En entredicho el director de la PDI por caso de niña mapuche agredida

Indicó que imagen del forcejeo a menor de 7 años por agentes armados no era “verídica” y justificó el episodio con la salida mediática del “contexto”. Héctor Espinoza seguiría los pasos de Mario Rozas, ex jefe de Carabineros, que defendía a toda costa a sus funcionarios ante violaciones a los derechos humanos. Frente al caso, Corte de Apelaciones de Temuco concluyó que la niña sufrió “fuerza desproporcionada e ilegítima” por parte de funcionarios de la policía civil. El director de la PDI también estuvo detrás del gigantesco operativo represivo en Temucuicui. Y defendió a su personal que lanzó al suelo a la madre y la abuela de la menor, colocando sus rodillas sobre la espalda de ellas. La víctima, para mayor repulsa, es hija del comunero Camilo Catrillanca, asesinado por Carabineros. La policía uniformada mató a su padre y la policía civil ejerció fuerza desproporcionada en su contra.

Equipo El Siglo. Temuco. 28/01/2021. Todo el mundo vio la imagen. Fue indignante y dramático. A lo menos cuatro detectives de la PDI, armados y con tenida de combate, todos hombres adultos, agrediendo y forcejeando a una niña de siete años, indefensa y con su vestimenta indígena.

Frente al episodio, salió el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinoza, enojado, a “defender” a esos sujetos, instalar que todo era falso y explicar una actuación de ese tipo. Sin más, aseveró que esa información “no es verídica”. Es decir, estableció que era mentira y él decía la verdad. Puntualizó que “lo que se aprecia ahí (en las imágenes) está sacado de contexto. Nosotros tenemos mucha más evidencia para presentar ante tribunales”. Pero resultó ser verídico todo.

Espinoza siguió el formato comunicacional del ex general director de Carabineros, Mario Rozas, que tuvo que irse del cargo por negar y no atender casos de violaciones a los derechos humanos en que estaban involucrados carabineros. El famoso “contexto” tantas veces usado por Rozas para justificar agresiones y abusos, ahora lo usó Héctor Espinoza para proteger a sus funcionarios después que maltrataron a una niña de siete años.

Pero por encima de la operación mediática del jefe de la PDI, estuvo la investigación de Fiscalía, la entrega de testimonios, la revisión de imágenes y el verdadero contexto. Así las cosas, la Corte de Apelaciones de Temuco determinó que “personal de la PDI que procedió a la detención de la menor sindicada actuó con fuerza desproporcionada e ilegítima y, aun sin ella, vulneró los derechos constitucionales a la libertad personal y a la seguridad individual de la menor, con infracción de la Constitución Política de la República y de la Convención sobre los Derechos del Niño”.

La víctima, para mayor repulsa, es hija del comunero Camilo Catrillanca, asesinado por Carabineros. La policía uniformada mató a su padre y la policía civil ejerció fuerza desproporcionada contra ella.

El director general de la PDI quedó en entredicho. Pero dado su historial y compromiso con operaciones represivas contra comunidades mapuches, como el que ordenó y amparó con más de 800 efectivos y decenas de vehículos blindados entrando a Temucuicui -extrañamente en el mismo momento que se dictaba sentencia a los asesinos de Catrillanca- es seguro que seguirá defendiendo la agresión a la niña mapuche y protegiendo a esos hombres armados que usaron la fuerza desproporcionada contra la menor de edad.

Este jefe policial cuenta con el respaldo de Rodrigo Delgado, militante de la UDI y actual ministro del Interior. Por lo demás, el gobierno no hizo nada para esclarecer las circunstancias de la agresión a la menor de edad mapuche.

Las acciones fueron presentadas por la Defensoría de la Niñez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), quienes alegaron la mañana de ayer ante el tribunal de alzada de la región de La Araucanía por lo ocurrido el 7 de enero a las afueras del Centro de Salud Familiar (CESFAM) de Ercilla.

Desde la Corte se advirtió a la PDI de “abstener de realizar cualquier acción arbitraria e ilegal respecto de la niña ya inicializada y de cualquier otro menor, sometiéndose al estricto cumplimiento de lo establecido en las leyes, en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales”.

Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), declaró que fue importante que se estableciera “que este tipo de procedimiento vulnera los derechos de los niños y niñas y, por eso, no puede volver a ocurrir”.

Sin embargo, desde fuentes extraoficiales se indicó que el director de la PDI, Héctor Espinoza, no estaría de acuerdo con el fallo, tendería a ignorarlo y no se tomaría ninguna medida con el personal que actuó “con fuerza desproporcionada e ilegítima” contra la niña mapuche de siete años.

Tampoco en la PDI se estima irregular o faltar a protocolos, el que la madre y la abuela de la menor hayan sido lanzadas con violencia al piso durante una protesta, y funcionarios de la policía civil, armados, con casos y tenida de combate pusieran sus rodillas en la espalda de las mujeres mapuches.

Eso quedó sin resolución de parte de la Justicia “por no encontrarse acreditadas las circunstancias en que ambas fueron detenidas”.