De símbolos patrios a la superación del “bien común”

Esta semana en medio de una importante instalación de conceptos en la Convención Constitucional los medios hegemónicos marcaron la pauta con una discusión inexistente.

Ericka Portilla (*). Convencional Constituyente. Distrito 4. 01/11/2021. Esta última semana confirmamos que los sectores conservadores de la política no tienen ni el más mínimo interés en que tengamos una nueva Constitución democrática, por el contrario están haciendo lo imposible porque siga rigiendo por treinta años más la Constitución de la dictadura cívico militar.

La inexistente discusión por cambiar los símbolos patrios se tomó la agenda noticiosa, pese a que nunca fue un tema que estemos discutiendo en el pleno de la Convención ni menos en la Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía, la cual coordino en conjunto con Beatriz Sánchez. Los medios de comunicación estuvieron varios días preguntándonos respecto a cuál es nuestra posición respecto a cambiar la bandera, el himno, el escudo e incluso el nombre del país; un debate inflado producto de la mentira que lanzó en la franja electoral la senadora de la UDI, Ena Von Baer, quien no cesó, pese a las reiteradas aclaraciones públicas, acompañada de otros personeros y dirigentes de la derecha.

Mientras la Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía dio el vamos a su funcionamiento con la declaración de principios de cada convencional que integra este espacio. Un ejercicio fundamental porque le quitó el manto a las reales intenciones de la derecha al interior de la Convención.

Los discursos de los sectores conservadores mostraron una nula intención de cambiar los pilares de la actual Carta Magna, promoviendo el Estado Subsidiario como un imperativo del modelo, la familia como la base de la sociedad y esbozaron la concepción del “bien común”. Ese llamado “bien común”, que es la expresión concentrada de la ideología conservadora que se plasmó en la Constitución del 80.

Este principio ideológico, llamado “bien común”, está transcrito en la actual Constitución. En el Artículo 1, inciso 4, se afirma: “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible”.

Con ello, el fin del Estado no es el bienestar general, o las necesidades de personas y familias, sino asegurar “condiciones sociales” y es evidente que eso significa asegurar las ventajas y los privilegios de una minoría, o bien, las desventajas y la servidumbre de la gran mayoría de las personas. Por esta misma razón la dictadura pudo escribir en su Constitución: “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos” en medio del ejercicio de su tiranía, asesinando, torturando y censurando.

Estoy convencida que los principios que deben guiar la nueva Constitución deben ser una superación de la ideología del golpe de Estado y de la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet. La reivindicación de dignidad del 18 de octubre implica superar esta ideología y consagrar la necesidad de la comunidad como objetivo del Estado, por ello se debe precisar qué entenderemos por persona, por familia o por familias, por nación o por naciones, por igualdad y dignidad.

El proceso de estallido o revuelta social lo que nos vino a demandar es un bienestar colectivo, es decir, la dignidad, por ello nuestra principal función es expresar la voluntad popular. Con esto se diluye cualquier motivación por perpetuar la concepción de “bien común” que la derecha, sabemos, insistirá en instalar.

Esta semana en medio de esta importante instalación de conceptos los medios hegemónicos marcaron la pauta con una discusión inexistente de los símbolos patrios. No dejemos que las mentiras sigan guiando a la opinión pública y defendamos este proceso constituyente que busca mejorar la vida de las grandes mayorías.

(*)Ericka Portilla es una abogada chilena, egresada de la Universidad de Atacama, militante del Partido Comunista, fue Gobernadora Provincial de Copiapó y actualmente es convencional constituyente.