El revelador informe sobre impuesto a súper ricos en América Latina

Se podrían recaudar más de 26 mil millones de dólares. Multimillonarios aumentaron riqueza en 48.220 millones. La idea es incrementar la imposición sobre la renta y las ganancias de capital. Se mejoraría capacidad para atender necesidades de la población. Documento de “Latindadd”.

Hugo Guzmán Rambaldi. Periodista. 18/12/2020. Alrededor de 16 millones de personas caerán en la pobreza y la indigencia este año en América Latina, lo que elevará a casi 90 millones los habitantes en esa condición, en una región que registra más de 14 millones de contagiados por Covid-19 y 475 mil muertos por la pandemia. Un cuadro agravado por incapacidades de los gobiernos para atender necesidades sociales básicas e insuficiencias en acciones de prevención y atención frente al nuevo coronavirus.

Una de las vías que permitiría a los gobiernos latinoamericanos contar con mayores recursos para encarar esa realidad sensible, sería aumentar la recaudación de impuestos a los súper ricos, sin afectar el funcionamiento de la economía y perfeccionando los sistemas tributarios con un sentido de equidad y mejor gestión.

Eso permitiría, de inicio, recaudar 26 mil 504 millones de dólares que se destinarían a planes sociales y medidas frente a la pandemia.

Con esos recursos, se podrían atender situaciones como “un ingreso básico de emergencia como instrumento de protección social, apoyo a las empresas y los empleos en riesgo, fortalecimiento del rol de las instituciones financieras internacionales, alcanzar la cobertura universal de las siguientes vacunas para niños y fortalecer el gasto público destinado a los sistemas de salud”.

Esos datos y propuestas forman parte del revelador informe de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), titulado “Impuestos a la riqueza y las grandes fortunas en América Latina y el Caribe. Ahora o Nunca”, que entrega cifras, antecedentes y propuestas en relación a “incrementar la imposición sobre la renta y las ganancias de capital”, en 94 veces más de la recaudación actual.

De acuerdo al documento, al que tuvo acceso ElSiglo.cl, “gravar las grandes fortunas debería ser una importante opción a la hora de financiar los costos y la recuperación de la pandemia sin afectar la actividad económica”.

Esta vía se podría considerar más viable y necesaria si se tiene en cuenta el reporte de Oxfam que apuntó que los multimillonarios de América Latina y el Caribe aumentaron su riqueza en el último tiempo en 48 mil 200 millones de dólares. Las millonarias utilidades crecieron en medio de la pandemia, lo que indica que ésta, finalmente, no afectó a los más ricos del continente.

En el texto de “Latindadd” se indicó que, en contraste, “la desigualdad extrema se agudizará”, pese a que “hay personas y empresas que han aumentado sus ganancias durante la pandemia”.

Sin olvidar que América Latina “es la región del mundo más inequitativa en la distribución del ingreso. El 10% más rico de la población capta 22 veces más de la renta nacional que el 10% más pobre. El 1% de los más ricos obtiene el 21% de los ingresos de toda la economía”.

En el reporte se anotó que “la riqueza en América Latina y el Caribe está híper concentrada en muy pocas manos y tributa muy por debajo de las rentas del trabajo o las rentas empresariales. El 41% de la riqueza latinoamericana está en manos del 1% más rico de la población y solo aporta el 3.8% de la recaudación total”.

Este documento se presentó cuando en Chile existe una iniciativa, liderada por la congresista del Partido Comunista, Camila Vallejo, de introducir un impuesto a los súper ricos chilenos, “por única vez”, que permitiría obtener para las arcas fiscales entre 4 mil y 6 mil millones de dólares.

Paradojas y desajustes

Hay paradojas como que hoy en el continente latinoamericano no son los multimillonarios los que más aportan en impuestos, sino la mayoría de la población.

Es así que de acuerdo al informe “actualmente el 50% de los ingresos tributarios de los países de la América Latina y el Caribe proviene de impuestos al consumo, los cuales no discriminan entre ricos y pobres y, por lo tanto, pueden llegar a aumentar la desigualdad”.

En el documento de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, elaborado por Rosa Cañete Alonso con una investigación preliminar de Gustavo Viñales, Carlos Grau y Cecilia Alonso, se anotó que de acuerdo con la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), “la posición fiscal -tanto el resultado global como el primario-llegaría este año al nivel más deficitario registrado entre 1950 y el presente, incluso superior al déficit del 6,1% del PIB alcanzado en 1982. Al mismo tiempo, la deuda pública está aumentando, y se estima que se incrementará alrededor de 9,3 puntos porcentuales en 2020”.

Se advirtió que “el volumen de recaudación de impuestos determina la capacidad de un Estado para combatir la desigualdad y la pobreza a través de sus políticas públicas y, por lo tanto, también para enfrentar la pandemia”.

Por eso, “es necesario aumentar la recaudación y de una forma justa para poder hacer frente a las deudas contraídas y fortalecer los débiles sistemas públicos en salud o protección social”. Algo que en estos momentos no se materializa en Latinoamérica.

En esa línea, según “Latindadd”, “es necesario superar la baja e injusta tributación impulsando el impuesto sobre la renta personal y empresarial, los gravámenes patrimoniales y el gravamen a la economía digital, así como los impuestos que incentiven la sostenibilidad ambiental y la salud. Es urgente revisar también los incentivos fiscales a las empresas y otros gastos tributarios que no sean costos eficientes así como combatir la evasión y la elusión”.

Para esta entidad, “gravar las grandes fortunas debería ser una importante opción a la hora de financiar los costos y la recuperación de la pandemia sin afectar la actividad económica. Es llamativo que los impuestos al patrimonio recauden tan poco y que hasta hayan reducido su recaudación en el tiempo. Cuando hablamos de gravamen al patrimonio hablamos de impuestos a la tierra, a la vivienda, a la riqueza neta, herencias, donaciones o transacciones financieras.

“Desigualdad y grandes fortunas en América Latina y el Caribe”

El informe abordó un factor crucial en este tema, que es la baja tributación de los multimillonarios, lo que incide en mantención o aumento de la pobreza, y formaliza la desigualdad en las naciones latinoamericanas.

El texto indicó que “según múltiples autores (Crabtree, Schneider, Durán, Fairfield, Cañete, Fuentes Knight), la política tributaria es un claro ejemplo de este fenómeno. La política fiscal, tal y como está diseñada en la mayoría de los países de la región, no solo es un limitado instrumento para enfrentar la desigualdad, sino que en algunos casos llega a aumentar la pobreza”.

“La extrema desigualdad acaba, por tanto, siendo causa y consecuencia de los diseños tributarios llenos de privilegios e incapaces de recaudar lo suficiente”, se enfatizó.

Se entregaron cifras, donde se establece que “la concentración de la riqueza es aún más alta que la de ingresos. Cuando el índice de Gini llega a 1, significa que una sola persona en un país o región concentra toda la riqueza. En 2019 el índice de Gini de la riqueza en América Latina era de 0,82, según los datos de Credit Suisse. El 1% más rico de América Latina y el Caribe concentra el 41% de la riqueza y el 10% más rico de la región concentra el 72% de la riqueza”.

Se apuntó también que “otra fuente de información para acercarse a las personas más ricas es la lista de Forbes que recoge a las personas que tienen fortunas valoradas en más de mil millones de dólares en 8 países de la región: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú, Venezuela y St. Kitts y Nevis. De los 2.153 milmillonarios en la lista Forbes 2019 a nivel mundial, hay 94 (4,4%) milmillonarios con ciudadanía y residencia en América Latina. 12 son mujeres y 82 hombres”.

Recaudación “más justa y eficiente”

El informe de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social recordó que Naciones Unidas determinó que es necesario al menos un 20% de ingresos tributarios como porcentaje del PIB (Producto Interno Bruto) para abordar derechos sociales en los países. Eso más gravitante en naciones con índices notable de pobreza.

Es ahí cuando en el documento se estableció, de acuerdo a datos oficiales, que “actualmente el 50% de los ingresos tributarios de los países de la América Latina y el Caribe proviene de impuestos al consumo, los cuales no discriminan entre ricos y pobres y, por lo tanto, pueden llegar a aumentar la desigualdad”.

Ahí es cuando la Red hizo un planteamiento en cuanto a que “se hace imperativo incrementar los impuestos a la renta y la propiedad que garanticen que la recaudación sea más justa y suficiente y que las deudas adquiridas por los gobiernos no se paguen en los próximos años con una estructura tributaria que obligue a un mayor esfuerzo fiscal a los sectores más pobres que a los más ricos”.

“Gravar las grandes fortunas debería ser una importante opción a la hora de financiar los costos y la recuperación de la pandemia sin afectar la actividad económica. Es llamativo que los impuestos al patrimonio recauden tan poco y que hasta hayan reducido su recaudación en el tiempo. Cuando hablamos de impuestos al patrimonio hablamos de impuestos a la tierra, a la vivienda, a la riqueza neta, herencias, donaciones o transacciones financieras”, se señaló en el texto.

Se entregó la siguiente referencia: “Solo se aplica un impuesto a la riqueza o patrimonio neto en 4 de 24 países de ALC: Argentina, Colombia, Uruguay y Guyana. Solo 8 países de 24 en ALC tienen impuestos a las herencias: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Jamaica, Nicaragua y República Dominicana. Las rentas del capital de las empresas no tributan o lo hacen en menor medida que las de la inversión en 10 de los 24 países, de la región”.

Es así que “los dueños del capital son privilegiados frente a los/as trabajadores/as asalariados/as. Las personas más ricas suelen tener importantes ganancias de capital, resultado de sus inversiones financieras. Estas rentas no tributan o lo hacen menos que las del trabajo…”

Se tiene el registro de que grupos financieros, trasnacionales, grandes empresas y, por cierto, las familias multimillonarias de la región, se oponen y continúan buscando la manera de que los impuestos no aumenten, aunque ello signifique en algunos casos pagar porcentajes abajo del 5% de sus riquezas y utilidades.

En el documento de “Latindadd” se estableció que “las élites económicas han jugado un rol activo y recurrente en la región para impedir o derogar el impuesto a las rentas del capital. El mito de que impuestos de este tipo impulsarán una fuga de capitales se repite desde los medios de comunicación y el sector empresarial como una amenaza. Diferentes autores han sistematizado las diversas maneras en que las élites económicas influyen para evitar que las rentas del capital tributen igual que las otras. Ejemplos como la reforma de Bachelet que encontró importantes obstáculos para gravar las rentas financieras en Chile o la suspensión del impuesto a las ganancias en Perú en 201535 son claras muestras de esta influencia”.

En ese marco, se señaló que “los impuestos a la riqueza o el patrimonio escasean en América Latina y el Caribe. Solo se aplica un gravamen a la riqueza o patrimonio neto en 4 de 24 países de ALC. Su tasa es también muy baja, llegando tan solo a recaudar promedio en estos países un 0,05% del PIB”.

Propuesta en Argentina, Bolivia, Chile y Perú

En el informe de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social se hizo referencia a las propuestas actuales que existen en unos pocos países de América Latina para apuntar a una mayor recaudación de impuestos desde los sectores multimillonarios.

Se señaló el caso de Argentina, con un proyecto destinado a “morigerar los efectos de la pandemia”. Se explicó que “se trata de un aporte extraordinario, por única vez, que recaerá sobre los patrimonios. Alcanza a aquellas personas humanas y sucesiones indivisas que declaren bienes en el país (Argentina) y en el exterior al 31 de diciembre de 2019 por un monto igual o superior a $200 millones de pesos (aprox. USD 2.5 millones). Se aplica con escala progresiva de tasas que van desde 2% para patrimonio entre $200 y $300 millones para llegar a una alícuota máxima de 3,5% para patrimonios superiores a $3.000 millones de pesos. Para los bienes situados en el exterior las tasas se incrementan en un 50%, llegando a 5,25%”.

Se hizo ver que “los destinos previstos de su recaudación se distribuyen de la siguiente forma: Equipamiento médico, vacunas y demás elementos sanitarios: 20% Subsidio a Pymes: 20% Programa becas Progresar: 20% Mejoras de salud y condiciones habitacionales en barrios populares: 15% Exploración, desarrollo y producción de gas natural: 25%”.

Respecto a Chile, se hizo referencia al proyecto de ley que requiere Reforma Constitucional en relación a un impuesto a las grandes fortunas personales. Se explicó que “se propone, por una sola vez, un impuesto al patrimonio de las grandes fortunas personales, cuya recaudación será destinada al financiamiento de una renta básica de emergencia”.

Se apuntó: “Quedará gravado con una tasa 2,5% el patrimonio bruto de las personas naturales con domicilios en Chile, titulares de bienes y derechos, en Chile o en el extranjero, al 31 de diciembre de 2019, equivalentes a un valor igual o superior a 2 millones de dólares americanos. Los contribuyentes, deberán enterar el impuesto en el plazo de treinta días corridos contados desde la publicación -de ocurrir- la reforma constitucional”.

“Según las estimaciones preliminares, en la fundamentación de la propuesta legal que requiere de reforma constitucional, el establecimiento de este impuesto podría allegar recursos al fisco equivalentes a USD 6.500 millones, un 2.3% del PIB”.

En cuanto a Perú, el texto se refirió al proyecto de congresistas del Grupo Parlamentario Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad y el impuesto a las grandes fortunas. En el “se propone la creación de un impuesto que grave el patrimonio neto de las personas naturales”. Eso “alcanzaría a los patrimonios que superen los 1.680.000 soles (aprox. USD 500.000). El patrimonio quedaría configurado por inmuebles, vehículos, acciones y bonos, depósitos bancarios y objetos de colección. El impuesto se propone con un sistema de tasas progresivas, a partir del mínimo no imponible previsto, que van desde 1% hasta 5%. En la exposición de motivos se plantea que el impuesto pretende recaudar al menos 1.54% del PIB con base a una investigación realizada por CIAT que plantea grabar la riqueza del 10% más tico de la población con 3 franjas progresivas del impuesto al patrimonio neto, cada una de estas franjas con las tasas de 0.9, 1.4 y 1.9% respectivamente”.

En cuanto a Bolivia, donde se avanzó en el impuesto a los multimillonarios, el texto aclaró que “el proyecto de ley del Impuesto a la Riqueza establece se cobrará a las personas con fortunas superiores a los 30 millones de bolivianos (más de 4 millones de US$ aprox). Se aplicará de forma progresiva sobre la siguiente base: A las fortunas de 30 millones a 40 millones de bolivianos se aplicará una alícuota que equivale a 150.000 bolivianos. A las fortunas de 40 millones a 50 millones de la moneda nacional se cobrará un impuesto que equivale a 350.000 bolivianos de impuesto anual. De 50 millones en adelante, un tributo que corresponde a 600.000 bolivianos. Se apunta que esta tasa impositiva sólo alcanzará a 150 ciudadanos del país. Se estima una recaudación potencial anual de Bs 105,35 millones equivalente a aproximadamente US$15 millones”.

“Conclusiones: ahora o nunca”

En las conclusiones, el informe de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, se planteó la fórmula de “incrementar la imposición sobre la renta y las ganancias de capital, aumentando tasas impositivas vigentes para las categorías de ingreso más altas, ampliando las bases imponibles y fortaleciendo la imposición sobre las ganancias de capital, b) adoptando e incrementando la imposición sobre el patrimonio neto, c) mejorando la imposición sobre la propiedad inmueble, profundizando el impuesto predial y, d) analizando nuevos diseños para viejos impuestos sobre herencias, sucesiones y donaciones, que permitan incorporarlos sobre consensos mínimos que contribuyan a evitar desigualdades no aceptables en el punto de partida de las personas”.

Se indicó que “con la imprescindible coordinación internacional, deberá analizarse la posibilidad de modificar la tributación de las empresas para asegurarse de que paguen impuestos acordes con sus ganancias y sobre mínimos asegurados en las jurisdicciones en las que actúan, mientras se continúa el proceso de búsqueda de acuerdos de tributación coordinada para responder a los desafíos de la economía digital”.

También se sostuvo como mecanismos de materialización en el aumento de recaudación desde los segmentos de multimillonarios, “contar con la voluntad política de avanzar en esa dirección por parte de las mayorías parlamentarias, incorporar los avances de las tecnologías de la información en las administraciones tributarias, dotarlas a su vez, de un marco normativo que les permita acceder adecuadamente a la información de los contribuyentes en tiempo y forma y avanzar en el camino ya iniciado de intercambio automático de información financiera con fines tributarios”.

“Ahora o nunca” es una convicción que relevó la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, en el camino de proveer a las naciones de la región de mayores recursos financieros para ir dando solución a demandas sociales de la mayoría de la población  y para atender las necesidades provocadas por la pandemia del Covid.19.

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