HABLEMOS DE LA TELE. Cristal con que se mira

Se pone en cuestión la designación de la colega Magaly Fuenzalida, encargada de comunicaciones de la Federación Ecologista Verde Social, exigiéndole una “expertise” que ningún otro integrante tiene en materias constitucionales.

José Luis Córdova. Periodista. Santiago. 02/02/2023. Para la televisión chilena pareciera más importante la fútil y fugaz visita del ex candidato presidencial Franco Parisi al país, donde se reunió con sus adherentes que la interpretación de la Novena Sinfonía de Beethoven gratis en la plaza de la Dignidad, por los 180 años de la fundación de la Universidad de Chile con un marco impresionante de público.

La brújula está tan perdida que a diez meses del gobierno del presidente Gabriel Boric el debate político en los medios no sale de las acusaciones constitucionales infundadas, pasando por alto los avances en la reforma tributaria, en el sistema previsional solidario, el control del precio de los combustibles, el congelamiento de las tarifas del transporte, la reducción de la jornada laboral a 40 horas y otras medidas en el marco del programa presidencial en curso.

Las cámaras de TV y sus “comentaristas” se enfrascaron en críticas a la política exterior, partiendo de un audio filtrado maliciosamente -hoy en manos de la fiscalía- y en la intervención del presidente ante la CELAC denunciando las violaciones a los DDHH y los asesinatos en Perú. Ambos temas superados en la realidad, pero no en la televisión chilena.

Este medio y el parlamento inician el período de vacaciones con deudas pendientes. En materia del proceso constitucional, ambas instituciones deben explicaciones en sus métodos de selección de integrantes y de la difusión de los “méritos” o currículos de sus miembros en las comisiones de “expertos” y la de “árbitro”.

En ambas instancias aparecen personajes como el amigo de Paul Shaffer, defensor de la colonia Dignidad y ex ministro de Piñera. Hernán Larraín; el también ex ministro Juan José Ossa, hijo del fundador del grupo de choque “comando Rolando Matus” y sobrino de un involucrado en el asesinato del general René Schneider.

¿Dónde quedaron las investigaciones periodísticas al respecto? Ningún medio de comunicación se atreve a cuestionar la presencia entre “expertos” de dos personeros del gobierno de Piñera que ocultaron o minimizaron violaciones a los DDHH y mutilaciones oculares contra manifestantes durante el estallido social como Kathy Martorell y Max Pavez.

Por el contrario, hoy se debate sobre la pertinencia y alcances de un trabajo académico: “Mas amplitud, más voces, más democracia”   de las universidades de Chile, La Serena y La Frontera que recomienda una serie de medidas para garantizar un eco sistema  comunicacional amplio y diverso que precisamente impida estas abiertas distorsiones al interés nacional.

Se pone en cuestión la designación de la colega Magaly Fuenzalida, encargada de comunicaciones de la Federación Ecologista Verde Social, exigiéndole una “expertise” que ningún otro integrante tiene en materias constitucionales.

Entretanto, el periodista del medio digital Resumen de Concepción Felipe Soto cumple 61 días de cárcel (pena remitida por irreprochable conducta anterior) por una investigación de sobresueldos en la municipalidad de Quilleco, por parte del funcionario del gobierno regional de Biobío Rodrigo Daroch Yáñez y contratos que éste mantuvo en forma paralela.

El Colegio de Periodistas denunció que la sentencia contraviene todos los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y urge modificar el Código Penal chileno al respecto.  Obviamente, materias como éstas no son noticias, según “el cristal con que se mira”.

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