Carmen Hertz: “En Chile se está instalando otro paraguas de impunidad”

“Grave” que no se avance en procesos por violaciones a los derechos humanos durante este gobierno. La diputada advirtió que hay “un relato” para estigmatizar y criminalizar el debate.

Hugo Guzmán. Periodista. 26/11/2020. “El gobierno y Carabineros no aceptan que en este país se violaron los derechos humanos”.

“Se está instalando la impunidad, entre otras cosas, por esta diferencia de trato hacia los agentes del Estado y hacia los manifestantes”.

“La Subsecretaría de Derechos Humanos en todo este tiempo no ha jugado papel alguno”.

Negacionismo: “Absolutamente atrás en el estándar internacional”.

“El desgobierno y la falta de legitimidad que tiene Piñera es lo que afecta a la democracia”.

Los derechos humanos es su tema hace décadas, relacionado con lo ocurrido durante la dictadura y la impunidad respecto a crímenes de lesa humanidad. Pero ahora le preocupa “otro paraguas de impunidad” que abrió el gobierno de Sebastián Piñera ante miles de casos de vulneraciones de derechos y actos criminales de agentes del Estado.

También a la abogada y diputada Carmen Hertz (Partido Comunista), le preocupa “ese relato de estigmatizar y criminalizar el debate y las ideas”, por las reacciones, por ejemplo, cuando se pide quitar los 2/3 de quórum en la Convención Constitucional y apunta a que las elites no quieren discutir ciertos temas, como ocurrió durante la dictadura y la transición pos dictatorial. Y después “estalla una olla a presión”.

El tema de derechos humanos lo sacaron de la agenda prioritaria. Pero el asunto es que en un año hay más de dos mil heridos, más de 20 muertos, más de dos mil querellas por violaciones a los derechos humanos, alrededor de 400 víctimas de trauma ocular, cientos de casos de abuso sexual y golpizas. El contraste es que hay pocos procesos abiertos, pocos formalizados y casi ningún condenado por esos hechos. Carabineros no ha reconocido nada salvo unos sumarios internos y el gobierno no termina de responder ni hacer alguna autocrítica, incluso ante cuatro o cinco informes de organismos nacionales e internacionales. ¿Tú crees que el gobierno está apostando a dejar una estela de impunidad, a no abordar todos esos casos?

Mira, en Chile, a partir del 18 de octubre del año pasado, lo que hubo fue una violación generalizada, grave y sistemática de los derechos humanos. Lo acreditaron organismos internos e internacionales. Ve las cifras que tú señalas, eso es terrible, no se puede olvidar. Claramente hubo una política de Estado de agresión a los manifestantes, particularmente de Carabineros que actúa como policía militarizada. Ellos ven al manifestante como un enemigo al que se le puede hacer cualquier cosa, y lo hicieron con el aval del gobierno. Carabineros disparó a los ojos, es un record mundial, 400 mutilados de los ojos, realizaron golpizas, abusos sexuales, incumplieron protocolos, mintieron, alteraron pruebas, agredieron, torturaron.

Frente a todo eso, se está instalando otro paraguas de impunidad. Porque de las miles de querellas interpuestas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y otros organismos como la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile y el Colegio Médico, tenemos un número insignificante de agentes del Estado formalizados. Las cifras varían, se habla de sesenta, pero al menos 15 son de una misma causa, y son poquísimos los condenados, y miles de querellas, denuncias y procesos simplemente no avanzan. Son tantos, que parece que existe una determinación de no avanzar, cuando hay al menos más de dos mil querellas del INDH y hay muy pocos formalizados. Si viéramos caso por caso, la mayoría está impune.

En circunstancia que los manifestantes que fueron detenidos e imputados -hubo cientos de casos-, fueron mantenidos en prisión preventiva largos meses, algunos siguen detenidos, por querellas iniciadas por el gobierno, y algunos fueron procesados y condenados. Pero la diferencia está en que hubo miles de casos acreditados de acciones incluso criminales de parte de agentes del Estado y son muy pocos los que han pisado siquiera una Comisaría, es bajo el número de formalizados y mucho menos condenados.

En la Comisión de Derechos Humanos (de la Cámara de Diputadas y Diputados) hemos citado al ministro de Justicia, al general director de Carabineros, a autoridades, y en general las explicaciones siempre terminan en mentiras y en falta de respuestas precisas. El gobierno y Carabineros no aceptan que en este país se violaron los derechos humanos y se hacen los lesos con las cifras. Esa es la verdad.

La situación presente es muy grave, lo cual sigue ameritando perseguir la responsabilidad penal, como corresponde ante cualquier delito, pero también la responsabilidad política. Pero nada de eso se ha logrado. Es algo grave para el país, no hay que perderlo de vista, aunque el gobierno quiera ocultarlo. La acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera, el grueso de la argumentación, era precisamente que él es el responsable máximo de la situación de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país. Sin embargo, por arreglines políticos, esa acusación se descartó.

Hay miles de personas que no verán a algún responsable penal o político por lo que les pasó.

Así mismo es.

¿Cuál es la situación en estos momentos de todos esos detenidos durante la revuelta social y que siguen en prisión? Por cierto, son cientos, decenas, y en el caso de carabineros, son unos cuantos, y con arresto domiciliario habiendo dejado ciega a una persona, por ejemplo.

Bueno, es que esa es la circunstancia de diferencia de que te hablaba. Las cifras que hay de los que continúan en prisión preventiva, que están formalizados, son disímiles, no hemos logrado tener una cifra exacta, precisa. Sabemos que en prisiones como Santiago 1 hay un número importante de jóvenes que padecen prisión política.

¿No es una irregularidad o una falla que no existan cifras precisas de quiénes siguen en prisión preventiva por la revuelta social?

Bueno, es que la prisión preventiva la determinan los Tribunales. La Defensoría Penal nos ha entregado, a la comisión, algunas cifras, pero están muy disgregados, hay algunos que fueron formalizados por Ley de Seguridad Interior del Estado por querellas del gobierno, hay otros sometidos a la llamada ley antibarricada, y hay otros que los acusaron de daños a la propiedad pública pero no está establecido que tenga vinculación directa con el estallido social.

Avanzan las querellas del gobierno y no avanzan las querellas por violaciones a los derechos humanos.

Se está instalando la impunidad, entre otras cosas, por esta diferencia de trato hacia los agentes del Estado y hacia los manifestantes. Esa una diferencia abismal. Los agentes formalizados, casi todos carabineros, es un grupito, y la prisión preventiva que se aplicó en muy pocos casos, la pasan en una Comisaría. Los manifestantes en prisión preventiva, detenidos, fueron cientos, y a la mayoría los mantuvieron en cárceles, incluso mezclados con los reos comunes. Hay una diferencia abismante. Y está la demora de los Tribunales en las causas de los manifestantes y siguen en prisión. Pero también hay una demora en ver las querellas por derechos humanos, está el caso emblemático del joven ecuatoriano, Romario Veloz, que fue asesinado en La Serena (donde está acusado el capitán de Ejército José Faúndez Sepúlveda), está clarísimo que fue víctima de disparos por parte de personal del Ejército, sin embargo la demora, la demora en tomar declaraciones, formalizar, tiene que ver con una forma de impunidad.

Subsecretaría de DDHH y Carabineros

En todo este marco, y desde hace un año, a pesar de lo serio e incidente del tema, se ve bastante ausente a la Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno.

La Subsecretaría de Derechos Humanos en todo este tiempo no ha jugado papel alguno. Por ejemplo, del Plan Nacional de Derechos Humanos que dejó listo la ex presidenta Michelle Bachelet -que es una de las tareas fundamentales de la Subsecretaría-, no se hizo nada. Entre otras cosas contemplaba la existencia de una comisión permanente para la calificación de fichas del periodo de la dictadura, sobre todo en relación a las víctimas de prisión política y tortura. Eso fue descartado por este gobierno y por la actual Subsecretaría de Derechos Humanos. El plan que tienen es ambiguo, endeble, sin contenido y, por cierto, sin asumir la situación de derechos humanos de este último año. Todo es inexcusable. Hay una actividad burocratizada y relativizada en relación al tema central de atentados a los derechos humanos, que debería ser la columna vertebral de esa dependencia, como ocurriría en cualquier sociedad decente.

¿Se puede esperar o confiar en una disminución de violaciones a los derechos humanos, de delitos y de irregularidades de parte de Carabineros con la llegada del nuevo general director de Carabineros, Ricardo Yáñez?

El cambio del general director de Carabineros no basta. Lo que es necesario y fundamental es una reforma estructural y de fondo de Carabineros. Eso significa que no puede seguir siendo una policía militarizada, punto uno. En segundo lugar, tiene que haber una subordinación real y absoluta al poder civil, situación que hoy no existe. Porque funciona como un organismo autónomo, que en ocasiones cumple el papel de guardia pretoriana de los sectores de derecha, como quedó en evidencia en el resguardo a las manifestaciones del Rechazo (nueva Constitución) y cuidado a quienes marchaban con objetos contundentes y agrediendo; quedó en evidencia en La Araucanía cuando un grupo civil, de ultraderecha, se metió a desalojar edificios municipales tomados por comuneros mapuches, llegaron armados, gritando insultos racistas, con palos, y Carabineros no los disolvió, los acompañó, y el Ministerio del Interior no se querelló contra ellos, sino contra los mapuches. También debe cambiar la doctrina que inspira a Carabineros, que sigue siendo la de Seguridad Nacional, que determina, entre otras cosas, que un manifestante es un enemigo. Operan con acciones de encubrimiento, de inventar hechos, de alterar pruebas, eso es repetitivo, y cuando son citados a instancias de fiscalización del Congreso, mienten todo el tiempo. Tienen una frase, un lugar común en lo que se parapetan: seguimos los protocolos. Mentira. Es tan repetido, que se ve como parte de la doctrina.

Leyes de negacionanismo hay en Alemania, Francia, Bélgica, Suiza

Encabezaste la presentación de un proyecto para tipificar el negacionismo y no prosperó.

Ese proyecto fue llevado al Tribunal Constitucional (TC) por la derecha y el TC lo declaró inconstitucional por una supuesta contradicción con la libertad de expresión. El proyecto tipifica y sanciona el negacionismo de los crímenes de exterminio, que constan en las comisiones nacionales que el Estado de Chile creó, como la Comisión Rettig, como el Informe Valech, entre otros. El negar esos hechos, justificarlos, y que además diera como resultado una perturbación del orden público o la vulneración de derechos de otros, en particular el derecho a la honra y la dignidad, significa el delito. No tiene nada que ver con la libertad de expresión.

Es decir, si alguien de derecha o de otro sector, emitía una opinión defendiendo a la dictadura, la gestión de los militares, no era aplicable el negacionismo.

No, porque el proyecto no era aplicable a opiniones políticas, o a que defendieran a la dictadura. Todo fue tergiversado, no era aplicable a opiniones, era aplicable a negar casos concretos de crímenes de lesa humanidad que cometió la dictadura. Esto es igual que la norma del código penal alemán. En el fundamento está que todos los países que han vivido historias de opresión, todos, sancionan el negacionismo de los actos que ha padecido la sociedad. Pasa en Alemania, en Francia, en Bélgica, incluso en Suiza, que no fue ocupada por los nazis.

¿O sea que en este tema también quedamos atrás en el estándar internacional?

Absolutamente atrás en el estándar internacional. Y con el TC, para variar, actuando como tercera cámara, y sancionando lo que la derecha quiere. Quedamos atrás. Fíjate que en Argentina se está discutiendo un proyecto de ley de negacionismo, más duro del que propusimos nosotros. Mira, lo que pasa es que en todos estos temas la derecha arremete, ellos hacen arremetidas contra todo lo que signifique profundizar en temas de derechos humanos y apuntan a relativizar todo lo que sean crímenes de la dictadura y violaciones a los derechos humanos sistemáticas como se está produciendo en este gobierno de Piñera. Es una conducta muy repugnante en relación a temas de derechos humanos.

“Piñera está hundido”

Carmen, ¿por qué plantear el adelantar las elecciones presidenciales y buscar que Sebastián Piñera dije el cargo antes de marzo del 2022?

Es un tema que ha sido polémico, y tiene como fundamento que Piñera está hundido en un desgobierno, absolutamente desprovisto de legitimidad, con una situación que él no puede conducir al país, y que menos tiene condiciones para estar a cargo del proceso constituyente. Es una deslegitimación que pone en peligro la democracia, al revés de los que han dicho que adelantar las elecciones afecta a la democracia. El desgobierno y la falta de legitimidad que tiene Piñera es lo que afecta a la democracia.

Además que él está permanentemente amenazando antes las demandas ciudadanas y populares, sobre todo recurriendo al TC, como lo hizo con la iniciativa del segundo retiro del 10% desde las AFP, con la aprobación de la anulación de la Ley de Pesca, corrupta y asquerosa que benefició a grandes familias a través de sobornos, y amenaza con recurrir a la fuerza. Siempre amenazando, sin capacidad de respuesta. Sigue bajo en las encuestas, cometiendo torpezas, no se le ve con una agenda propia y constructiva y eso habla de que no puede conducir al país. Una propuesta de reforma constitucional es una salida absolutamente democrática. Todo ese escándalo que encabeza la derecha, esas arremetidas que te decía, hablar de golpismo, recurrir a la manipulación, a fraseología tergiversadora, a lugares comunes, que no tiene nada que ver con un proyecto presentado en los cauces democráticos.

Lo mismo hicieron con el proyecto para modificar los 2/3 como quórum en la Convención Constitucional, que no tiene nada de perjudicial, sino que por el contrario, busca que haya mejores condiciones en la redacción y aprobación del nuevo texto constitucional. Además ese proyecto busca mayor participación ciudadana. También se presentó por cauces democráticos, para debatir y aprobar en el Congreso, pero arman un inmenso escándalo para desacreditar algo que ayuda a un proceso democrático.

¿A qué atribuyes estas reacciones?, que no son solo de la derecha, son también de dirigentes de la ex Concertación y algunos del Frente Amplio.

Lo que pasa es que aquí se ha instalado un discurso autoritario y antidemocrático de parte de las elites. Entonces no se puede debatir nada. Porque la elite ya determinó los caminos. Se criminaliza y se estigmatiza cualquier debate, cualquier idea.

Es como la instalación de falacias conservadoras o falacias contra transformadoras.

Exacto. Se instala un relato autoritario y profundamente antidemocrático, en que cualquier debate por los causes democráticos, que le hacen bien a cualquier sociedad, por lo demás. Autoritario y antidemocrático porque se parte de que el debate o un tipo de debate, no se puede dar. Acá no es posible poner proyectos, ideas, caminos distintos, porque te estigmatizan, te criminalizan.

Esto lo hemos ido padeciendo como sociedad no solo desde la dictadura, sino desde el inicio de la transición. Se fue instalando ese relato de que no es posible sancionar o cuestionar nada. Es algo defendido por distintas elites en distintos tiempos. Cuando se cuestionaba el carácter de la transición, eras criminalizado de inmediato, estigmatizado de inmediato. Se llegó a decir que atentabas contra la democracia. Hoy si se cuestiona un acuerdo de un grupo de partidos, o se envía un proyecto constitucional, que en cualquier país decente se ve como un ejercicio democrático normal, se pone el grito en el cielo y se arremete contra quienes tienen otra idea. En cualquier país decente, con un real sistema democrático, esos proyectos son debatibles y se decide, pero aquí no, hay un cierre al debate.

Debemos tener consciencia de que eso estamos padeciendo en Chile, es importante tener eso muy en claro. Eso es a partir de los efectos de la dictadura, de una transición que acalló al movimiento social, donde no se podía debatir y si uno lo hacía, lo estigmatizaban. Te voy a decir que muchos de los temas que se planteaban, finalmente aparecieron y quedaron bien instalados en el estallido social, pero las elites no querían debatirlos. Ahora está ocurriendo lo mismo. Pero hay estos efectos autoritarios y antidemocráticos, y por eso la revuelta popular mostró una olla a presión que estalla, fue la acumulación del abuso. Porque esto de estigmatizar y criminalizar el debate y las ideas, es otra forma de abuso, es impedir que se pueda debatir cualquier tema que tenemos derecho a debatir, y se usa el escándalo, la fraseología, los medios de comunicación hegemonizados, y es otro abuso contra las ciudadanas y los ciudadanos, es un abuso más.