En todo Chile hay presos-rehenes por la revuelta

El regreso de la prisión política masiva.

Ignacio Vidaurrázaga Manríquez. Periodista. Le Monde Diplomatique Chile(*). 12/2020. Todo comienza en una estación de Metro con un salto de torniquetes por un grupo de adolescentes, a los pocos días todo se ha multiplicado. Adolescentes desprovistos de los miedos y las marcas del terror de sus padres y abuelas. Horas después miles de personas salen a las calles, es un viernes de octubre. Durante la madrugada siguen sucediendo decenas, centenares y miles de expresiones de protesta social. Hay fuego y violencia y rabia, cómo no, si es un estallido. Todo ocurre en simultáneo sin la pauta de ningún aparato secreto de extranjeros con acento venezolano o cubano, tampoco es una invasión alienígena. El presidente dice que hay guerra y la declara. Estado de sitio y toque de queda, bala y bala. Pero, todo es más simple: un pueblo agota su paciencia.

En los siguientes días eso se habrá extendido por todo el país y se producirán concentraciones sin oradores y millones de personas. Pronto se producirán muertes, mutilaciones y detenciones de varios millares hasta ser 30 mil o quizás muchos más. Durante seis meses el estallido, revuelta o protesta tendrá muy diversas intensidades pero no cederá. Ni siquiera con el cronograma de una Nueva Constitución. Finalmente, sólo la peor pandemia en una centuria logrará aplacar momentáneamente esos meses de revuelta. 

En ese marco, el juez chileno Daniel Urrutia, reconoció públicamente que la represión a la revuelta ha traído de nuevo la “prisión política”. Los números son imprecisos, no cuadran y además se mueven todas las semanas, incluso con nuevos procesados y nuevas condenas. Un cálculo posible refiere a unos 300 encarcelados y varios centenares en medidas cautelares de diversa naturaleza. Desde ya los familiares y redes trabajan en conformar un catastro confiable que también incluya a las mujeres detenidas, que en su inmensa mayoría están con medidas cautelares.

Las muertes, mutilaciones oculares, abusos y violaciones, han sido documentadas por informes oficiales de instituciones chilenas e internacionales. Informes locales consignan más de un millar de agentes del Estado en proceso. Pero pocos refieren uno de los “saldos” del estallido social: la de quienes hoy en Chile constituyen desde Arica hasta Punta Arenas los “presos políticos” de la revuelta y que algunas organizaciones califican como “rehenes”.

Sus familiares, redes de apoyo y sus abogados más allá de la legitima euforia del triunfo del 25 de octubre, tienen el gusto amargo de no poder visitar a sus familiares, a veces ni siquiera poder enviarles una encomienda, o peor aún enterarse de intentos de suicidio o de golpizas por gendarmes. O estar atentos en qué momento se contagian de Covid. 

Para el próximo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, ya está convocada una jornada nacional por la libertad de estas personas.

Arica 

El abogado Antonio Raveau Drouilly puntualiza “en tanto defensa de Roberto Saavedra hemos presentado un Recurso de Nulidad ante la Corte Suprema, que fue aceptado a tramitación, solicitando la nulidad del juicio y la sentencia condenatoria. Es preciso destacar la utilización de agentes encubiertos por parte de Carabineros sin las autorizaciones exigidas por la ley, así como múltiples diligencias de investigación que se habrían realizado en exceso de las atribuciones legales de la policía.

Ellos no pueden actuar sin orden de un fiscal, incluso el empleo de agentes encubiertos tiene protocolos establecidos”. 

Iquique un intento de suicidio 

De los acontecimientos ocurridos dentro de las cárceles del país donde hay presos del estallido, el intento de suicidio del 3 de noviembre por parte del joven Diego Alejandro Contreras Bustos, de 20 años, condenado por un tribunal de Iquique a 3 años y 1 día acusado de arrojar un artefacto incendiario, es una de las situaciones más dramáticas. Hasta el momento se desconoce el apoyo en salud mental existente para Contreras y además que ahí hay al menos otros cuatro detenidos por similares circunstancias.

Antofagasta: el tren de Luksic 

Teresa Monardes representa la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia de Antofagasta que tempranamente decidió hacerse observadores de Derechos Humanos e incluso procurar defensas letradas para los detenidos. “En Nudo Uribe -la cárcel- hay 18 personas en prisión preventiva; los condenados en libertad y que tienen medida cautelar son unos 10 más, además existen 4 menores de 18 años en el Sename y hay un condenado por porte de elemento incendiario a 3 años y un día de prisión efectiva. Todos son varones y algunos arriesgan hasta 12 años de condena”.

En Antofagasta ocurren situaciones que no ocultan la confluencia de propósitos entre el gobierno, las policías y algunas grandes empresas, como Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia FCAB, del Grupo Luksic. La abogada defensora Karina Ibarra se pregunta: “¿Cómo es posible que FCAB sea querellante en todas las causas donde hay procesados, más allá de la especifica de su vagón quemado? ¡Y lo más increíble es que los tribunales les dejen!”. 

La misma abogada antofagastina remarca un aspecto de fondo “convengamos que todo lo que está ocurriendo es un juicio político de criminalización de la protesta, de criminalización de la denominada Primera Línea, procesos que están plagados de graves vulneraciones a las garantías procesales. En lo relativo a las defensas plantearemos la nulidad de estos procesamientos por existir pruebas ilícitas”. 

En Antofagasta, han incautado en manifestaciones y en las casas de sus reporteros filmaciones a integrantes de Prensa OPAL que después fueron utilizadas como medios de prueba. 

Según Teresa Monarde en Antofagasta hay mucha sensibilidad respecto a la existencia de los detenidos, “y es el resultado de la unidad y la persistencia de las familias, y de las instancias que se han creado como la Coordinadora Anticarcelaria “Pampa Libre” y nosotros la “Agrupación Providencia”.

La Serena: el Covid todo justifica 

Como lo señala Sebastián Rivas, exdetenido durante el estallido, hoy con arresto domiciliario y vocero de la Agrupación de Familiares y Amigos de Prisioneros Políticos -OFAPP-: “las denuncias por tortura y malos tratos por parte de funcionarios de Gendarmería han aumentado, tal como lo ha denunciado en reiteradas ocasiones el Observatorio Social Penitenciario. Además, han seguido con los traslados forzosos -los llamados peloteos- incluso facilitando el contagio de Covid. Un ejemplo: los presos políticos de las protestas por el hambre realizadas en mayo en Santiago, fueron trasladados desde Santiago al penal Huachalalume de La Serena y hasta la fecha se mantiene allá en prisión preventiva Alfredo Gómez”. 

Además según Teresa Monarde en esta ciudad estaría preso Luis C. y con arresto domiciliario Vicente R. y Akina N.

Valparaíso y el Sename 

Alicia Zúñiga es la presidenta de la comisión de DDHH de Valparaíso y realiza un somero balance: “La mayoría de los casos en la región está cumpliendo medidas cautelares como arresto domiciliario o firma semanal a la espera de los juicios. Entre las aberraciones está el caso de Regis González que está preso en Quillota condenado a 5 años inculpado por un incendio ocurrido en Quintero y pese a que se documentaron antecedentes psiquiátricos, estos fueron desestimados por el tribunal”.

1. P. es solo uno de los numerosos menores de edad detenidos y procesados luego de la revuelta que están en centros del Sename por todo el territorio nacional. Daysi Alvarado, es la tutora legal de V.P. de 17 años, recluido en Limache en el centro del Sename ex “Lihuen”, acusado de ser uno de los autores del incendio de la municipalidad de dicha ciudad. Cuenta Alvarado: “Él es un amigo de uno de mis hijos, así llego a nuestra casa donde alojó unos cinco días. Él es extraordinariamente tranquilo, no tiene vicios ni consume drogas, le gusta hacer ejercicios, escribir y leer y además pinta y todo eso le sirve para controlar su ansiedad”.

Continua Daysi Alvarado: “El último día que lo vimos fue el 15 de mayo y salió de Forestal Alto y no retornó. Lo llamamos y nos empezamos a preocupar. Aquí somos muy unidos, los chiquillos conforman el Centro Cultural “Nelson Mandela” de Forestal Alto, parcela once, somos una toma de 600 familias en proceso de regularización .V. P. llego a vivir aquí y se integró inmediatamente con nuestros hijos, incluso hay un certificado médico de un psiquiatra de Putaendo el doctor Carlos Sciolla que lo declararía inimputable mientras la Fiscalía pide 5 años y 1 día”.

San Antonio y testigos de prueba 

Marcela Cepeda es prima de Claudio Bravo, uno de los detenidos recluidos en el penal de San Antonio y es ella quien oficia como vocera del grupo de apoyo. “Mi primo tiene 29 años y antes de ser detenido era un trabajador independiente que se desempeñaba en diversos rubros: joyas de plata, cultivo de cactus, además de arreglar equipos eléctricos. En la actualidad, él y sus tres compañeros: Jordano, Jorge y Patricio llevan ocho meses en prisión preventiva, mientras sólo Patricio está con arresto domiciliario ya que tiene diabetes y es insulino dependiente”.

Betsabe Carrasco junto a otros letrados integran el equipo de la Defensoría Popular desplegado en San Antonio: “Este es uno de los casos más complejos porque el Ministerio Público está pidiendo penas muy altas y eso es consecuencia directa de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Se les acusa de un delito continuo a propósito de haber roto ventanales de la Fiscalía y la PDI de San Antonio. Si no hubiese una razón política ellos estarían en libertad sin embargo se les pide una pena de 10 años”.

Continua la abogada Carrasco: “Uno de los aspectos que se ha repetido en las causas es el aplicar, formalizar y acusar la retención punitiva del Estado con solicitud de penas demasiadas altas, lo que es una forma de disciplinamiento simbólico para las personas que protestan en San Antonio”.

El abogado Fernando Martínez, jefe de la sede regional Valparaíso del INDH interpuso una querella criminal por torturas en agosto de este año. En el escrito está el testimonio del encarcelado Jorge Hernández: “Me desnudan en el calabozo, me arrodillan y hacen presión en los hombros para así romperme más las rodillas. Me pega un funcionario policial, unas cachetadas y me tiran al calabozo. Pasa el rato, me coloco la ropa viendo con un ojo y me llaman a otra oficina, solo con los mismos tres funcionarios policiales que anteriormente me habían agredido, me dicen que me matarán si no doy la clave del celular y ya aburrido de los golpes e insultos, le digo “mátenme”. Empiezan los golpes nuevamente y me tiran el celular diciéndome “coloca la clave conchetumadre. Te matamos a ti y a tu hijo conchetumadre.” En ese instante, les grito, me pegan y amenazan con que matarán a mi hijo. Al cabo de los minutos les doy la clave y me empiezan a revisar el celular, en ese mismo instante, me vuelven a pegar y me tiran al calabozo, con sangre y cansado”.

Sobre esas las evidencias la abogada Betsabe Carrasco puntualiza “a nuestros defendidos se les aplico tortura durante su detención para obtener las claves de sus celulares y de esa forma la policía accedió a grupos de wasap. Lo cierto es que las garantías de los tribunales son solo formales y por eso iremos de nulidad”.

El abogado de San Antonio Yuri Devia subraya que “el objetivo de las autoridades es castigar las movilizaciones y eso significa que si no tienen a quien culpar, se buscan chivos expiatorios, porque no pueden procesar a toda la movilización”.

Se cae el Metro Pedreros 

En el penal de Santiago 1 seguramente está concentrado el mayor número de detenidos de la revuelta. Poco a poco los defensores de varias decenas de jóvenes han ido convirtiendo el encierro en medidas cautelares de arresto domiciliario o firma. Ahí estuvo el joven Diego Ulloa, estudiante de Inacap hoy con medidas cautelares de firma, luego de meses de prisión y arresto domiciliario. Su padre Jorge Ulloa emocionado la noche del 25 de octubre le dijo: “Esta victoria es de ustedes, los que iniciaron la protesta”, mientras Diego en silencio miraba en la televisión cómo miles de eufóricos manifestantes copaban la Plaza de la Dignidad.

Seguramente uno de los casos procesales más emblemáticos era el de la quema de la estación del Metro Pedreros. Desde el 4 de noviembre la liberación del menor B.E.S.M. de 16 años y de su tío Daniel Morales, de 35 años después de 10 meses de prisión preventiva se constituyó en un recio precedente para los demás procesos aconteciendo en el resto del país. Necesitan resolver apresuradamente los casos. Han buscado milicianos extranjeros, grupos comandos altamente especializados para terminar fabricando las pruebas a partir de mensajes de wasap que cuentan pormenorizados mensajes entre los “supuestos saboteadores”.

El abogado de la Defensoría Popular Rodrigo Román declaró con motivo de las excarcelaciones del simbólico caso: “Quedó al descubierto que la policía en concomitancia con la Fiscalía, presentaron una versión a los tribunales, que quedó al desnudo en el juicio oral”. El presidente Sebastián Piñera desde Temuco el mismo día manifestaba su desaliento porque el caso de Metro Pedreros le era demasiado simbólico.

Concepción: los presos del rector 

En el denominado caso UDEC, Elena Orellana, prima de uno de los procesados es quien oficia de vocera: “En la cárcel de El Manzano se encuentran recluidos mi primo Alan Contreras Montecinos, 26 años, estudiante de Ingeniería, creador de una pyme [Wild Wood]. Junto a Henríquez Elgueta, 23 años, guardia de seguridad y padre de un niño de 3 años y Francisco Grandón Baeza, 22 años, ayudante técnico de telecomunicaciones y padre de un niño de 1 año y 3 meses.

Elena Orellana sobre la situación de Felipe Ríos puntualiza “hemos denunciado que los gendarmes se han ensañado con él con hostigamientos denunciados al INDH, lo golpearon y trasladaron a otro modulo tratándolo de “terrorista”, antes estaban todos juntos”. Pero, hoy la situación más preocupante en la cárcel de El Manzano es la de Francisco Grandón, informa Orellana la vocera: “que ha intentado quitarse la vida en tres ocasiones, ninguna de ellas informada a sus familiares, además tiene problemas cardíacos y últimamente ha tenido varias descompensaciones, teniendo muy poca ayuda de parte de Gendarmería”.

Los familiares y redes de apoyo han hecho de todo por hacerse escuchar por la comunidad y muy particularmente por el rector Carlos Saavedra. “Hemos enviado cartas al rector al igual que ex estudiantes de la UDEC para que se desista y puedan salir en libertad. La universidad no solo es parte querellante, también facilito a la PDI 250 horas de videos para incriminarlos por un total de daños de 160 millones de pesos”.

Continua Elena: “No tienen visitas desde septiembre y Gendarmería ha suspendido incluso las encomiendas de alimentos con la excusa que así puede ingresar el Covid, en tanto han estado tres veces en cuarentena. Seguiremos con plantones frente a la rectoría de la UDEC hasta que se den cuenta lo que están haciendo”.

Puerto Montt 

En esta ciudad el detenido símbolo es Felipe Santana acusado de saqueo al templo de la catedral de Puerto Montt, la Fiscalía está pidiendo una condena de 7 años y 4 meses.

La AFP de Punta Arenas 

Aquí, los casos emblemáticos son los incendios y destrucción de ventanales en los edificios de Banco Estado y de la AFP Habitat. De esto último el principal inculpado es Marcelo Mandujano Salas, de 25 años, estudiante de la UMAG del último año de Ingeniería Civil Mecánica.

Un periodista local comenta: “El estudiante de la UMAG ha tenido el apoyo de la universidad en lo formal que acreditó su buena conducta y que efectivamente está por titularse ingeniería. También a través de las redes sociales ha habido apoyo y manifestaciones de sus compañeros estudiantes y de la juventud magallánica, pero considero que lamentablemente Mandujano es el chivo expiatorio y está pagando los platos rotos”.

Según las redes de apoyo del “Mandu” el fiscal Aguirre imagina células encabezadas por Marcelo Mandujano. Todo sustentado en tres pruebas: likes en Facebook, apoyo a publicaciones en favor de las demandas de pueblos originarios, la supuesta participación de Mandujano en la manifestación del 25 de noviembre que afectó al mausoleo de José Menéndez, un empresario genocida desmonumentalizado.

Las salidas posibles 

Son varias las ideas y propósitos que están sobre la mesa de familiares, redes de apoyo, organizaciones defensoras de derechos humanos, algunos parlamentarios, agrupaciones culturales y entidades que en poco tiempo han ido conformando un creciente y ascendente movimiento sobre la convicción que nada puede ser “normal” con centenares de detenidos en todo el país.

El abogado Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, dice que “estamos promoviendo una Ley de Indulto General que deje en libertad a todos los presos políticos de la revuelta social, tanto condenados como no condenados, por considerar que están privados de libertad por ejercer el legítimo derecho a la protesta social, al derecho a reunión y a la manifestación, y por considerar que su prisión política sólo es una medida represiva más propiciada por el gobierno con el fin de neutralizar la protesta social, castigar a los manifestantes e inhibir a otros a seguir el ejemplo”.

Teresa Monarde de Agrupación Providencia de Antofagasta precisa que apoyan “cualquier camino que conduzca a la libertad de las y los presos. Han surgido algunas vías que comienzan a discutirse y una de esas es la propuesta de amnistía hecha por el senador Alejandro Navarro, pero podría ser convertida en moneda de cambio para ampliar la medida a carabineros procesados por hechos de violación de derechos humanos o incluso a condenados por delitos de lesa humanidad. Por tanto, hay que considerar otras propuestas como la pena conmutativa y el indulto”. El avance es que la búsqueda de la mejor propuesta está en curso.

Lo cierto es que este fin de año en pandemia desde Arica hasta Punta Arenas, visibles y reconocidos o ignorados y con precarias defensas varios centenares de jóvenes continuarán como rehenes del Estado. Nada es fruto de la imaginación, ahí están.

(*)Medio colaborativo con El Siglo.

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