EU: Si hay brecha entre voto popular y colegio electoral, salga a la calle
Existe peligro real de que la derecha robe las elecciones al detener el conteo de votos. Pero las elecciones estadounidenses se pueden robar de formas más prosaicas, como el Colegio Electoral.
Meagan Day. Redactora. Jacobin(*). 10/2020. Estamos a menos de una semana de las elecciones presidenciales, y Joe Biden es, según todas las cuentas, el favorito para ganar tanto el Colegio Electoral como el voto popular. Por otra parte, también lo fue Hillary Clinton. Aunque los métodos de votación se han modificado para que sean precisos en los años intermedios, sigue habiendo una nota de vacilación en las predicciones de los liberales sobre esta carrera: la derrota duele bastante sin el impacto de haber estado seguro de la victoria.
Un par de escenarios plausibles en particular tienen a los partidarios anti-Trump al límite. En primer lugar, está la posibilidad de que Donald Trump gane el Colegio Electoral por completo a pesar de perder el voto popular, como sucedió en 2016. En segundo lugar, la posibilidad de que Trump tenga una ventaja en el Colegio Electoral con muchas papeletas por correo aún por contar, lo que habilita a la derecha a lanzar una campaña para convencer a los legisladores y gobernadores estatales, y eventualmente a la Corte Suprema, para eludir un recuento de votos libre y justo, lo que resultó en una victoria de Trump.
Este segundo escenario se refiere con frecuencia en la prensa como “robar la elección”. En realidad, ambos escenarios constituyen una forma de robo de elecciones, ya que ambos representan la victoria sobre la voluntad de la mayoría, no a través de ella. Si cualquiera de los dos se cumple, los estadounidenses deberían verlo como una acusación a las instituciones políticas antidemocráticas de la nación y dejar en claro la ilegitimidad del resultado.
El culto de los estadounidenses a la Constitución, que tanto republicanos como demócratas dicen que irradia una sabiduría infinita y misteriosa, hace que sea difícil desafiar las características antidemocráticas de nuestro sistema político, el Colegio Electoral entre ellos. Pero el Colegio Electoral no tiene un genio inherente invisible a simple vista. Como explicó el politólogo Michael Nelson después de que Al Gore aparentemente ganó el voto popular y perdió las elecciones ante George W. Bush:
El Colegio Electoral no fue la primera opción de nadie en la Convención Constitucional de 1787. Varios delegados tenían todo tipo de ideas sobre quién debería elegir al presidente, incluido el Congreso, el pueblo, los gobernadores de los estados, incluso un grupo de legisladores seleccionados al azar. Incapaz de ponerse de acuerdo sobre ninguno de estos, cansado después de tres meses de ensayar los mismos viejos argumentos, y corriendo hacia el aplazamiento, la convención nombró un comité para que se ocupara de la selección presidencial y otros “asuntos pospuestos”. De este comité surgió el Colegio Electoral, un mecanismo tan extraño y complicado que bordeaba las líneas de división establecidas por la convención. Los delegados aceptaron el Colegio Electoral principalmente como una medida provisional, para ser reemplazado por algo mejor una vez que el nuevo gobierno estuviera en funcionamiento.
Ese reemplazo nunca se ha producido. En cambio, hemos estado atrapados con un mecanismo enrevesado y mal considerado durante 250 años. En múltiples ocasiones, este mecanismo ha subvertido claramente el control popular sobre el proceso político, lo que ha provocado que las administraciones presidenciales no hayan logrado la aprobación de la mayoría de los votantes estadounidenses. La única justificación para este mecanismo es que está en la Constitución y la Constitución es sagrada.
De todos los métodos considerados por la Convención Constitucional para la selección del presidente, solo uno es incluso potencialmente democrático: permitir que el propio pueblo estadounidense decida directamente, sin intermediarios o interferencias de ningún tipo. Las otras propuestas, como dejar elegir a gobernadores o legisladores estatales, son, como muchos rasgos de la Constitución, descaradamente elitistas y contramayoritarias, imponiendo obstáculos innecesarios a la expresión de la voluntad popular. El Colegio Electoral, originalmente diseñado como un dispositivo de control de élite, eventualmente perdió ese papel debido a las leyes estatales contra los electores infieles y otros dispositivos, pero sigue siendo un sistema ilógico y confuso que desvía el enfoque de las campañas del objetivo directo de ganar más votos a nivel nacional.
Los liberales comenzaron a criticar seriamente al Colegio Electoral a raíz de las elecciones de 2000. Después de morir en los años de Obama (después de todo, ganó el Colegio Electoral), renovaron sus quejas después de que Hillary Clinton ganara el voto popular pero perdiera el Colegio Electoral en 2016. Los liberales han caído en la cuenta de que, en las condiciones actuales, el Electoral La universidad no es meramente antidemocrática, sino estructuralmente antidemocrática, y este último hecho ha despertado a muchos al primero. La principal respuesta hasta ahora ha sido el Pacto Nacional Interestatal del Voto Popular, un acuerdo legalmente vinculante que obliga a los estados a emitir sus votos electorales por el ganador del voto popular. Hasta ahora, la medida ha sido adoptada por quince estados, en su mayoría azules, pero solo entrará en vigor cuando se le hayan sumado estados que colectivamente tienen la mayoría de los votos electorales. Tal como están las cosas, parece una perspectiva lejana.
No hace falta decir que el Colegio Electoral no será reemplazado por un sistema más democrático la semana que viene. Podríamos muy bien terminar en otra situación en la que la voluntad popular se vea socavada a plena luz del día. Si Trump pierde el voto popular y gana el Colegio Electoral, o si parece que eso podría suceder debido a las maquinaciones republicanas en los tribunales o las legislaturas estatales, el contraataque tendrá que ocurrir en las calles.
La respuesta deberá abarcar toda la gama de protestas, desde manifestaciones masivas hasta boicots y peticiones. Idealmente, también debería incluir huelgas. Las huelgas son el arma más afilada en la caja de herramientas de la gente común, con el potencial de presionar a políticos y capitalistas para resolver las crisis causadas por paros laborales en los sectores público y privado. Las protestas callejeras también pueden ser efectivas, como lo demostraron los republicanos a su manera en Florida en 2000, mientras que los demócratas se concentraban en una pelea legal en los tribunales. Y si bien puede que tengamos o no el nivel de organización necesario para llevar a cabo huelgas disruptivas, las protestas por la justicia racial de este verano demostraron que definitivamente tenemos la capacidad de protestar masivamente.
Los liberales tienen un interés obvio en hacer huelga o protestar en caso de que Trump intente robar la elección, ya sea directa o indirectamente a través del Colegio Electoral. Los socialistas, por nuestra parte, pueden estar lejos de estar entusiasmados con Joe Biden, pero nos oponemos vehementemente a la administración de derecha de Trump y, más fundamentalmente, estamos firmemente comprometidos con las luchas por la reforma democrática. Por lo tanto, deberíamos ocupar nuestro lugar junto a los liberales cuyos sentimientos sobre una posible administración de Biden son más cálidos que los nuestros.
Millones de estadounidenses sienten repulsión por la administración Trump, en particular por su manejo de la crisis del coronavirus, y están cada vez menos convencidos de la sabiduría del Colegio Electoral. Si vemos un escenario similar al 2000 o 2016, puede haber una explosión de actividad popular más contundente que en cualquiera de esos dos ciclos, independientemente de lo que digan o hagan los líderes del Partido Demócrata. La disrupción popular masiva sería bienvenida. De hecho, es probablemente lo único que funcionará para evitar que nos roben otra elección ante nuestras narices.
(*)Jacobin. Una voz líder de la izquierda estadounidense, que ofrece perspectivas socialistas sobre política, economía y cultura.