Por un agente topo en la Nueva Constitución

Es esencial sentirnos convocados y convocadas a cambiar el actual escenario adverso, de desigualdad, desesperanza y sufrimiento para las personas mayores, y desafiar el debate sobre la nueva Constitución a considerar como necesaria la valoración del envejecimiento, la construcción de un modelo social y comunitario que sea inclusivo con las personas mayores, y el garantizar el ejercicio de sus derechos.

Santiago Arriagada Rojas. Trabajador social. Santiago. 16/04/2021. Al igual que en la película documental “El agente topo”, se requiere evidenciar, en la Nueva Constitución y en las políticas públicas posteriores, la falta de derechos que afectan a las personas mayores.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, para el año 2050, alrededor del 25% de la población en Chile serán personas mayores de 65 años. Lo anterior implica un desafío respecto de las necesidades materiales, derechos y protección social, así como también en materia de realización personal, participación, educación, inclusión, afectividad, sexualidad y cuidados.

A nivel internacional, debemos destacar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que fue ratificada por Chile en 2015, así como el Plan de acción mundial sobre el envejecimiento y salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que identifica la necesidad de generar evidencia para la elaboración de políticas públicas dirigidas hacia las personas mayores.

Actualmente en Chile, existen programas tales como “Buen Trato”, “Ciudades Amigables”, “Turismo Social”, “Envejecimiento Activo”, “Asesores Seniors, “Vínculos” y el “Fondo Nacional del Adulto Mayor”. Sin embargo, son programas sin medición de sus resultados, y tampoco existe cobertura suficiente para una red de cuidados dirigida a personas en situación de dependencia.

Según datos de CASEN, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional mayores de 60 años ascendía a un 22% para el año 2017. Por otra parte, el gasto en salud pública no sólo es insuficiente en términos generales, sino que existe un déficit de geriatras. La recomendación internacional es de un especialista por cada 5.000 personas mayores de 60 años, pero en Chile, la relación es de un especialista cada 60.000 personas.

Especialmente preocupante, es la tasa de suicidios en Chile que, según datos del Ministerio de Salud, encabezan las personas mayores de 80 años. En julio de 2018, un matrimonio de personas mayores de 84 y 89 fue hallado sin vida en la comuna de Conchalí, quienes habrían concertado poner fin a su vida debido a la precaria situación en la que se encontraban. En Huasco, en 2017, una persona de 73 años se suicidó ahorcándose y, ese mismo año una persona mayor se quitó la vida con cianuro en San Joaquín. Entre los años 2010 y 2015, 935 personas mayores de 70 años se suicidaron en Chile, según datos del INE.

Es esencial sentirnos convocados y convocadas a cambiar el actual escenario adverso, de desigualdad, desesperanza y sufrimiento para las personas mayores, y desafiar el debate sobre la nueva Constitución a considerar como necesaria la valoración del envejecimiento, la construcción de un modelo social y comunitario que sea inclusivo con las personas mayores, y el garantizar el ejercicio de sus derechos.

Adicionalmente, es importante considerar que la CEPAL, organización perteneciente a Naciones Unidas, promueve la incorporación de un marco de derechos para las personas mayores en las legislaciones de cada país. Al respecto, la propia Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena ha afirmado que “Proteger los derechos de los adultos mayores es una forma de emancipación, por ello, debemos encontrar los medios para incorporarlos protagónicamente en la implementación de la Agenda 2030”.

De adoptarse el camino que propone la CEPAL y que compartimos, esto debería traducirse en una mayor destinación de recursos y especialización en las políticas públicas posteriores en términos etarios y sociales. Permitiendo comprender el ciclo vital como un proceso continuo que detenta necesidades específicas para cada sub proceso.

Actualmente, se utilizan algunas categorías como la tercera edad y cuarta edad, comprendiendo la primera entre los 60 y 80 años y la segunda desde los 80 años de edad en adelante. Lo anterior tiende a invisibilizar la diversidad de necesidades y demandas específicas que existen en esos macro rangos. De modo que es necesario estudiar e identificar los micro procesos vitales y visibilizarlos, lo que permitirá la generación de leyes y políticas públicas adecuadas para que las personas mayores puedan ejercer de mejor modo sus derechos.

Finalmente, uno de los desafíos que afrontamos como sociedad, es el nuevo sistema de pensiones que debe ser abordado en la nueva Constitución. Al respecto, conviene destacar que esto no es un problema de cuánto se haya ahorrado cada trabajador y trabajadora y es imprescindible crear un sistema público en el cual las personas en edad laboral contribuyan a sostener el sistema de pensiones junto con un cambio sustancial en las relaciones laborales y la formalidad del trabajo.