Las propuestas de la CUT para enfrentar la crisis social y laboral

Documento, presentado al Senado y conocido por el gobierno, apunta a protección del empleo y de las Pymes, rescate de empresas, impuesto a los súper ricos y royalty minero, y crear un sistema de pensiones de reparto-estatal-tripartido-solidario.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 04/2021. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) presentó un plan concreto para encarar la crisis social y laboral en medio de la pandemia del Covid-19, el cual fue expuesto al Senado y es conocido por autoridades del gobierno.

En un texto distribuido desde la multisindical se expresó:

“En el marco del Tercer Plan Nacional de Emergencia de la CUT -presentado ante el Senado este lunes- se contemplan quince medidas en cinco ámbitos de acción.  Dos de ellos están destinados, por un lado, a proteger el tejido económico que incluye protección efectiva del empleo y de las PYMES y el rescate y capitalización, por parte del Estado, de las empresas esenciales mediante su adquisición parcial o total. Respecto del fortalecimiento del Estado, propone crear un Impuesto a los Súper Ricos; derogar el Decreto Ley 3500 para crear un sistema de pensiones de reparto- estatal- tripartito-solidario e imponer un Royalty Minero sobre las ventas o extracción del mineral de al menos un 10%.

La CUT planteó tres  medidas para proteger el tejido económico:

• Protección efectiva del empleo. Que se debe lograr con la mezcla de leyes de protección a los derechos laborales para cumplir con entregar trabajo decente como lo define la OIT, es decir, leyes que van en la dirección de dar estabilidad laboral, ingresos suficientes, y horas de trabajo adecuadas. En este sentido, deben avanzar los proyectos de Ley de 40 horas, Salario Mínimo sobre la línea de la pobreza y derogación del artículo 22 del código del trabajo. La reactivación económica debe hacerse sobre el entendido que salarios dignos, apalancara la demanda efectiva, aumentarán la eficiencia y mejoraran los niveles de crecimiento económico como efecto de la mejor distribución de la riqueza.

• Protección de las Pymes. Es necesario revertir la mala política de entregar garantías estatales por medio de la banca, no es posible sustentar que una política pública se lleve adelante por instituciones que buscan lucro. En la actual situación ha significado que los créditos no han llegado masivamente a las pymes y que los bancos han visto un espacio de negocio, cobrando tasas de interés mayores a las que serían posibles y renegociando clientes previos. Proponemos que las garantías estatales se entreguen por medio de las agencias gubernamentales coordinadas por la CORFO, con directrices claras de mantener el tejido empresarial, respecto de normas medioambientales y respeto a los derechos laborales, para esto debe ampliarse el fondo de US$3.000 millones a US$6.000 millones de dólares.

También la organización de las y los trabajadores chilenos planteó “el rescate de empresas mediante su adquisición parcial o total”. En ese camino, se dijo en el documento, “el Estado debe ir al rescate y la capitalización de empresas que sean esenciales para la vida y la producción, entre ellas se cuentan las empresas sanitarias, eléctricas y de combustible. Por otro lado, las empresas de la salud privada y finalmente las empresas que prestan un servicio público, entre estas últimas se encuentran universidades, aerolíneas, transporte de pasajeros, etc. Pero el rescate debe hacerse con la adquisición total o parcial de estas empresas, toda vez que su mantención es estratégica para el Estado de Chile. Proponemos que se cree un fondo de US$20.000 millones de dólares para ese propósito, a constituirse con deuda y pagarse a partir de las ganancias obtenidas en los próximos años por la propiedad total o parcial de las mismas”.

Se plantearon tres medidas para fortalecer el rol del Estado:

• Impuesto a los Súper Ricos. Es necesario avanzar en un impuesto que redistribuya hacia los sectores más necesitados de la sociedad, recursos de aquellos que concentran la riqueza del país, poniendo un impuesto del 2,5% sobre el patrimonio de aquellos que superen los 22,5 millones de dólares. Este impuesto debe ir a pagar preferentemente la Renta Básica de Emergencia, considerando que la recaudación puede alcanzar los US$6.500 millones de dólares.

• Derogación del DL 3500. Es necesario terminar con el actual sistema de pensiones y reemplazarlo por un sistema de reparto, estatal, tripartito y solidario, que incluya mecanismos de aumento de pensiones de la mujer, cuentas nocionales, reparto puro y un fondo solidario con aportes igualitarios de trabajadores y empleadores por un total de 18%. De manera que el Estado se haga cargo de la seguridad social y esta, deje de estar en manos de los privados, permitiendo entre otras cosas que US$195 mil millones dólares apoyados en fondos de pensiones, vayan a inversiones de interés nacional con retornos garantizados para los cotizantes de 4%.

• Royalty a la Minería. El precio del cobre ha llegado hasta los US$4,36 la libra, el precio más alto desde el año 2011 y muy cerca de un récord histórico. En este contexto se hace urgente la imposición de un royalty a la minería, que aumente sus aportes económicos al desarrollo nacional, el cual debe considerar un impuesto sobre las ventas o sobre la extracción del mineral de al menos un 10%. Estamos hablando de al menos US$2.500 millones anuales.