a más de 13 millones de personas trabajadoras, afiliadas activas y jubiladas al sistema AFP. 

Lo restituido alcanza a 47 mil millones de dólares al cambio de noviembre de 2022, equivalentes a cerca de un quinto del fondo AFP al iniciarse los retiros. Equivale a la mitad de la masa de salarios imponibles de los últimos 12 meses y a cerca de un sexto del producto interno bruto, PIB. Es la medida reactivadora y redistributiva más importante en registro, que elevó la participación de los salarios imponibles desde menos de un tercio del PIB a más de un 50 por ciento del mismo en ese período, lo que no sucedía desde 1973. 

Esta política pública en pocos meses ha restituido a los afiliados un monto de dinero superior a la suma de todos los aportes del sistema AFP al pago de pensiones desde su creación en 1981. En dólares de hoy, estos suman poco más de 40 mil millones, los que el fisco suplementó con poco más de 60 mil millones en subsidios directos, para enterar el valor total de las pensiones pagadas por dicho sistema, que en cuatro décadas alcanza a poco más cerca de 100 mil millones de dólares de hoy. 

Calculados en la moneda estadounidense, los excedentes corrientes apropiados por el sistema AFP, es decir, las cotizaciones obligatorias recaudadas y subsidios directos al pago de esas pensiones, menos el costo de éstas, han resultado en aportes monetarios netos de afiliados y el fisco al sistema AFP de cerca de 210 mil millones, cifra que supera con creces el valor final del fondo, que a noviembre de 2022 se había recuperado a cerca de 167 mil millones (cuadros R-5, R-6, gráfico R-3). Cabe mencionar que esta misma cifra mide el impacto fiscal directo del ahorro forzoso AFP, puesto que sin AFP y pagando las mismas pensiones, dicho monto sería excedente fiscal.

Las compañías de seguros relacionadas con el negocio, mismas que han demandado al Estado por ordenar anticipar parte de las rentas vitalicias compradas forzosamente y que adeudan, se han embolsado desde 1981 primas brutas por cerca de 120 mil millones de dólares, financiadas con cotizaciones y subsidios recaudados por las AFP. Han destinado poco más de la mitad a pagar pensiones, apropiándose el excedente de caja restante como primas netas (cuadro R-8). 

La mitad de esos dineros fue embolsada por cuatro reconocidos grupos empresariales nacionales, que se han hecho súper ricos de esta manera. Adicionalmente, los mismos cuatro grupos mantienen en su poder una cuarta parte de las inversiones del fondo en empresas nacionales. Éstas en su conjunto financian un 70 por ciento de su deuda con el fondo AFP y las reservas técnicas de rentas vitalicias en poder de compañías de seguros relacionadas con el sistema, además de un quinto de su valor bursátil y un décimo de la deuda bancaria, beneficiando principalmente a sus propietarios. 

Ellos son los verdaderos beneficiarios del ahorro forzoso, a costa de la miseria de tres millones de personas trabajadoras jubiladas, mujeres en su mayoría, la mitad ya fallecidas. 

Acabar el abusivo desvío de cotizaciones al ahorro forzoso 

Resulta impactante comprobar que el 1 por ciento más rico de la población de Chile, que vive principalmente de ingresos de la propiedad, se apropie de un tercio del producto interno bruto, proporción similar a la masa salarial bruta que constituye la principal fuente de ingresos del 99 por restante de las personas, que vive principalmente de su trabajo. 

Peor aún, cada uno de los integrantes del 0,01 por ciento más rico, los 1.300 mayores propietarios de empresas, perciben de éstas mil millones de pesos, más de un millón de dólares, por mes. En circunstancias que las 12 millones de personas que conforman el pueblo trabajador que produce toda esa riqueza, viven principalmente de un ingreso salarial promedio de 480 mil pesos, unos 500 dólares, mensuales, y a lo menos la mitad de ellas percibe cerca o menos del ingreso mínimo de 375 dólares. Y tres millones de personas trabajadoras jubiladas sobreviven con una pensión promedio de 280 mil pesos, unos 300 dólares,  y el 80 por ciento de ellos percibe menos que ese promedio.

Pero alguien puede argumentar con razón que el capitalismo es de por sí un régimen muy desigual y probablemente diferencias tan abismales y aún peores se pueden registrar en algunas de las naciones más desarrolladas. Sin embargo, en esos países el sistema tributario corrige drásticamente esas diferencias. En Chile, en cambio, el sistema tributario puede resultar más o menos neutro en su conjunto, pero se hace muy regresivo en el tramo más alto antes referido, que termina pagando menos impuestos, según concluye el importante estudio del Ministerio de Hacienda antes citado. 

Pero los autores del estudio referido advierten que no consideran el impacto del desvío al ahorro forzoso de las cotizaciones previsionales. Debido a su desvío, las cotizaciones previsionales son en Chile el más regresivo de los impuestos, ya que transfieren cerca de una séptima parte de la masa de salarios brutos a financiar negocios de un puñado de empresarios super ricos. En efecto, las cotizaciones previsionales obligatorias representan un 4,2 por ciento del PIB y son desviadas en su mayor parte al ahorro forzoso en el mercado de capitales, que a su vez las traspasa en gran parte a un grupo de grupos empresariales cuyo número se puede contar con los dedos de una mano.

En el resto del mundo y también en Chile en el siglo pasado, en cambio, las cotizaciones tienen un efecto neutro desde el punto de vista de la distribución del ingreso, puesto que se descuentan de los salarios brutos del pueblo trabajador activo pero se destinan de modo íntegro, directo e inmediato, a financiar las pensiones del pueblo trabajador jubilado.

El gobierno del Presidente Boric ha presentado al Parlamento un proyecto de reforma del sistema AFP que persigue dos objetivos contrapuestos, uno referido a pensiones que es progresivo y otro que es el principal y busca profundizar el mercado de capitales aumentando la carga tributaria sobre el trabajo desviada al ahorro forzoso, lo cual no acaba sino agrava la brutal regresividad del sistema actual. El propio proyecto reconoce que incrementará el stock de capital a costa de rebajar los salarios. 

CENDA ha sugerido al Parlamento y al gobierno introducir tres indicaciones al proyecto que corrigen su regresividad: 

1) Compensar la nueva cotización patronal de seis por ciento con una disminución igual del aporte laboral, lo cual, sin aumentar el salario bruto mejora los sueldos líquidos en ese porcentaje, manteniendo al mismo tiempo la recaudación actual; 

2) destinar en lo sucesivo las cotizaciones obligatorias de modo exclusivo, directo e inmediato, a financiar pensiones corrientes que guarden una proporción definida y adecuada con las remuneraciones corrientes y; 

3) restituir íntegramente el fondo AFP a sus titulares, de modo gradual y responsable, sugiriendo a quiénes aspiren a una pensión superior a la PGU retirar sólo las utilidades registradas en su cuenta, que según las AFP son la mayor parte, traspasando voluntariamente al IPS los aportes realizados por ellos, a cambio de una pensión vitalicia significativamente mayor a la que hoy les ofrecen las compañías de seguros que se apropian de su fondo completo. 

Este artículo ha revisado algunos de los rasgos principales del pueblo trabajador, que surgen de los registros previsionales y tributarios del país. Él genera toda la riqueza que se produce en esta tierra aunque mayormente le corresponde contribuir a ella para goce de sus adversarios, como escribió Luis Emilio Recabarren hace un siglo. Se ha mostrado asimismo que el desvío al ahorro forzoso de las cotizaciones previsionales constituye uno de los mayores abusos de estos últimos, y se sugiere como acabarlo.

Es bueno no olvidar que los 15 millones de RUT que identifican a los afiliados a los sistemas previsionales, se corresponden uno a uno con los que conforman la casi totalidad del registro electoral. Es conveniente asimismo, tener siempre presente que de tarde en tarde y como sucede ahora, el pueblo trabajador de Chile despierta y se toma el espacio político, para hacerse respetar.

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